Medicina Privada En Mexico

Introducción

El acceso a los servicios de salud en México es responsabilidad manifiesta de las instituciones de salud; en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda establecido el derecho a la universalidad del acceso a los servicios de atención a la salud. En la práctica, este derecho lo ejerce una gran mayoría de la población mexicana y existen diversos esquemas para la provisión de dichos servicios, contenidos en dos grandes sistemas: la seguridad social y las instituciones de servicio a la población abierta. Un tercer elemento es la medicina privada, sector cuyos alcances y limitaciones se desconocen, en gran medida.

En México el sector de la medicina privada está compuesto por numerosas unidades, atomizadas en su cobertura y heterogéneas en cuanto a capacidad y calidad del servicio.(1) Por mucho tiempo se sostuvo, sin fundamento alguno, que la medicina privada prestaba servicios a un pequeño grupo -al 5% de la población- que podía pagarlos. Esta percepción se veía reforzada por los resultados de los censos de unidades hospitalarias del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que por su dificultad de llenado y de seguimiento presentaban un importante subregistro; así en 1974, el primer año en que se publicó información del censo, se registraron apenas 71 unidades hospitalarias privadas(2) y, para 1984, 392 hospitales.(3)

Con la formación del Sistema de Encuestas Nacionales de Salud y el levantamiento de la primera Encuesta Nacional de Salud (ENSA), se descubrió que el sector privado representa, en oferta, un tercio de los servicios ambulatorios. A ocho años de la primera encuesta, la ENSA II corrobora los hallazgos: un tercio de la población nacional recurre consistentemente a la medicina privada.(4,5)

La información de las encuestas es compatible con la publicada en otros países,(6,7) donde se aprecia un incremento en el número de unidades hospitalarias privadas y en la importancia que tienen en la prestación de los servicios de salud a la población, situación que ha favorecido una nueva relación público-privada, dando lugar a combinaciones exitosas entre los servicios institucionales y los privados. Se han informado desde las acciones de primer nivel, como las de vacunación,(8) hasta las de contención de costos(9) y la creciente participación en la investigación.(10)

El propósito del presente estudio es el de conocer la magnitud del sector de la medicina privada en México, caracterizando a las unidades médicas con servicio de hospitalización a partir del número de camas con que cuentan, el grado de complejidad, el personal médico empleado y el tipo de contratación, los recursos materiales disponibles y los servicios otorgados, no sólo para caracterizar al sector privado, sino también para evaluarlo con respecto al Sistema Nacional de Salud (SNS) y conocer su capacidad de vinculación con las actividades y servicios de salud que presta a la población en general.

Material y Métodos

Para medir y analizar la oferta de servicios médicos del sector privado, se realizó un censo de unidades con base en la información jurisdiccional y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud (SSA) como elemento rector del SNS.

Se definió la unidad médica privada como aquélla no perteneciente a una institución del Sector Salud y que cuente con (y haya utilizado) camas de hospitalización censables. Según el acceso a los servicios de seguridad social, la población se dividió en aquéllos que cuentan con el mismo (población derechohabiente), y el resto que no lo tiene (población abierta).

El ámbito del censo se limita a las unidades médicas con servicio de hospitalización, lo que deja fuera a un número elevado de unidades de consulta externa. Lo anterior se explica por el hecho de que, por ser menor el número de establecimientos que dan servicios de hospitalización, el control operativo sobre la cobertura es de mejor calidad. Por otra parte, este tipo de unidades se caracteriza por tener una ubicación más permanente, dado que el capital invertido es superior al de los consultorios que fácilmente cambian de sitio, lo cual dificultaría mucho su localización.

El censo se levantó durante el primer trimestre de 1994, aun cuando el periodo de referencia de la información fue el 31 de diciembre del año precedente. El desglose geográfico de los datos fue exhaustivo; la codificación de la ubicación de las unidades médicas se hizo a nivel de localidad, municipio, jurisdicción sanitaria y entidad, por lo que se dispone de todas las variables del cuestionario en cualquiera de dichos ámbitos geográficos.

Considerando la reserva que generalmente manifiestan los prestadores de los servicios privados de salud ante los requerimientos oficiales de información, se decidió que, en un primer acercamiento, el cuestionario abarcara aspectos generales de la unidad cuya respuesta no fuera problemática. En este sentido se optó por incluir únicamente variables sobre recursos humanos e infraestructura, que abarcaban los siguientes aspectos:

1. Ficha de identificación: razón social, ubicación, otros identificadores y datos del responsable.

2. Recursos humanos: personal médico según tipo de contratación y especialidad; personal paramédico (enfermeras según tipo, técnico y administrativo).

3. Recursos materiales: consultorios, camas, áreas de urgencias, cirugía, laboratorio y gabinete.

4. Servicios clasificados de acuerdo a su complejidad: consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y hospitalización.

La Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Estadística, Informática y Evaluación (DGEIE), coordinó el proyecto; en el diseño del cuestionario y la integración del directorio de unidades participó la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud.

Como marco de referencia se utilizó la información de los directorios de unidades médicas privadas, resultante de anteriores censos y evaluaciones de la SSA. Las direcciones de planeación y/o jefaturas de departamento de estadística de la SSA, a nivel estatal, nombraron a los jefes de las diversas jurisdicciones sanitarias como supervisores directos en la operación del censo. A ellos correspondía verificar y asegurar la integridad de los directorios por municipio y jurisdicción, así como la obtención completa y oportuna de los formularios, garantizando la cobertura y calidad de la información.

La

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