Derecho Del Trabajo

LA REVOLUCION FRANCESA

La Revolución francesa: Fue un proceso social y político que se desarrollo en Francia entre 1.789 y 1.799, cuyas principales consecuencias fueron: la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Ha sido tradicionalmente considerada como un mito, como un fenómeno histórico de repercusión extraordinaria en todo el mundo y que verdaderamente contribuyó de manera sustancial a cambiar la forma de vida del hombre sobre la tierra. La Historia quedó dividida, desde que se produjo aquel acontecimiento, en dos fases: lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después de 1789. Todavía, hace pocos años, el historiador francés Pierre Chaunu escribía: "La Revolución sigue siendo, después de dos siglos, la referencia privilegiada de nuestro pasado. El mito fundador de la nación".

La Revolución francesa es esencialmente, desde ese punto de vista, una revolución burguesa que sólo se explica en último término por una contradicción entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. Ya Marx y Engels, en el Manifiesto comunista, habían señalado que los medios de producción sobre cuya base se había construido el poder de la burguesía se habían creado y desarrollado en el interior mismo de la sociedad feudal y que a finales del siglo XVIII, el régimen de la propiedad, la organización de la agricultura y de la manufactura no correspondían ya a las fuerzas productivas En plena expansión y constituían un obstáculo para la producción.

En 1789 surgieron paralelamente tres revoluciones diferentes: la de los diputados en Versalles, la de las capas bajas y pequeño-burguesas en las ciudades (como en París) y la de los campesinos. La Revolución fue, según estos historiadores, una revolución burguesa sólo en tanto que fue un arranque reformista liberal de las élites de los tres estamentos, un movimiento dirigido contra todo tipo de privilegios, que intentó el establecimiento de la igualdad y seguridad personal en la legislación

Análisis de las bases constitucionales del derecho del trabajo

Título III Derechos De Las Familias, Capítulo V de los Derechos Sociales Artículos 75 al 97: El Estado, con la ayuda de la familia y la sociedad son las responsables para crear oportunidades para estimular el transito productivo hacia la vida adulta y en especial , para capacitar y darle oportunidad de trabajo por primera vez a los jóvenes quienes tienen el derecho y el deber de integrarse el proceso de desarrollo de la nación; Por otra parte el Estado debe garantizar a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantices, El estado , junto con la familia y la sociedad ,está obligada a garantizar su atención integral, beneficio y respetar su dignidad humana; también se le debe garantizar el derecho del trabajo, un trabajo acorde con la capacidad física e intelectual de los ancianos que manifiesten seguir trabajando, los ancianos al cumplir con el tiempo o edad que lo estipula la ley del trabajo para cesar su actividad de trabajo tiene derecho a una pensión o una jubilación, los cuales serán otorgadas por el sistema de seguridad social y no podrá ser inferior al salario mínimo urbano.

Las personas discapacitadas o necesidades especiales, el estado con la familia y la sociedad le garantizara el respeto a su dignidad humana, le darán oportunidad de trabajos, mediante un proceso en donde estas personas tendrán la oportunidad de capacitarse de acuerdo a su capacidad física para luego incorporarse en un trabajo digno y que sea remunerado de acuerdo a la ley y así puedan contribuir con el desarrollo, de su familia y el del Estado mismo.

EL DERECHO DEL TRABAJO EN EL NUEVO MODELO SOCIALISTA

La superación de la estructura organizacional tradicional de las instituciones públicas venezolanas por esquemas operativos más modernos necesitó de un grupo de leyes propulsoras para la evolución del sistema. A medida que las leyes eran puestas en vigencia las relaciones sociales de la sociedad civil venezolana fueron encaminadas por los caminos comprometidos a una nueva nación basada en la apertura de los canales de participación en las decisiones de políticas públicas y en la apertura de oportunidades para el desarrollo económico de la sociedad civil sin desentenderse de los principios democráticos, esto se traduce en la implantación de un nuevo modelo socialista. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 concibió un marco jurídico dispuesto a hacer realidad todas aquellas expectativas de participación política que la sociedad civil había deseado por más de treinta y cinco años como respuesta necesaria y deseable al sistema de representación política, el cual, se había desvirtuado por cuanto las acciones acometidas por los representantes políticos ya no defendían o se relacionaban con los intereses y deseos de sus representados sin que formalmente se pudiera hacer algo al respecto.

En materia laboral: La Constitución reconoce al trabajo como un hecho social que goza de la protección del Estado; establece la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales; la primacía de la realidad; la irrenunciabilidad de los derechos laborales; el principio in dubio pro operario y la sanción de nulidad de toda medida o acto patronal contraria a la Constitución. Por igual, se regulan aspectos relacionados con el derecho colectivo del trabajo, tales como, la alterabilidad de los directivos sindicales, la imposición de sanciones a los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal y la obligación de los directivos de las organizaciones sindicales de hacer declaración jurada de bienes.

En cuanto al régimen de la función pública: La Constitución de 1999 delegó en el legislador el establecimiento del Estatuto de la función pública “Mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública” (Artículo 144). Se establece, igualmente, la prohibición a los funcionarios de contratar con la República, los estados y los municipios (Artículo 145). No obstante en esta materia, se regulan aspectos que corresponden a la esfera del estatuto cuya elaboración fue delegada al legislador, tales como el sistema de elección a los cargos (Artículo 146), el régimen de salarios (art. 147), el régimen de incompatibilidades (Artículo 148) y la prohibición a los funcionarios de aceptar cargos honores o recompensas (Artículo 149).

EL FENÓMENO DE

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