DIAGNOSTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA POLICÍA

DIAGNOSTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA POLICÍA

Maestrante: Nery Rolando Ordoñez Flores

EL OCOTAL, F.M.

Miércoles 10 de Julio del 2012

INDICE

1. PORTADA Pág. 1

2. INDICE Pág. 2

3. INTRODUCCIÓN Pág. 3-4-5

4. LA NECESIDA DE UNA POLÍTICA

PÚBLICA DE SEGURIDAD

Y SU VINCULACION CON LA POLICIA Pág. 5-6

5. LOS FENÓMENOS DE POBREZA

VIOLENCIA, CRIMINALIDAD Y LA

CAUSALIDAD COTIDIANA Pág. 6

6. LOS CONCEPTOS DE INSEGURIDAD

Y SEGURIDAD Pág. 6-7

7. CIUDAD Y VIOLENCIA Pág. 7-8-9-10-11

8. CONCEPTOS CLAVE: PREVENCIÓN

Y CONTROL Pág. 11

9. PREVENCIÓN Pág. 11-12-13-14

10. CONTROL Pág. 14-15-16

11. HACIA EL SISTEMA NACIONAL

DE SEGURIDAD CIUDADANA

POTENCIALIDADES Y LIMITANTES Pág. 16-17

12. RECOMENDACIONES Pág. 18-19-20-21-

22

13. CONCLUSIONES Pág. 22-23-24-25-

26-27-28

14. BIBLIOGRAFIA Pág. 28-29-30-31

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que la violencia en Honduras no es necesariamente una característica propia de los países Latinoamericanos, es evidente que, de una u otra forma, está presente en todos ellos. De hecho, los habitantes de los grandes centros urbanos han aprendido a vivir con o de esta violencia.

Sin embargo, el hecho de haberse hecho una costumbre no significa que el problema se haya resuelto. Al contrario, cuanta más violencia existe en las ciudades, menos adecuados resultan los instrumentos diseñados para hacer frente a esta dinámica negativa.

En la cual se suele evitar el problema responsabilizando a algunas personas violentas del evidente fallo global de las relaciones sociales. Las políticas implementadas por pare del Estado hasta el momento no son las adecuadas, ya que han sido elaboradas sin que las principales víctimas hayan participado de forma activa en esta fase primordial.

Es obvio que nos encontremos en un callejón sin salida. El desasosiego ha llevado a muchos grupos de habitantes a responsabilizarse de su propia seguridad, aun a riesgo de involucrar a la comunidad en un mayor conflicto.

Así pues, el intento generalizado por parte del estado de plantearse la cuestión de resolver la violencia urbana desde un punto de vista policiaco ha fracasado, generando más violencia y más víctimas.

Para que un problema reciba la atención de la autoridad gubernamental, requiere identificar claramente como parte de la agenda del gobierno en un momento determinado, con lo cual se considera que se trata de un tema cuya solución es prioritaria, de acuerdo con los principales actores sociales, organizados o no, y por los grupos de interés con posibilidades reales de intervención o presión sobre las acciones gubernamentales. De esta forma, por agenda de gobierno se entiende a él conjunto de problemas, demandas, cuestiones y asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción, objetos sobre los que han decidido actuar (Aguilar, 1993; 15-21).

Los asuntos que componen la agenda de un gobierno en turno son considerados problemas públicos. Estos problemas generalmente son complejos, de gran escala, interdependientes, conflictivos e irresolubles y la sociedad considera que la única manera de tratarlos es por medio de la acción del Estado. Después de este punto de vista, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios (Tamayo, 1997: 281-312).

El desarrollo social y económico que se ha venido dando a lo largo del tiempo en las ciudades ha traído, entre otras cosas, una serie de secuelas sociales negativas, dentro de las cuales destacan la violencia, la delincuencia, la prostitución, la vida de las calles, el desempleo, la marginación etcétera. Toda la problemática anterior que se presenta tanto en las ciudades grandes como en las medianas de nuestro país, requiere soluciones que solo pueden ser brindadas con el apoyo del Estado.

La violencia es una clara expresión de inseguridad ciudadana. Los habitantes de las ciudades se ven amenazados por la violencia juvenil, los robos en sus viviendas, la violencia contra las mujeres, los robos de automóviles, atracos, secuestros, vandalismo y venta de estupefacientes. Éstos conciben al Estado como garante de la protección colectiva y exigen acciones por parte de la fuerza pública y del conjunto de aparatos estatales para proteger su integridad física y sus bienes (Carrión, 1994).

Los gobiernos son juzgados tanto por lo que hacen como por lo que son. Implican la existencia de múltiples programas y organizaciones. Para gobernar, en opinión de Richard Rose, los responsables públicos deben convertir los recursos disponibles en actuaciones con resultados (Agranoff, 1992). Los ciudadanos esperan de parte del gobierno acciones que ofrezcan comunidades más seguras.

LA NECESIDA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SU VINCULACION CON LA POLICIA

Un compromiso inherente a las transformaciones de la democracia hondureña es la construcción participativa de políticas públicas. Por ello la misma definición detrás de la creación de la Secretaria de Seguridad (Decreto 155-98 del 18 de junio de 1998 y el art. 29 de la Ley General de la Administración Pública) contempla la formulación y aplicación de políticas públicas que contribuya a neutralizar y erradicar las crecientes secuelas de la criminalidad e inseguridad en el país, contestando las demandas ciudadanas para su mayor control. Esto debido a que en primer lugar, la violencia y la criminalidad en general afectan especialmente a los hombres y mujeres jóvenes en edades productivas lo que va en detrimento del crecimiento de los derechos humanos, la convivencia pacífica e hipoteca el crecimiento económico y el desarrollo integral del país.

La violencia y la criminalidad producen sentimientos de inseguridad crecientes entre las y los ciudadanos en sí. La percepción de inseguridad vulnera sensiblemente las condiciones de convivencia, al modificar los comportamientos societales, provocando desconfianza hacia los diferentes actores institucionales, potenciando procesos de fragmentación y aislamiento de las comunidades.

En segundo lugar, la violencia y la criminalidad tienen un alto costo para el sistema de salud, el desarrollo productivo, la prevención social, debiendo destinar el Estado Hondureño enormes recursos para reforzar el aparato de seguridad y justicia.

En tercer lugar, una inseguridad creciente facilita la corrupción y desalienta la inversión nacional y extranjera, rompiendo los lazos de confianza de las comunidades, dificultando a los gobiernos locales concentrarse en asuntos tan importantes como son la educación, la salud o el empleo. (Plan de Gobierno Honduras 2010.)

LOS FENÓMENOS DE POBREZA, VIOLENCIA, CRIMINALIDAD Y LA CAUSALIDAD COTIDIANA

Desde diferentes perspectivas, se tiende a asociar el crecimiento de la pobreza urbana y rural en la última década en Honduras, con el aumento de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en las ciudades. En particular los jóvenes hondureños han sido frecuentemente asociados con los índices de incremento del delito, muchas veces a partir de supuestos basados en el magnificación mediática de casos singulares y no de tendencias empíricamente comprobadas. Mientras que la creciente relación negativa de emigración y repatriación se ha sumado a las diferentes interpretaciones del crecimiento de la percepción de inseguridad.

Sin embargo, la violencia e inseguridad no necesariamente depende sólo de la pobreza y la edad. La experiencia y las investigaciones en diferentes partes de Latinoamérica han demostrado que, más que la pobreza, es la desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos la que genera mayores actos antisociales, victimización y violencia, distinción importante puesto que permite entender de una manera más integral el fenómeno de la criminalidad, ya será de tradicional o emergente. (Plan de Gobierno Honduras 2010.)

LOS CONCEPTOS DE INSEGURIDAD Y SEGURIDAD

Frecuentemente se establece desde la ciudadanía una vinculación estrecha entre seguridad y criminalidad, que se expresa, en un contexto de registro e información oficial deficitaria, por intermedio de un concepto subjetivo de inseguridad. La seguridad, entonces engloba dos conceptos de una parte, las cifras objetivas, que estarían indicando el incremento del delito y, por otro, el concepto subjetivo que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o de miedo y bajo la lupa de los medios de comunicación masiva, que tienen las personas por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia común y/o los actos antisociales, diversos pero que, no necesariamente entran dentro de la categoría de delitos. La delincuencia

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