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Marbury Vs. Madison


Enviado por   •  9 de Junio de 2014  •  1.335 Palabras (6 Páginas)  •  391 Visitas

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I. HECHOS.

El caso surgió como resultado de una querella política a raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que Thomas Jefferson, republicano demócrata, derrotó al entonces presidente John Adams, federalista. En los últimos días del gobierno saliente de Adams, el Congreso dominado por los federalistas, estableció una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los nombramientos, el presidente los firmó y el secretario de Estado estaba encargado de sellar y entregar las actas de nombramiento. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las actas de nombramiento a cuatro jueces de paz, entre los que se contaba William Marbury.

El nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar las actas de nombramiento porque el nuevo gobierno estaba irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurarse el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido justo antes de cesar en el gobierno. Sin embargo Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su acta.

El 24 de febrero de 1803, el Presidente de la Suprema Corte, el Juez Marshall, expresó la siguiente opinión del Tribunal…:

"De acuerdo con el orden en que el Tribunal ha analizado este caso, se han suscitado y resuelto las siguientes cuestiones:

Primera: Marbury, ¿tenía derecho al cargo que solicitaba?;

Segunda: Si tenía ese derecho y ha sido violado, ¿las leyes del país le conceden un medio de defensa?; y,

Tercera: Pedir a la Suprema Corte la emisión de un Mandamus, ¿fue el recurso adecuado?

La primera interrogante se resolvió con base en las pruebas que acreditaron sin lugar a dudas que Marbury había sido debidamente designado por el Presidente, que tal designación había sido ratificada por el Congreso y que su oficio de "comisión" había sido sellado por el Secretario de Estado en funciones. Elemento fundamental también lo fue el hecho de que, como la ley que creaba el cargo confería al designado el derecho a desempeñarlo durante cinco años, con independencia del Poder Ejecutivo, el nombramiento no podía ser revocado. Por tanto, la ilegal retención del oficio de comisión era un acto que la Corte estimaba no sólo no autorizado por la ley, sino -además- lesivo de un derecho legalmente adquirido.

Por lo tanto, la respuesta que la Suprema Corte se dio a la primera pregunta fue afirmativa: Marbury tenía un derecho vigente.

La segunda pregunta fue atendida con base en silogismos impecables y obtuvo, a la postre otra respuesta afirmativa: Marbury era titular de un derecho que había sido violado, y la esencia misma de la libertad civil consistía en el derecho que asiste a cualquier individuo a demandar la protección de las leyes siempre que sufra un perjuicio.

Bajo la premisa de que "el Gobierno de los Estados Unidos ha sido enfáticamente calificado como un gobierno de leyes y no de hombres, y dejaría ciertamente de merecer tan alto apelativo si las leyes no previesen remedios ante la lesión de derechos adquiridos", se derivó que "cuando la ley establece un deber específico y existen derechos individuales que dependen del cumplimiento de ese deber, es claro que el ciudadano que se considere perjudicado tiene el derecho de apelar a las leyes de su país en busca de una reparación…"

En consecuencia: Se declaró que sí existía un medio de defensa que podría proteger a William Marbury contra la exacción que había sufrido.

La tercera pregunta quedó vinculada a dos ejes: Primero, lanaturaleza de la resolución que se solicitaba, y, segundo, la jurisdicción de la Suprema Corte.

Por cuanto a la naturaleza de la resolución, se hizo evidente que el "Mandamus" solicitado no tenía por objeto la realización de un acto expresamente contenido en la ley.

No obstante, ya se había concluido que el demandante tenía, con relación a ese nombramiento, un derecho adquirido del que el Ejecutivo no podría privarle… La ley del Congreso, ciertamente, no ordenaba al Secretario de

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