Legitimidad como base del cumplimiento de la ley.

Pontificia Universidad Javeriana

Teorías de estado

Comunicación Social – Cuarto semestre

Daniela Cabrera Celis

Legitimidad como base del cumplimiento de la ley

El mecanismo del cumplimiento de las diversas leyes y normas jurídicas  que rigen actualmente  los organismos reguladores están en crisis. A lo largo de la historia, los gobiernos  han sufrido continuos golpes de estados que atropellaron el orden normativo y han determinado una forma cultural que desconoce la supremacía legal. La violación de leyes  radica en la ambigüedad de las mismas, su complejidad las hace difíciles de interpretar y provoca contradicciones de criterios judiciales. Del mismo modo, la falta de inequidad y transparencia de estas, no permite el rendimiento de cuentas en términos legales ni ante la sociedad en su conjunto.

Es de  esta manera que el acatamiento de la ley reside en el reconocimiento de la norma  jurídica, de manera que se obtenga un consenso de la ciudadanía hacia la regulación y el establecimiento de reglas y leyes, con el objetivo de mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de la comunidad. Pero ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la ley?. Dicho cumplimiento habita principalmente en la dominación política y su reconocimiento por medio de la legitimidad de los organos de poder.

La legitimidad en el uso de coacción física garantiza la vigencia del orden y cumplimiento de la ley

El acatamiento de la ley habita principalmente en la dominación política apelando a la  coacción física. Weber enfatiza que la coacción física es la posibilidad de recurrir  al recurso de la violencia para que se mantenga la vigencia del orden dentro de un Estado y no solo se reduce a la aplicación de la violencia. Por lo tanto, la dominación política es una forma de dominación por autoridad, y en la cual el poder requiere un proceso de legitimación basado en el conjunto de normas que tienen una pretensión de validez para todos los miembros de la asociación.

La conducta de los miembros de la sociedad se basa en los distintos fundamentos en los  que los ciudadanos  sustentan la creencia  por algún tipo de cultura política o en el caso de Weber los tipos puros de dominación legítima. ( Almond G,  Verba S, 1963).

 La dominación legítima reside en un mandato-obediencia como una acción social guiada por un “motivo”. Los motivos son un complejo de significados que confieren a los ciudadanos razones para comportarse de cierta manera. En ese orden de ideas, Weber destaca una forma de dominación social  y cumplimiento de la ley que mora en  los motivos jurídicos, por medio de dichos motivos, se puede garantizar el cumplimiento de la norma a partir de una dominación legitima, ya que se trata del hecho que los hombres acepten la regulación de su conducta por preceptos o normas que constituyen el orden de la asociación y cuyo acatamiento está garantizado por la coacción.  

La creencia  en la validez de las medidas normativas permite a estos adquirir la cualidad de obligatorias o el aspecto de modelos a los que deben ajustarse las acciones. La relación entre la creencia en la validez de las normas y su apoyo coactivo puede entenderse de dos formas: a) es el respaldo coactivo lo que permite que sobre las normas se sostenga la creencia en su validez por parte de un número socialmente relevante de individuos, o b) es la creencia en su validez lo que permite que estas normas se respalden en la coacción en caso de ser transgredidas. (p.47)

A mi juicio, la creencia en la validez   de un orden normativo y legal,  permite el apoyo coactivo, pues es la más pertinente,  ya que dicha creencia habita  en el reconocimiento de una dominación legítima por parte de los ciudadanos, pues es el factor más importante para estabilizar y garantizar la reproducción de ese orden bajo la ley y acoplarse fácilmente al uso de la coacción.

El contrato social,  reconocimiento legitimo de la relaciones de poder

Como hemos planteado anteriormente, el poder político es visto como el poder coactivo por excelencia, sin embargo, para  considerarse así, debe ser de un lado exclusivo, en el sentido en que debe impedir o penalizar el recurso de la fuerza por parte de sujetos no autorizados como: grupo subversivos o bandas de ladrones. Por tal caso este poder debe ser legítimo, o considerado tal, en el sentido en que debe ser reconocido como válido y por tanto aceptado por los ciudadanos. “Si se quiere distinguir el mandato del Estado de la intimidación del bandido es necesario concebir el poder político como poder autorizado” (Kelsen, 1984, p. 48).

 Sin embargo, para que tal poder sea legítimo y se pueda garantizar el cumplimiento de la norma se debe plantear una pregunta: ¿Cuál es la regla que puede hacer legitimo el poder político?

Jean-Jacques Rousseau sostiene que aquella legalidad a la que se pretende reconducir a la legitimidad se puede fundar con base en el acuerdo de los asociados, es decir, al Contrato social. El contrato social es un acuerdo en el que todos los miembros de la ciudadanía están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social en la cual se presupone que deben admitir la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten.

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