Mesas Comunales

LA MESA COMUNAL: ORGANIZACIÓN DE BASE PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS EN LOS BARRIOS DE VILLAVICENCIO

La acción comunal es un ejercicio que redunda en el hacer, en cada querer de un resultado, visto desde un enfoque de influencia en un grupo, resulta facultativo, de competencia y definitivamente jurisdiccional en el alcance de los agentes económicos, si asumimos el concepto y característica de la administración de recursos escasos para satisfacer la insaciabilidad de necesidades; lo colectivo es entonces lo común, lo relativo a la comunidad, a la comuna, al espacio de convivencia donde existen grupos específicos de personas residentes de un espacio o área determinada, con un pensamiento similar, una cultura común, con una vida que a pesar de la diversidad, siempre denotará cierta unidad para la búsqueda de metas mediante procesos sociales, estructuras económicas y políticas para la consecución de recursos y alternativas para la solución de sus necesidades.

Desde los componentes teorico-practicos de la economía solidaria mediante observación simple se pueden identificar concurrentemente acciones generadoras de sistemas para el bienestar de las personas, específicamente organizaciones solidarias de desarrollo como las Juntas de Acción comunal, que se convierten en unidades de base para el desarrollo local, organizaciones sistémicas, construidas para cumplir metas, fines o propósitos, normalmente están conformadas por otros subsistemas con objetivos específicos, cabe decir para el caso que son de carácter social, gestionado por personas que se articulan sinérgicamente y auto-organizados para la defensa de intereses comunes sin fines de lucro. Esta determinación al estar apropiada conceptualmente, permite identificar a las Organizaciones de Acción Comunal como plataforma social para la reproducción de valores y principios como el ser bueno, el que su trabajo y los mecanismos de cooperación tengan primacía sobre los medios de producción, entre otros como los contemplados en el marco conceptual de la ley 454 de 1998 (Artículo 4), que en su generalidad respecto de las competencias generadas a partir de la acción, se entienden como las características permanentes de las personas en la aplicación valores, principios y fines de la economía solidaria, su definición, la protección y promoción de acciones mancomunadas soporte de la sociedad, la identificación de características propias de las organizaciones solidarias, su integración, generación, apoyo y la participación en planes territoriales de desarrollo sostenible y sustentable .

La planeación referida en la parte final del inciso anterior, no es susceptible dejarla de lado, pues las diferentes problemáticas que aquejan a la población desde el nivel local hasta lo nacional, no solo consiste en discusión sobre la verdadera o la alternativa en economía, o en la determinación de la falta de ética política, si desagregamos cada una de ellas podemos encontrarnos con problemas de políticas públicas o falta de estas, lo que a su vez puede profundizar otros diferentes como sociales, económicos y ambientales; resultando o agravando situaciones de pobreza y desigualdad en amenaza a la supervivencia de la especie; Conllevando esto al cuestionamiento de la responsabilidad personal o profesional, ya que esta la acción participativa de quienes sean competentes, no es vista como un valor (bajo nivel de conciencia social frente a las situaciones de su entorno) y en las relaciones económicas, aparentemente solo se inspiran en la ganancia y en la rentabilidad de actividades que se fundamentan en la acción individual con ánimo de lucro, con el agravante de la no observancia de las experiencias y prácticas de la economía solidaria, como una alternativa de organización social que contribuya a un modelo de desarrollo.

La política pública dirigida a las diferentes comunidades no se debe dejar sólo a los actos altruistas con los desprotegidos, pues esto no genera desarrollo sino asistencialismo con sus debidas consecuencias como la limitada autogestión para la identificación y solución de necesidades de la comunidad a la que se pertenece, haciendo difícil en muchos casos, el determinar (apropiar, identificar y potencializar) el perfil emprendedor del comunero como actor reconocido en la aplicación de conceptos, herramientas, técnicas e instrumentos de descripción de su entorno y la posterior posibilidad de mejorar su condición de agente transformador, capaz de contribuir al cambio de su territorio; a partir de planes ceñidos a una política pública para el desarrollo de la comunidad; tanto en el ámbito global como en el local, teniendo en lo sucesivo el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía, bien sea promovido por el sector oficial o el privado; para nuestro efecto el segundo es el que nos atañe, por ser nosotros mismos los que nos debemos a la determinación en la solución de nuestras necesidades.

En contraste las políticas en relación a los objetivos del Milenio, representan para los municipios y las regiones un reto importante en cuanto el antes se consideraba que el crecimiento del Producto Interno Bruto era la única manera de evaluar el progreso social y económico, sin embargo, Naciones Unidas desde 1990 impulsa el desarrollo como una “eliminación de los tipos de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su capacidad de dirigir su propio destino” (Sen, 1999: 16), es decir, se busca la ampliación de las libertades del hombre, esto direcciona la situación problemática de la ciudad de Villavicencio hacia los diferentes sectores o localidades donde se acentúan los problemas que las Organizaciones de Acción Comunal pueden ayudar a resolver mediante el diseño e implementación de estrategias ajustadas a políticas diseñadas desde el seno mismo de la comunidad o desde el gobierno central; éstas reconocidas por la ley 743 de 2002 como una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable en las comunidades; en la actualidad, presentan diferentes debilidades que han impedido incluso que cuenten con el reconocimiento debido por parte de las autoridades, principalmente debido a la no participación efectiva en los espacios de discusión y aplicación de la gestión pública que pudiese ser de su competencia.

Para la apropiación del concepto de políticas públicas, además de importar desde su significado mismo, debe en primera medida, reconocerse la importancia de la participación como fuerza normativa constitutiva, que impida la distancia del deber ser de lo público o del interés común, y no ser solamente un “curso de acción o inacción

...