Control Difuso Y Control Convencional

Las recientes modificaciones a nuestra legislación mexicana han dado mucho de qué hablar, han sido temas controvertidos que despiertan el interés de estudiantes y críticos de la política, sin embargo, sabemos que pocos recursos jurídicos son las herramientas ideales para reclamar derechos a los que tenemos acceso y que a veces son vulnerados por las autoridades. Hay un aspecto fundamental en materia jurídica que se denomina Supremacía Constitucional y por lo que entiendo se refiere a esa autoridad superior que representa la base de nuestro sistema jurídico mexicano y que reconoce solo un proceso legislativo para la creación de nuestras leyes que rigen y deben ser observadas por la política y la sociedad de nuestro país, partiendo de este concepto me gustaría mencionar que la Constitución es la Ley Suprema para nuestro país y que está por encima de las leyes internas de derecho positivo, aunque hemos notado que la reciente reforma a la misma en el año 2011 donde se reconoció la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de igual jerarquía a la constitución, provocó ciertas críticas por los ajustes propios de la reforma.

Sabemos que existe un control difuso cuando existe una ley o precepto legal que para nosotros representa un agravio y que vulnera nuestros derechos humanos, por lo tanto consideramos que es inconstitucional, o mejor dicho, contrario a nuestra ley suprema que es la Constitución y solicitamos a la autoridad hacer una excepción a ella porque su aplicación sobre nosotros –caso concreto- representa un agravio, a pesar de ello, la ley no puede ser eliminada de la legislación, pero sí puede invalidarla en un solo caso específico para beneficiar a algún particular que se sienta vulnerado por la misma. A la par de esto, se encuentra otra característica de nuestra supremacía constitucional que es el denominado control convencional, que según entiendo intenta vigilar que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo y velar por los intereses jurídicos que consagra nuestra Constitución Política.

La controversia principal versa sobre la reciente reforma a nuestra constitución que menciona que las garantías individuales –entendido como los primeros 29 artículos de la misma- tiene el rango de derechos humanos, entendiendo como derecho humanos todos aquellos supuestos que son inherentes al ser humano y a los que tiene acceso desde el momento en que nace y que deben ser respetados y regulados por la autoridad competente, este aspecto crea controversia, porque las garantías individuales o derechos humanos se supone que son previstos por el legislador, que están contemplados en nuestra constitución y que presume, que la autoridad está consciente de su existencia y de velar por que sean protegidos, pero nos damos cuenta que a través de un juicio de amparo es precisamente lo que se pretende; reclamar a la autoridad un derecho humano que consideramos ha sido violado a través de una sentencia que la misma ha emitido y que representa un agravio a nuestra calidad humana; esto resulta un poco confuso, puesto que la mayoría de los derechos a que tenemos derechos están consagrados en la Constitución y por ende, ésta representa a la Supremacía Constitucional que tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de la legislación en nuestro país, pero es confuso –como ya se mencionó- en el sentido que los tratados internacionales adquieren el mismo grado jerárquico de observancia para los ciudadanos de nuestra nación en materia de derechos humanos, creo que con ello se vulnera un poco la soberanía nacional y atenta contra el derecho positivo de nuestro país, pero considero que es necesario también, hacer notar a la autoridad que en ocasiones no realizan bien su trabajo, que muchas veces no contemplan el beneficios para ambas partes en un litigio, sino que, solo benefician a una de las partes, dejando desprotegido a uno de las partes que integran la litis.

Como es de todos conocido, sabemos que nuestro sistema jurídico es incompleto y está lleno de muchas lagunas en cada una de las legislaciones, con esta ampliación de criterios como lo de los tratados internacionales, da pie a que otros países y convenciones de corte internacional intervengan y manipulen nuestro sistema legal vulnerando nuestra soberanía e infiriendo en la aplicación de justicia en nuestro país; en este sentido tengo opiniones un poco contrarias, porque también considero que es bueno, que los gobernados reclamemos cuando nuestros derechos no son protegidos y son violados, porque esto le sirve a la autoridad

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