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NORMATIVIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS


Enviado por   •  5 de Noviembre de 2022  •  Monografías  •  2.020 Palabras (9 Páginas)  •  39 Visitas

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Nombre: Agustina Gutiérrez López

Matrícula: 163276

Grupo: A186

Colima, Col. A 15 de octubre de 2022

Materia:

NORMATIVIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

     

Docente Asesor:

GUADALUPE PATRICIA BALDERAS LÉON

Actividad 2. El impacto del federalismo educativo en México

INTRODUCCIÓN

En los últimos 30 años se han realizado cambios importantes en México con el fin de mitigar problemas sociales como la inequidad, la pobreza, el acceso a la salud y por supuesto, la educación; lastimosamente, dichas transiciones no han sido eficientes en la planeación, organización y aplicación en la administración pública.

Es bien sabido que no ha sido fácil lograr que en el país se puedan acceder al derecho a la educación de forma igualitaria, tal como se menciona en la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos (1) que debería ser, por las diferencias que se han presentado en la interrelación entre los distintos componentes del Sistema Educativo Mexicano (SEM).

La descentralización educativa en México es un proceso que aún continua en marcha, incluyendo constantemente en sus prioridades la alternancia política, las coyunturas económicas y el debate académico. Es por ello, que el presente trabajo analiza la evolución de nuestro federalismo en materia educativa con el objetivo de identificar los retos actuales derivados de la coyuntura actual, donde los niveles de deserción escolar y la brecha digital va en aumento, generando notables rezagos educativos.

Descentralización Educativa en México

La descentralización educativa es uno de los tópicos más discutidos en los análisis de políticas educativas en México, al ser considerada como una acción pública que se ha mantenido en el tiempo durante varios mandatos presidenciales, sin que esto lleve a asegurar que sea efectiva del todo, lo cual podría explicarse por los intereses particulares de ciertos grupos que permiten que se puedan sostener algunas políticas públicas.

Las políticas educativas existentes en México durante el comienzo de los años 90 se encontraban perfectamente definidas, donde el objetivo principal era propagar la educación básica. El primer hito en el proceso de la reforma educativa se dio posterior a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), el 18 de mayo de 1992, suceso que estuvo inmerso dentro de la reforma del Estado Mexicano y se considera como uno de los tratados a nivel político más relevantes al dar paso a la descentralización del sistema educativo, sin que este perdieran su integridad ni su carácter nacional; además de poder desarrollar una reforma curricular y pedagógica en la educación básica obligatoria y la formación inicial de maestros (2).

En dicha descentralización, la autoridad central mantuvo el control sobre los elementos decisivos del sistema educativo y los gobiernos locales, tenían a su cargo los aspectos operativos y la posibilidad de agregar contenidos propios al currículo, lo que obligó a las instituciones estatales a desarrollar nuevas competencias que permitieran llevar a cabo los objetivos del ANMEB (3). La principal diferencia con esta reforma se centró en la opción de renovar el currículo, generar nuevo material, implementar nuevos programas compensatorios y más formas de financiamiento, así como el ingreso de la evaluación, la obligatoriedad de la secundaria y la ampliación del calendario escolar.

En Julio de 1993 fue sancionada la a la nueva Ley General de Educación (LGE), en la que se ratificó las decisiones tomadas en el ANMEB y así mismo, se publicó la política de estado con respecto a la equidad para la educación básica. La LGE se enmarca en el concepto de federalismo y en la noción de concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades federativa, transfiriendo la operación de los servicios educativos federales y asignando esa responsabilidad a las entidades federativas (3).

Durante la ejecución del Programa de Desarrollo educativo entre 1995 y 2000, la evaluación educativa recibió un importante estimulo, al establecer que se debía mejorar la calidad de los servicios educativos, además de su pertinencia, por medio de un mejoramiento continuo por medio de la valoración, modernización e innovación constante.

Impacto del federalismo educativo en México

Este federalismo implicó que en 1995 se diera un proceso de recentralización administrativa, dado que la implementación parcial de la reforma de 1992 fracturara la autoridad gubernamental, ya que lo lideres sindicales aprovecharon los vacíos legales para poner sus intereses económicos por encima del derecho a la educación (4).  

Durante esta administración federal, la evaluación educativa tuvo el primer impulso importante, ya que en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se estableció que se debía mejorar la calidad de los servicios educativos, por medio del mejoramiento constante en la evaluación, actualización e innovación.

En febrero de 2013, se realiza una nueva reforma educativa (5) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se encargaría de normar los ejercicios de evaluación educativa, coordinar a las estructuras organizacionales al interior de las entidades educativas responsables de llevar a cabo estos ejercicios y emitir los lineamientos que determinen la operación eficiente.

Igualmente se realiza la reforma  reforma constitucional a los artículos 3 y 73, donde uno de los aspectos más importantes es la obligatoriedad educativa, desde preescolar hasta media superior; así como la mejora de la calidad y equidad en la educación básica y media superior con énfasis en la profesionalización docente; además de la revisión y actualización de los planes y programas de estudio; la atención de la infraestructura escolar y la evaluación periódica y sistemática de todos los componentes del sistema educativo.

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