EXPERIENCIAS EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE EIA

RESUMEN DEL CAPÍTULO III: EXPERIENCIAS EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE EIA

En este capítulo se discuten los principales aspectos que se relacionan específicamente con la gestión de los sistemas de EIA, el objetivo central es identificar los puntos clave para una correcta aplicación del proceso, en la línea de reconocer las principales necesidades, limitaciones y características que han adquirido concretamente los sistemas de evaluación de impacto ambiental en diversos países.

La experiencia ha demostrado que la aplicación de un proceso de EIA sin una adecuada base de apoyo puede concitar riesgos graves, tanto para el desarrollo de un país como para la protección ambiental efectiva.

Entre los dichos puntos clave a citarse en dicho sistema podemos mencionar los siguientes:

 Un sistema de EIA requiere de políticas ambientales explicitas.

 La EIA requiere de criterios ambientales y concretos específicos a nivel nacional, regional y local

 La política ambiental se expresa en la definición de estándares, en caudales ecológicos, en áreas protegidas y en protección de hábitats entre otros elementos

Todo esto apunta a que se debe tener una política de protección ambiental bien constituida y establecida en una base solida sobre la cual construir un proceso de evaluación de impacto ambiental. Dicha política puede expresar la determinación del gobierno nacional, regional o local de estimular y reforzar la protección ambiental como un medio de salvaguardar la calidad ambiental y la vida de la población. Aquí se incluyen las intenciones de proteger aspectos tales como: El patrimonio cultural, áreas silvestres, flora y fauna, niveles de contaminación entre otros.

Las definiciones de principios rectores de la política ambiental y sobre todo su aplicación concreta a situaciones especificas permiten resolver por adelantado ciertos tópicos de importancia para el país, región o localidad, estableciendo normas y consideraciones ambientales previas de amplia aceptación y difusión.

De esa forma la evaluación de impacto ambiental puede expresarse efectivamente como un instrumento de identificación y mitigación de impactos no deseados, convirtiéndose en un eficiente instrumento de planificación para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

La EIA requiere de un marco legal que haga obligatorios los requisitos, el establecimiento de un marco legislativo y reglamentario para generar un proceso único, claro y ordenado. Se requiere que se expresen claramente las funciones y responsabilidades institucionales. Su ausencia, la poca claridad de su definición, el impulso de iniciativas institucionales dispersas y la inexistencia de reglas comunes para todos, pueden convertirse en un freno para cualquier sistema de EIA. A menudo, ello conlleva a procedimientos paralelos, con distintos requisitos, que no hacen otra cosa que evitar la efectividad y confundir a los inversionistas, revisores y comunidad en general.

Las leyes traducen la intención de proteger el ambiente en requisitos y procedimientos formales que regulan los diferentes aspectos ambientales de interés para la sociedad. En el caso de un proceso de evaluación de impacto ambiental, se detallan, por ejemplo: las acciones humanas que requieren pasar por un sistema; los contenidos y los procedimientos de revisión y de comentarios a los informes que documentan la evaluación; y los servicios públicos o instituciones con autoridad específica para observar y revisar los contenidos de los estudios y aprobar las acciones propuestas. Además, establecen los requisitos para la incorporación de la participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Las leyes traducen la intención de proteger el ambiente en requisitos y procedimientos formales que regulan los diferentes aspectos ambientales de interés para la sociedad. En el caso de un proceso de evaluación de impacto ambiental, se detallan, por ejemplo: las acciones humanas que requieren pasar por un sistema; los contenidos y los procedimientos de revisión y de comentarios a los informes que documentan la evaluación; y los servicios públicos o instituciones con autoridad específica para observar y revisar los contenidos de los estudios y aprobar las acciones propuestas. Además, establecen los requisitos para la incorporación de la participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental.

El objetivo del procedimiento administrativo es implementar un sistema homogéneo para hacer más eficientes la preparación y revisión de los informes que documentan el proceso. Sin embargo, se debe tener presente que las actividades sujetas a un procedimiento de esta naturaleza difieren en su complejidad y en el alcance de sus impactos potenciales.

Por lo tanto, los plazos de tiempo requeridos para la preparación son variables. El tiempo necesario para llevar a cabo un estudio puede depender de factores tales como la complejidad de los detalles de planificación de la actividad y/o la adquisición de datos suficientes. Imponer plazos para preparar estudios, sin conocimientos sobre el tiempo realmente necesario para su conclusión, podría dar como resultado un requisito poco realista o incoherente.

Los límites impuestos, o el establecimiento de períodos de tiempo, enfatizan sólo los plazos de revisión por parte de la autoridad. Además, deben satisfacer todos los requisitos

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