Contratacion Administrativa

En el año de 1995, con la promulgación de la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, que se norma de manera específica esta materia que ha sido imprescindible en la mejora de los procesos de adquisición de las instituciones públicas y en la consecuente protección del interés público que llevan implícitos esos procesos, pues si bien esta ley ha sido sujeta a diversas modificaciones, entre las que podemos citar el reajuste de precios en los contratos de obra, regulaciones en los casos de apelación o readjudicación, la forma de notificación usando medios electrónicos, la adquisición de mejoras tecnológicas como ofertas alternativas y otras, no deja de constituirse en uno de los instrumentos jurídicos más importantes de que dispone la Administración Pública para participar en condiciones favorables en el engranaje comercial de los bienes y servicios.

Definicion

La Contratación Administrativa es el conjunto de normas y procedimientos que regulan la forma en que la Administración Pública interactúa en el mercado en calidad de cliente para adquirir los bienes y servicios necesarios para dar cumplimiento y satisfacción a los intereses públicos.

El Régimen de Contratación Administrativa nace con la promulgación de la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, que ha sido sujeta a dos grandes modificaciones por reforma legal, la Ley 7612 y la Ley 8511, de 1996 y 2006 respectivamente, respondiendo la primera a los habituales errores, vacíos, inconsistencias de las leyes nuevas y la segunda que nace como resultado de los escándalos de corrupción en materia de contratación administrativa, estableciendo controles aún más estrictos en los procesos de adquisición en que se utilizan fondos públicos.

Los objetivos de la contratación administrativa son regular y ordenar las relaciones entre las instituciones del Estado y las personas físicas y jurídicas que participan en los procesos de adquisición y venta de bienes y servicios; pretendiendo lograr las mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración Pública y a la vez garantizar la igualdad de oportunidad para las personas interesadas en contratar con ésta y la amplia competencia.

ESTRUCTURA DE LA LEY CONTRATACION ADM

Cobertura y principios

La ley inicia definiendo los procesos regulados mediante esta ley y que son la actividad de contratación desplegada por los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, sector descentralizado entes públicos no estatales y empresas públicas. Así mismo, determina cuáles actos no son regulados por el régimen de contratación administrativa, entre los que destacan: la actividad ordinaria[3]de la Administración Pública, actividad contractual entre sujetos de derecho público y compras por caja chica, así como las compras que por su escasa cuantía no requieran la rigidez de los procedimientos ordinarios. Estos últimos, las compras de escasa cuantía son los llamados procedimientos de excepción cuyo principal requerimiento es la invitación a un mínimo de tres proveedores y el factor determinante será el precio, sin perjuicio de otros determinados en la invitación.

Igualmente, se excluyen otros supuestos previa autorización de la Contraloría General de la República, entre los que es importante mencionar: compra de bienes o servicios de gran complejidad o especialización y prórrogas de contrataciones tecnológicas.

Otro de los aspectos que trata este primer capítulo, compuesto por dos secciones, es el del régimen jurídico aplicable, cual es las normas y procedimientos del ordenamiento jurídico – administrativo, indicando por ejemplo, que se aplica el régimen de nulidades de la LGAP y que las fiscalización de los procedimientos estará a cargo de la Contraloría General de la República, jerarquía impropia que ocupa por imperativo constitucional y de su propia ley orgánica.

algunos de los principios que rigen la contratación administrativa: eficacia y eficiencia, igualdad y libre competencia y el de publicidad.

Eficiencia:

La finalidad perseguida, con los procedimientos de contratación, es la selección de la oferta más conveniente para satisfacer el interés público. La administración, en cumplimiento de sus cometidos, pretende lograr las mejores condiciones econó-micas y técnicas. Para con ello asegurar, entre otras cosas, el buen funcionamiento de los diferentes servicios públicos.2

Sobre la base de lo anterior tenemos las siguientes consecuencias: prevalece el conte-nido sobre la forma en los procedimientos (salvo que se pruebe la intención del oferente de apartarse de las condiciones fijadas por la Administración), la hermenéutica debe favorecer la conservación de los actos y actuaciones de las partes, los defectos insustanciales no descalifican la oferta (son subsanables).3

Igualdad de oportunidades:

Corresponde a la Administración garantizar la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Es decir, cualquiera debe tener los mismos derechos y deberes que otro sujeto interesado. No se puede discriminar por razones políticas, religiosas, raciales, económicas, sociales, etc. Se coloca a todos los participantes en las mismas condiciones.4

Hay un doble fin en esto. Por un lado, garantizar al oferente que no se restringirá indebidamente el acceso a la contratación. Por el otro, aumentar la posibilidad de una mejor elección por parte de la Administración.5

Consecuentemente con lo expresado, no son dables aquellas disposiciones que coloquen a un participante en ventaja, o desventaja, respecto de otro(s). El accionar administrativo debe ser claro, inconfundible, no generar sospechas. En suma, el sistema tiende a evitar tratos preferenciales e injustos.6

Libre competencia:

Es aquel promotor de la competencia entre los oferentes, estimulando una masiva participación. Resultando imposible la introducción de limitaciones, más allá de las estrictamente basadas en especificaciones de carácter técnico. Se quiere contar con una amplia y variada gama de ofertas para que la Administración pueda decidir mejor.7

Señalándose, por Romero Pérez, como una transgresión manifiesta del principio la licitación por registro. La necesidad de estar inscrito en el registro de proveedores para poder participar, obstaculiza que concurran todas las personas en posibilidad de presentar una oferta válida.8

Resta por indicar aquí el tema de la reciprocidad. Al extranjero se le

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