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Instrumento Ambiental

darkfreny198526 de Noviembre de 2014

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COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA

VOLUMEN III

POLITICA E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Actualizado al 31 de mayo de 2010

COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA

Editado por la

Dirección General de Políticas, Normas

e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente

Copyright Ministerio del Ambiente -MINAM

Avenida Javier Prado Oeste Nº 1440, San Isidro, Lima 27 – Perú

(51 – 1) 611 6000 www.minam.gob.pe

Primera edición, enero de 2011.

Portada y fotografías propiedad del Ministerio del Ambiente

Impreso por Gráfica Técnica S.R.L.

Calle Los Talladores Nº 184, Urbanización El Artesano,

Ate, Lima 03 -Perú

Hecho el depósito legal: 2010-17178 en la Biblioteca Nacional del Perú

Se autoriza la reproducción total o parcial, sin alteraciones del contenido,

sin fines de lucro y citando la fuente.

INTRODUCCION EDITORIAL VOLUMEN III

POLÍTICA E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

En el presente volumen se sistematizan las normas básicas que desarrollan las bases legales e institucionales de la Política Nacional del Ambiente, así como los instrumentos de gestión ambiental indispensables para que dicha política se pueda implementar adecuadamente al servicio del desarrollo sostenible.

La sostenibilidad ambiental se configura cuando en una sociedad se satisfacen las necesidades de la población actual sin comprometer la posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. En esa perspectiva, se cruzan dos factores fundamentales, por un lado se encuentra la lucha contra la pobreza en clara alusión al desarrollo económico; mientras que en el otro extremo radica la conservación del ambiente referido a la sostenibilidad de las actividades.

La Consitución Política del Perú así como los Tratados y compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano apuntan a que las políticas públicas contemplen la perspectiva del desarrollo sostenible. Es decir, siendo la persona humana el fin supremo de la sociedad y del Estado, las actuaciones del Estado deben estar direccionadas a que sus ciudadanos gocen de un nivel de vida óptimo y adecuado para su desarrollo personal, no sólo en tanto al acceso a bienes económicos, sino también respecto al derecho de gozar de un entorno saludable para su crecimiento.

El Perú es un país en vías de desarrollo. Por tanto existen grandes brechas entre sus habitantes e inequidades en la distribución de la riqueza así como en el acceso a los servicios básicos requeridos por sus habitantes. Por otro lado, en el informe “El cambio climático no tiene fronteras: Impacto del cambio climático en la Comunidad Andina”1 se estima que la pérdida de biodiversidad de los países en la Región de los Andes Sudamericanos ascenderían a US$ 30 millones por año, lo que implica un 4,5% del PBI en dichos países. Recuérdese que los cuatro países que forman parte de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, forman parte del Grupo de Países Megadiversos Afines; es decir de los 19 países con mayor índice de biodiversidad a nivel mundial.

Los agentes del mercado no incorporan en sus análisis económicos las pérdidas derivadas del deterioro en la calidad ambiental; dejando de valorizar los servicios que proporciona el ambiente en favor de la industria como la capacidad de absorción de los subproductos o residuos generados en la producción (léase, emisiones o efluentes) así como el abastecimiento de materias primas y el propio albergue de la vida humana y sus actividades económicas2.

Las modificaciones antrópicas que han sufrido los sistemas ecológicos nos lleva a preguntarnos cuanto tiempo más podrá el entorno sostener el ritmo de crecimiento demográfico3. Tal como señala Kolstad, “el tamaño de la población mundial y el alto nivel de vida de algunos sectores de la misma son los causantes de las presiones que sufre el medio ambiente, pues una economía más grande genera más contaminación, y con los demás factores sucede los mismo; normalmente los ciudadanos más ricos exigen mayores niveles de calidad ambiental, y conforme el mundo se va poblando y va adquiriendo más riqueza, las presiones aumenten”4.

En vista que el mercado, por sí mismo, no es capaz de lograr el objetivo de preservar la calidad de los ecosistemas en un nivel idóneo; de soportar el desarrollo humano y proveer a los individuos de recursos básicos para su subsistencia; es necesaria la intervención del Estado a través de herramientas de gestión

1 http://www.comunidadandina.org/public/libro_84.htm

2 Field, Barry; Field, Martha. Economía Ambiental. McGraw Hill, Madrid 2001. Según los autores “(...)la calidad del medio ambiente también es un activo productivo para la sociedad. La productividad del medio ambiente reside en su capacidad para sustentar y enriquecer la vida humana, así como (en algunos casos) de asimilar los residuos generados en el proceso productivo y hacer que éstos sean menos dañinos.”

3 Cuando señalamos crecimiento humano no solo nos referimos al aspecto poblacional sino también a la producción de bienes y servicios a partir de los recursos naturales a través del aprovechamiento de los mismos por parte de la humanidad

4 Kolstad, Charles. Economía Ambiental. Oxford University Press. México 2001. Pp 12

ambiental. De lo contrario, llegará un momento en el cual los recursos hoy existentes se agotaràn y se originarán restricciones para la producción de bienes ante la falta de materias primas5.

De esa forma, el aprovechamiento del ambiente y de sus recursos debe efectuarse y planificarse bajo el enfoque del desarrollo sostenible. Este concepto, plasmado por la Comisión Brundtland, establece que las políticas de los Estados deben ser orientadas a que el uso y aprovechamiento de los recursos se realicen de manera que permitan el acceso de las futuras generaciones a la misma cantidad y calidad de recursos para su aprovechamiento, goce y disfrute6.

El desarrollo sostenible se sustenta en tres premisas básicas: 1) Equidad intergeneracional en virtud de la cual las decisiones de consumo de hoy deben considerar los efectos que producirán en las generaciones futuras; 2) Justicia Social, según la cual la pobreza es la principal causal de la degradación ambiental y que el alivio de la pobreza es un prerrequisito para eliminar el deterioro ambiental; y 3) que la Responsabilidad Transfronteriza permita reconocer que los límites y la responsabilidad por la contaminación ambiental no se circunscriben a un área geográfica determinada, sino que tienen efectos e impactan en la calidad ambiental global7.

Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la conservación del patrimonio natural del país.

La planificiación ambiental se encuentra íntimamente ligada al desarrollo económico. Los objetivos de las políticas públicas en nuestro país buscan reducir las brechas de pobreza y lograr la inclusión de los ciudadanos que se encuentran fuera del ámbito de la protección estatal; es decir lograr un Estado para todos los peruanos. En tal sentido, debe garantizarse que dicho desarrollo sea sostenible en términos ambientales y no sólo resultado de la extracción y explotación de recursos naturales o de la falta de asignación de valor económico a los servicios ambientales (tales como la capacidad de carga del ambiente o la asimilación de residuos, entre otros).

En el presente Volumen se desarrollan las normas generales sobre política y gestión ambiental, así como un tratamiento sistematico acerca de los principales instrumentos de gestión ambiental, incluyendo en estos últimos por ejemplo a las principales normas en materia de planificación ambiental y promoción de la inversión pública realizada por el Gobierno Central. Se he detallado la sistemática de los instrumentos de gestión ambiental por considerar necesario una didáctica y difusión adecuada de los mismos debido al rol que cumplen en el proceso de implementación de las políticas y normas ambientales.

5 Esta preocupación no es exclusiva de los gobiernos nacionales sino que tiene repercusiones globales. El Principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo recoge que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. De igual modo fue reconocido en la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Países de América Latina y El Caribe; en donde si bien no se llegó a ningún acuerdo concreto respecto a la problema ambiental, la Declaración de Lima suscrita por los países asistentes aboga por “patrones

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