Crisis En Venezuela

Por primera vez, en el presente siglo, el país comienza a sentir los efectos de una verdadera crisis global en los órdenes de lo social, de lo político, de lo económico, de lo institucional y de lo ético. Si bien se han hecho esfuerzos serios por encontrar una manera de crecer y desarrollarnos, se ha carecido sin embardo, de una visión para construir un país en el largo plazo, es decir, para pensar el futuro. La renta petrolera, que ha servido para modernizarnos y crear un aparato productivo que ha podido resistir a la crisis actual, paradójicamente ella misma ha contribuido, por su manera fácil de obtenerla, a ser especialista de la coyuntura, pero sin que ello permitiera una articulación con políticas de más largo alcance. Una especie de inmediatismo ha impedido mirar hacia delante.

Hoy se recogen los frutos de esa falta visión, ella afecta de manera desigual a los distintos sectores sociales, y todavía el foso de dicha crisis aguarda si no se emprenden planes de desarrollo coherentes y estructurales.

Hace aproximadamente dos décadas, el régimen de acumulación en Venezuela, es decirme la manera de acumular capital, de reproducirlo, de continuar con la creación de la base material del país, entró en una etapa de franco agotamiento. Esa manera de acumular capital en Venezuela estuvo siempre dirigida por el estado a través de una particular distribución de la renta petrolera.

Pero ese régimen de acumulación se agotó; el estado no pudo garantizarle más al sector privado su horizonte de valoración de capital. El capital privado ya no pudo contar con un alto rendimiento de lo invertido como era la costumbre económica, y en consecuencia, buscó salidas para obtener en otras regiones, tasas de rendimiento más atractivas.

Por qué sucedió todo esto, porque el carácter rentista de la economía, es decir, un modo de desarrollo basado en un ingreso mayoritariamente no producido por el trabajo de los venezolanos, terminó creando grandes distorsiones en el proceso de desarrollo que privilegiaron los sectores menos productivos de la economía en detrimento de los más productivos. Por su parte, la economía no petrolera, produce bienes transables, que conjuntamente con los que importa, contribuye a crear un importante incremento en los transables generándose así el fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa”. Se desarrolló un país netamente importador, productor de toda clase de servicios.

De otra parte, el estado, agente ductor de la formación de capitales en el país, hipertrofió, se hizo ineficaz, y no pudo continuar garantizando la conducción del mencionado régimen de acumulación de capital. En otras palabras, se ha agotado el régimen de acumulación tradicional y se está en una transición hacia otro régimen de acumulación que no se conoce, que no está definido lo cual resulta preocupante. Si no se sabe cuál va a ser con precisión el nuevo rol del estado en la económica, y cuál será también el del sector privado, resultará difícil construir una nueva manera de acumular. El estado no podrá continuar teniendo el mismo peso en la económica que en el pasado, igualmente el sector privado deberá aspirar a niveles de ganancia más modestos y reales que los acostumbrados.

Venezuela ha experimentado cambios profundos en la sociedad civil y en su sistema político, y en consecuencia, igual debe hacerlo sus agentes económicos. Esto conduce a una necesidad inaplazable: la concertación, un acuerdo político nacional. En tal sentido, se trataría de un pacto triple que toque lo económico, lo político-social y lo ético. En lo económico, debe atacarse el desequilibrio fiscal mejorando en primer lugar la administración tributaria, lo cual implica mayores impuestos, y mejorando a su vez la gestión del gasto público a todos los niveles.

Estos dos aspectos deberán tener un control de la demanda agregada interna, para luego llegar a un acuerdo temporal de fijación de precios. Sólo de esta manera podrá inducirse un proceso que tienda a controlar la inflación. En lo político social, un pacto de esta naturaleza pasa por un entendimiento para aprobar un conjunto de leyes que permitirán, no sólo el cumplimiento de los objetivos fiscales en el corto plazo, sino también reordenar los problemas laborales que impedirán una tensión social permanente, condición necesaria para crear un clima que facilite la aplicación de medidas de estabilización. Todo ello redundará en beneficio de un control más efectivo de la inflación.

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