Tema de los Instrumentos de gestión ambiental.

Los instrumentos económicos que se conceptualizan como medios de regulación indirecta inducen o incentivan -pero no obligan- a los actores a determinados cursos de acción al afectar los costos y beneficios de los mismos, impulsando un comportamiento social y ambientalmente deseable. El concepto también se aplica a diversos cargos asociados al cumplimiento o incumplimiento de regulaciones directas; en este sentido, los instrumentos económicos pueden tener un efecto no sólo de incentivo, sino también de recaudación (PNUMA, 2000).

Entre los instrumentos económicos se pueden mencionar los siguientes:

Instrumentos fiscales: impuestos sobre insumos, exportaciones, importaciones, recursos, uso del suelo. • Instrumentos financieros: préstamos, donaciones, subsidios,  fondos  rotativos,  fondos   "verdes", intereses bajos. Cargos: por contaminación, impactos ambientales, acceso, peajes. • Bonos y sistemas de depósito y reembolso: bonos para manejo forestal, restauración de tierras y saneamiento de efluentes. • Derechos de propiedad y de uso: propiedad, tenencia, concesiones.  Creación de mercados: derechos y permisos de emisión negociables, cuotas de captura o explotación, seguros.

Un grupo de instrumentos, que han ganado auge más recientemente, es aquel que promueve el involucramiento del público y la gestión ambiental voluntaria. Esta categoría incluye iniciativas de gestión ambiental en las cuales la participación es voluntaria, y que pueden o no ser promovidas por una

Autoridad pública. Se han identificado (Banco Mundial, 1997) dos grupos de instrumentos dentro de esta categoría. En primer lugar, iniciativas que promueven la revelación de información sobre la gestión ambiental de las empresas o sobre las características de los bienes y servicios que producen. Ejemplos de este tipo de instrumentos son los programas de eco-etiquetado y los sistemas de gestión ambiental tipo ISO 14000. Y en segundo lugar, iniciativas que promueven la participación directa del público.

Para que la participación sea efectiva como instrumento de gestión ambiental, se requiere construir alianzas entre las autoridades públicas y grupos organizados de la sociedad. De la misma manera, la promoción de iniciativas que involucran la revelación de información requiere la alianza entre autoridades públicas y el sector productivo. Por lo tanto, un aspecto importante de los instrumentos que promueven el invoíucramiento del público y la gestión ambiental voluntaria, es que además de contribuir a descentralizar la gestión ambiental, pueden convertirse en mecanismos para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia, pues la creación de las alianzas mencionadas se cimienta en la generación de confianza mutua entre las partes involucradas.

En los últimos años ha crecido el interés de los gobiernos en utilizar instrumentos económicos de gestión ambiental. En el contexto de acuerdos multilaterales ambientales de carácter global como la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, se están creando condiciones crecientes para el uso de algunos instrumentos económicos innovadores como la comercialización de certificados transferibles de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, una área en la cual Honduras ha incursionado recientemente.

En el caso hondureno, tradicionalmente la política ambiental ha descansado en el uso de instrumentos legales, especialmente para el manejo de los recursos naturales. El interés por el uso de instrumentos económicos es más reciente, y el apoyo a la gestión voluntaria es todavía muy incipiente.

Sin embargo, el uso de incentivos económicos todavía es limitado. Se han restringido a los ámbitos fiscal (impuestos y subsidios), financiero (líneas de crédito; fondos verdes), y a los cargos por la entrada a áreas

Protegidas. Entre las experiencias a destacar está el Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras Canadá.

Este fondo es el resultado del Memorando de entendimiento firmado en Junio de 1993, por el Gobierno de Honduras y Canadá, con el propósito de implementar la iniciativa para la reconversión de la Ayuda Oficial de la asistencia para el desarrollo de América Latina, y conforme a lo cual Honduras se compromete a pagar en moneda local, CND$ 160,507,630.34; a cambio, Canadá se compromete a gestionar la aprobación parlamentaria necesaria para condonar la deuda en forma proporcional de Honduras con Canadá.

Ambos países han convenido que los recursos así generados sean destinados a un fondo para el finarte ¡amiento de Proyectos vinculados al medio ambiente y desarrollo sostenible, principalmente en los componentes de biodiversidad, manejo de cuencas, dendroenergía, educación ambiental y fortalecimiento institucional.

El Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras Canadá tiene como objetivo general facilitar el manejo sostenido de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y procurar asimismo mejorar las condiciones socio-económicas de las poblaciones beneficiarías, mediante la promoción y ejecución de programas y/o proyectos que ataquen problemas ambientales ya priorizados.

El Fondo ha provisto financiamiento para apoyar dos iniciativas de gran trascendencia para el país: • la Oficina de Implementación Conjunta, por un monto de L.8.5 millones; y • el Centro de Producción más Limpia, por un monto de L. 8.25 millones.

Hacia mediados de 1999 se habían aprobado 28 proyectos para ser financiados en el marco del Fondo, por un total de L. 90.0 millones, de los cuales se habían desembolsazo un total de L. 53.2 millones.

Entre las instituciones ejecutoras beneficiarías se mencionan PROLEÑA, Vecinos Mundiales, CARE de Honduras, CONADES, PROLANSATE, MOPAWL Visión Mundial, Municipalidad de Puerto Cortés, CURLA, Ministerio Público, CDH, SERNA, Aldea Global, CIDH, ADEHESA y otros.

Educación ambiental

1. Bases normativas e institucionales

El ámbito de la educación y la capacitación ambiental, desde sus diferentes enfoques, perspectivas y niveles, sigue siendo uno de los principales desafíos y requisitos a alcanzar para procurar la sustentabilidad integral de la nación.

La Ley General del Ambiente, establece la competencia de SERNA, en materia de modernización de la gestión ambiental, a través de la capacitación de recursos humanos calificados en ciencias ambientales y propiciar programas y actividades para la formación de una adecuada conciencia ambiental a nivel nacional (Ley General del Ambiente. Art. 11). También establece que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública incorporará la educación ambiental a todo el Sistema Educativo Nacional, a cuyo efecto reformará e innovará las estructuras académicas vigentes para el desarrollo de programas de extensión, estudio e investigación que ofrezcan propuestas de solución a los problemas ambientales de mayor impacto en el país, indicando el mandato a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las demás instituciones educativas de nivel superior para estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para tal fin (Ley General del Ambiente. Art. 84),

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