Medidas Cautelares

Medidas cautelares

Síntesis histórica.

En el Derecho Romano, no se conocían las medidas cautelares tal como se conciben en la actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones parecidas y que cumplían con similares objetivos a las de hoy en día.

La Pignoris Capio, era un procedimiento que consistía en la toma por el acreedor, como garantía, de determinados bienes del deudor, con el objeto de constreñirlo al pago de su deuda. Constituía una de las acciones de la ley ejecutiva del procedimiento procesal de la legis actiones, consistente en la toma de un objeto, realizada por el acreedor de entre los bienes del deudor al mismo tiempo que pronunciaba determinadas palabras y sin ser necesaria, tal vez, la intervención del magistrado; tal derecho correspondía al soldado contra quien debía entregar el dinero para adquirir su caballo o debía pagar el forraje o alimento del mismo, y en otros supuestos, en favor de los publícanos y del que hubiese entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el precio.

También constituía un medio de coacción de que gozaba el magistrado en virtud de su imperium para embargar bienes a la persona que desobedeciera sus mandatos. Con posterioridad, las legis actiones fueron reemplazadas por el procedimiento formulario, denominado de esa manera porque el magistrado redactaba un documento pequeño, en presencia y con la colaboración de las partes, en el cual se concretaban las pretensiones del actor y del demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver otorgándole el poder de juzgar, así, la fórmula le daba a éste poder para condenar al demandado en la suma que anteriormente debería haber entregado para liberar la prenda

Finalmente, en el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la contestación, la cosa litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni deteriorada, de manera que debería ser entregada al ganancioso en el estado en que se hallaba al iniciarse la contención. Aquí se puede encontrar un símil con las medidas preventivas actuales, particularmente con la prohibición de enajenar y gravar y con el secuestro.

Introducción

Debemos partir de dos afirmaciones: uno de los principales problemas en nuestros tribunales es la dilación en las sentencias, pues la eficacia de la justicia depende, en gran parte, de la rapidez con que aquélla se otorgue, y, por otro lado, también es verdad que la realización de un proceso con todas las garantías exige tiempo.

Las Medidas Cautelares son mecanismos jurídicos mediante los cuales el demandante, cumplidos los requisitos legales correspondientes, pruebas sumaria de su derecho y del peligro de mora procesal, fianza de daños posibles y habiendo incoado el proceso principal de lugar, recibe de la Administración de Justicia la emisión de una resolución, de naturaleza instrumental y provisional, que le garantiza la ejecución de la sentencia futura. Su finalidad no es otra que garantizar la efectividad de la pretensión, por razón del peligro de que por actos del demandado o de tenedores, de terceros o de la naturaleza, se pueda menoscabar o afectar los intereses del demandante durante la tramitación del proceso.

De allí que el artículo 533 del código judicial dispone que para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el demandante podrá pedir, antes de presentada la demanda o después de presentada, en cualquier estado del proceso ya sea ordinario o especial, el depósito de ellos en manos de un depositario que nombrará el tribunal.

Consideremos que la medida cautelar no persigne otra cosa que el de garantizar el principio constitucional de la tutela judicial efectiva porque en definitiva lo que se pretende es que las decisiones del órgano jurisdiccional no resulten ilusorias, de tal forma que se pueda garantizar con la cautela la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, a través del cumplimiento, inclusive forzado de las obligaciones.

Las medidas cautelares son el resguardo que ofrece el sistema jurídico frente a la inevitable lentitud de los procesos y al uso abusivo por parte de la administración de justicia del privilegio de ejecutoriedad de los procesos legales. Si la administración de justicia se pudiera otorgar de forma inmediata, las medidas cautelares no tendrían sentido, pero es evidente que la justicia en la mayoría de los casos no puede actuar con esa deseable celeridad. Por consiguiente, la tutela cautelar tiene como objetivo evitar que el tiempo necesario para llegar a la sentencia judicial no concluya por vaciar de contenido el derecho ejercitado.

Las Medidas cautelares son dictadas mediante providencias con el fin de asegurar que cierto derecho pueda ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho, estas no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a hacer efectivo y reconocido un derecho.

Ámbitos de las medidas cautelares:

Es prácticamente imposible delimitar las fronteras del ámbito de las providencias cautelares, porque ello supone solucionar casuísticamente cada uno de los tipos legales en su carácter cautelar, es conveniente abordar el tema, aunque sea parcialmente para conseguir como principal propósito, mayor claridad del concepto y vislumbrar su justa dimensión dentro del ordenamiento jurídico procesal.

A continuación presentamos la investigación realizada sobre las medidas cautelares.

Es una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, medida que se traduce en la injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los procesados a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan los resultados de un proceder antijurídico.

Dicha diligencia cautelar no afecta la libre disposición de bienes, ni dispone que se mantenga ese statu quo.

Finalidad

Se trata de que la autoridad judicial haga o deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente. Al peticionar una innovativa el particular pretende ser colocado en la situación en la que se hallaba antes de su solicitud, es decir, que se restablezca el estado de cosas que existía con anterioridad a la actuación innovadora del proceso que se lleva a cabo.

Requisitos de admisibilidad

La

...