Contraloria Socila

Contraloría

Social

PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO

DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECTORIO

Ministro de Comunicación e Información

Andrés Izarra

Viceministro de Estrategia Comunicacional

Yuri Pimentel

Viceministro de Gestión Comunicacional

William Castillo

Coordinación General

Senira Salazar

Director de Arte

José Luis Díaz Jiménez

Juan Carlos Pérez Escaño

Corrección

Germán Villegas

Dirección General de Prensa

Lenelina Delgado

Carlos Ibarra

María Isabel Cerón

Manuela Solé

Nely Gómez

e-mail: publicidad@mci.gov.ve

Febrero 2005

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CONTRALORÍA SOCIAL

PODER PARA EL PUEBLO

“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes

rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión,

de acuerdo con el programa presentado”

Artículo 66

de la Constitución

Bolivariana de Venezuela

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Contraloría Social

l proceso de transformación social, económica y política

E que vive la República Bolivariana de Venezuela, acorde al

mandato establecido en la Constitución Nacional aprobada en 1999

por la Asamblea Constituyente y refrendada por el pueblo ese

mismo año, convoca la participación de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas y obliga al conocimiento de los cambios planteados en la

patria grande que soñó Bolívar.

Estamos viviendo nuevas formas de relación entre el gobierno

y el pueblo. La Carta Magna sienta las bases de la democracia par-

ticipativa y protagónica y esto significa que ya los ciudadanos no

permanecen alejados de los asuntos públicos, práctica sana y con-

veniente para garantizar la marcha del estado en cualquiera de sus

competencias. Lo que está en juego es un nuevo trato entre el esta-

do y la sociedad: en lugar de relaciones marcadas por el paternalis-

mo y por las cúpulas partidistas, la gente pasa a ocupar un rol acti-

vo y directo en las actividades y decisiones que involucran su comu-

nidad, su municipio o su región.

Estamos hablando del control social necesario para que el ejer-

cicio de gobierno sea eficaz y productivo. Estamos hablando de la

profundización efectiva de los cambios que requiere el país, de ir

hacia el “salto adelante” que menciona el presidente Hugo Chávez

Frías.

Los derechos humanos es uno de los ejes transversales que nos

conducen al cumplimiento de lo que plantea la Constitución

Nacional y se concreta en su artículo 70: “Son medios de participa-

ción y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo

político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta

popular, la revocatoria el mandato, las iniciativas legislativa, cons-

titucional y ciudadana cuyas decisiones serán de carácter vinculan-

te, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención

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Poder para el pueblo

ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas

sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de aho-

rro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por

los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley estable-

cerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios

de participación previstos en este artículo”.

Otro de los ejes es la participación ciudadana como núcleo vital

del proyecto bolivariano. Sobre esta base surge la propuesta de la

Contraloría Social para todo lo vinculado con el control, vigilancia

y supervisión de las obras servicios y programas sociales que se eje-

cuten a través de los órganos de la administración pública, específi-

camente en las áreas de competencia del municipio.

El tema no es novedad. Sobre el mismo se discute y se buscan

alternativas en países México, Nicaragua, Cuba, Honduras, Perú,

Chile Ecuador, San Salvador, España, Alemania, etc. En Venezuela,

desde hace muchos años las organizaciones comunitarias solicitan

el ejercicio del control social: ante los niveles de incompetencia de

los organismos públicos es necesario crear una nueva cultura políti-

ca.

SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA

uando hablamos de participación ciudadana estamos señalando

C caminos diferentes a los transitados. La participación ciudada-

na es definida como el derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigi-

lancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se veri-

fiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, serie-

dad, cumplimiento y calidad, de manera que se prevenga la comisión

de actos de corrupción, permitiendo -desde la sociedad civil- generar un

proceso de control a la gestión de lo público, es decir, a lo que nos perte-

nece, lo que es de todos y lo que nos involucra a todos.

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Contraloría Social

También podríamos decir que es el conjunto de acciones de con-

trol, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera

organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromi-

sos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en

términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como

para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.

De una u otra manera, los constituyentistas encargados de la

redacción de la Constitución de 1999 tomaron en consideración las

peticiones y sugerencias de los ciudadanos y sentaron las bases de

lo que sería la Contraloría Social en nuestro país. Su necesidad

tomó cuerpo en el país a pesar de la resistencia que aún existe en

algunos sectores. La gente se organiza en comités de contraloría que

toman como bandera el artículo 62 de la Constitución Nacional.

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de parti-

cipar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio

de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pue-

blo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el

medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su com-

pleto desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del

estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condicio-

nes para su práctica”.

El ejercicio contraloría social representa uno de los elementos

fundamentales en esta batalla decisiva que libramos contra el buro-

crático representativo –herencia de 40 años de puntofijismo-, en un

estado social de derecho y de justicia, en el que las gentes en forma

amplia y masiva logren acceder y participar a todas las instancias

del aparato del estado. Lo anterior implica que los ciudadanos tie-

nen derecho a intervenir en la planificación, diseño, ejecución, eva-

luación y control de las políticas públicas puestas en marcha por los

distintos organismos del estado.

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Poder para el pueblo

Este sistema de supervisión pública, aunque luzca exagerado,

será, de acuerdo a las expectativas de los forjadores de la nueva

Venezuela, pieza fundamental para cumplir con dos objetivos estra-

tégicos planteados en la reunión sostenida por el presidente Hugo

Chávez Frías con los integrantes de su equipo de gobierno a princi-

pios del pasado mes de noviembre. Uno tiene que ver con el com-

bate a la corrupción, flagelo que ataca diferentes instancias de la

administración pública y el otro tiene que ver con el combate a la

burocracia, otro de los males enquistados en los organismos públi-

cos, que paraliza las buenas intenciones de cualquier gobernante y

frena las justas aspiraciones del público.

Vale destacar que “el burocratismo no es un componente obliga-

do de la actual sociedad. La burocracia estatal existía en la época de

los regímenes burgueses con su cortejo de prebendas y de lacayis-

mo, ya que a la sombra del presupuesto medraba un gran número de

aprovechados que constituían la “corte” del político de turno. En la

sociedad capitalista donde el aparato del estado está puesto al servi-

cio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy

pequeña y lo fundamental resulta hacerlo lo suficientemente perme-

able como para permitir el tránsito de los aprovechados y lo sufi-

cientemente hermético como para apresar

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