Ordenamientos Normativo-juridico Que Atienden La Diversidad

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ORDENAMIENTOS JURIDICOS-NORMATIVOS QUE ATIENDEN LA DIVERSIDAD.

Los marcos formales son sumamente importantes por las prioridades que determinan, y son claras y precisas las líneas de acción que de ellos se derivan en la educación para la interculturalidad busca propiciar el desarrollo de sujetos (personas, grupos, comunidades) con una identidad clara y manifiesta; con un amplio conocimiento de sí mismos, de sus capacidades, potencias y necesidades; con habilidades para la exploración del espacio social y con apertura respetuosa a la alteridad, con bilingüismo pleno y manejo de diversos medios y lenguajes; con acceso a múltiples medios de comunicación; con abundantes competencias comunicacionales, y con una valoración de la diversidad como fuente de posibilidades. Y supone favorecer el desarrollo de sociedades abiertas, equitativas, incluyentes, plurales. La educación bilingüe para la interculturalidad, en este siglo que comienza, cuenta con un paraguas formal constituido por políticas públicas nacionales e internacionales que se expresan en leyes, normas, convenios y declaraciones, y que, en conjunto, dibujan la visión de sociedades cada vez más democráticas, empeñadas en incluir, de manera horizontal, respetuosa y valorativa, a todas y cada una de las lenguas y culturas que las constituyen.

En nuestro país los derechos de los mexicanos están garantizados con la constitución política, reconociendo la diversidad étnica cultural y lingüística. Nuestra Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y éstos tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía.

En un marco multilingüe e intercultural, para lograr un desarrollo para todos es necesario tender puentes entre la tradición y la modernidad, entre la economía y el desarrollo humano, entre los mercados y los ingresos familiares, entre el Estado de derecho y la vida diaria de los ciudadanos. Es necesario incrementar la equidad y la igualdad de oportunidades y, para ello, es imperativo utilizar criterios que reconozcan las diferencias y las desigualdades. Antes de lograr la plena inclusión, se debe entender la equidad como discriminación positiva, en sentido compensatorio, y es necesario propiciar la solidaridad nacional y también la internacional.

CONSTITUCIÓN POLITICA MEXICANA.

Artículo primero: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo segundo: Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas de todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.

Artículo tercero: La educación contribuirá a una mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexos o individuos.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006.

Los ciudadanos son iguales ante la ley y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de sus diferencias económicas, de opinión política, de género, religiosas, de pertenencia étnica o preferencia sexual u otras.

Este mismo documento, en su capítulo 5, “Área de desarrollo social y humano”, propone como objetivo rector número 2, “acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades” y, en relación con este objetivo, explica: Incrementar la equidad y la igualdad de oportunidades implica utilizar criterios que reconozcan las diferencias y desigualdades sociales para diseñar estrategias de política social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los hombres y mujeres de la población mexicana (p.84).

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 2001-2006.

habrá que experimentar nuevas modalidades para garantizar oportunidades de educación a los grupos de población dispersa. Deben desatarse los efectos negativos de las profundas asimetrías que subsisten en el desarrollo regional, tanto entre las pequeñas comunidades del medio rural y los centros urbanos, como las que pueden verse de manera creciente en las ciudades más grandes del país.

La noción de justicia se extiende hoy hasta incluir facetas de solidaridad impensables hace pocas décadas. Dos aspectos son de especial interés para esa reflexión: la importancia que ha adquirido la noción de equidad como discriminación positiva, en sentido compensatorio, en favor de personas y grupos que presentan situaciones de especial vulnerabilidad o necesidad; y los intentos por resolver la tensión que opone la identidad local, regional o étnica, y la solidaridad nacional e internacional.

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

OBJETIVOS CENTRALES:

Establecer los lineamientos que fundamenten la nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad y que, con base en las demandas y la participación de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, le otorguen un sentido integral a los programas y acciones que realiza el gobierno en su beneficio. Impulsar en forma decidida una mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas, así como el desarrollo sustentable de sus regiones. Garantizar el efectivo acceso de los pueblos, comunidades, organizaciones

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