Ley De Desarrollo Social

LEY DE DESARROLLO SOCIAL

DE LEY DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2001

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar la Iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Son innegables las condiciones de desigualdad y pobreza en que viven más de la mitad de nuestros conciudadanos. La Secretaría de Desarrollo Social confirma que 44 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza.

La generalización de las condiciones de insuficiencia económica genera distintos denominadores para los pobladores pobres, desde el calificativo de extremo, hasta el de pobreza ignorada.

En el reciente Foro Nacional sobre la Pobreza Ignorada, académicos, organismos no gubernamentales, políticos y servidores públicos del ramo, denunciaron condiciones de insuficiencia económica para cerca de 70 millones de mexicanos, quienes, de alguna manera, dependen de la participación del Estado en la prestación social.

Esta política pública de atención a la insuficiencia económica debe ser universal, como la educación pública, los servicios de salud, la vivienda, etc.; focalizada, como las instituciones y programas de atención sobre padrón de beneficiarios como el INI, el Insen, el DIF y Progresa; y transversales, o institucionalmente complementarias, como Progresa, que involucra a más de una institución, al subsidiar la alimentación, la educación y la salud, de tan sólo 13 millones, de los 26 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema.

A lo largo de tres legislaturas, el grupo parlamentario del PRD ha propuesto un marco jurídico que reglamente los principios y derechos constitucionales en beneficio de los que menos tienen, orientando la inversión pública hacia la compensación de desigualdades y la promoción de una justicia distributiva que permita remontar la pobreza en nuestro país.

Sin embargo, México no cuenta con ley reglamentaria o marco jurídico que oriente y precise las acciones públicas tendientes a revertir la realidad de la pobreza.

No venimos a esta tribuna a precisar la competencia o concurrencia del gobierno en sus tres ámbitos. Venimos a proponer al Congreso de la Unión, el establecimiento de una red social e institucional que garantice el acceso de todos los mexicanos a lo establecido en nuestra Constitución Política en su capítulo I, De las garantías individuales, del que podemos distinguir tres tipos de derechos: los civiles, los políticos y los sociales.

Nuestro orden jurídico ha avanzado en la reglamentación de los derechos civiles y políticos a través de la promulgación de códigos civiles, penales, electorales, y demás normas en la materia.

Ahora toca a esta legislatura conocer, para su posterior discusión, una iniciativa que reglamente y garantice el acceso a los derechos sociales y enuncie las correspondientes obligaciones prestacionales de los tres ámbitos de gobierno, para el ejercicio igualitario de las garantías individuales de la ciudadanía mexicana.

La meta de la propuesta que nos ocupa, es establecer en el marco jurídico del desarrollo social una red de garantías de derechos sociales, más que la enumeración de necesidades o señalamiento de fórmulas e indicadores para identificar la pobreza, o asumir y diseñar la concurrencia de los ordenes de gobierno.

Desde una perspectiva de izquierda, el PRD propone como desarrollo social de nuestra nación, al desarrollo productivo del sector social y las demás acciones compensatorias y distributivas del Estado, en la procuración de los derechos consagrados en la Constitución y en los acuerdos internacionales que los enumeran como derechos económicos, sociales y culturales. Si reconocemos la pobreza como una realidad social producto del ejercicio económico desequilibrado e inequitativo, consideramos fundamental la concurrencia y coordinación transversal y territorial de instituciones y sociedad en los municipios, las entidades federativas y la Federación para su superación. Todo esto, por encima de la necesidad actual del gobierno federal de contar, seleccionar y administrar la pobreza, pues la propuesta del PRD no es medir la pobreza, sino combatirla hasta que todos los mexicanos seamos iguales en lo material, lo político y lo humano.

Innovación para los esfuerzos legislativos de nuestro partido, es plasmar en la iniciativa de ley en comento, una parte del proyecto de nación del PRD. El medio o herramienta que facilite y origine la generación de una sociedad igualitaria, libertaria y con un gran margen de independencia o autonomía ciudadana es el desarrollo social que parte de la estructura económica. Sólo el trabajo podrá reivindicar lo anterior. Éste es nuestro concepto de dignificación de ciudadanía.

En México, la injusta realidad económica ha permitido la desmedida concentración de la riqueza en pocas manos, siempre en perjuicio de la mayoría de los sectores de la población, generando desigualdad y estratificación social. Con el enunciado de los derechos civiles, políticos y sociales, el texto constitucional se plantea como objetivo el desarrollo igualitario de nuestra sociedad.

El combate contra la pobreza, es decir, el desarrollo de los sectores económicamente marginados, debe orientarse hacia el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad individual, así como de los grupos y sectores sociales, cuya seguridad protege nuestra Constitución.

Proponemos precisar como función del Estado, entendido como gobierno, instituciones civiles y ciudadanos, la de procurar los derechos sociales, y reglamentar los ámbitos y las competencias de éstos: denuncia popular, responsabilidad de servidores públicos, participación social, etc.

Para eficientar las políticas de desarrollo que el Estado ejecuta a favor de la población, debemos recuperar el sentido y motivos sociales de la Constitución para la redacción de una ley general de desarrollo social.

Para ello nos basamos en tres fundamentos constitucionales:

1. Todo individuo gozará, en condiciones de igualdad, de las garantías individuales que otorga la Constitución,1 así como la disposición para que la Ley proteja la organización y el desarrollo de las familias.2

2. La regulación

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