Responsabilidad Del Estado

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TEMA Nº 28 (6)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

1. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

La responsabilidad del Estado es una consecuencia jurídica de su personalidad.

La actividad del Estado puede dañar o causar perjuicio a los particulares o administrativos ya sea en su patrimonio o en sus derechos no patrimoniales.

En ambos casos, la interrogante es si el Estado puede o no ser responsabilizado por tales daños o perjuicios, en que forma y cual su alcance, y cuales son los procedimientos de que disponen los particulares o administrados para hacer efectiva la reparación del daño o perjuicio ocasionados.

Históricamente, la responsabilidad del Estado ha sufrido una evolución, desde la total irresponsabilidad, hasta una amplia responsabilidad, que es el criterio recomendado por la doctrina administrativa actualmente.

1.1. RESPONSABILIDAD DIRECTA. En un Estado de Derecho, los daños y perjuicios ocasionados por el Estado en el desarrollo de su actividad, así fueren realizados por sus órganos, es decir sus agentes como parte integrante e indisoluble de éste, por medio de los cuales el Estado expresa su voluntad, determinan la responsabilidad directa.

1.2. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA O INDIRECTA. Los daños y perjuicios ocasionados por el agente en el ejercicio de sus funciones, por culpa o negligencia graves, son imputables personalmente a sus autores.

2. EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL.

La idea que prevaleció durante mucho tiempo era la de la total irresponsabilidad del Estado, noción que determinaba que los administrados no podían responsabilizarlo por los daños o perjuicios ocasionados por su actividad.

Como afirma escola, esa irresponsabilidad “no fue sino un resultado o un corolario necesario de la idea de soberanía, ya que el soberano – fuera quien fuese – era omnipotente, gozaba de infalibilidad y sus decisiones no podían causar verdadero perjuicio.

En el medioevo, los monarcas y príncipes fundaban su poder en el derecho divino, eran infalibles, nunca se equivocaban. Las designaciones de sus representantes siempre eran acertadas.

Poco a poco, esta idea fue resquebrajándose ante la evidencia de que los reyes y los príncipes no tenían origen divino, y que frecuentemente erraban en sus decisiones.

Posteriormente, el Estado continuaba siendo irresponsable, pero se admitían ciertos casos de responsabilidad de sus agentes, sin embargo los damnificados no tenían los medios aptos para hacer la efectiva. Generalmente, la responsabilidad de los agentes se limitaba a la sanción de acciones u omisiones dolosas o culposas graves.

El Prof. Dermizaky precisa: “La revolución Francesa, al proclamar la soberanía nacional y popular, determinó que los representantes del pueblo respondiesen de sus actos ante él, con lo que el orden jurídico de la democracia se asentó en la elegibilidad de los funcionarios públicos (no en la herencia, como en el viejo orden); en la alternatividad de los mismos, que dejaron de ser vitalicios, y en su responsabilidad. (Ver arts. 3, 6, 7 y 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano)”.

Más tarde, admitida la responsabilidad de los agentes, se extendió a la responsabilidad del Estado, por aquellos mismos actos o hechos, o por los suyos propios, así fueren legalmente realizados.

El advenimiento del Estado de derecho origina la responsabilidad amplia y directa del Estado.

Escola señala al respecto que “Bastará la actividad del Estado, la ausencia de responsabilidad personal del perjudicado, y la existencia del perjuicio, para que el Estado pueda ser constreñido a indemnizar”.

El art. 90 de la Constitución Política de Colombia promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dice: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.”

Rafael Bielsa opina que “si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el estado, es decir el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos”.

El art. 32 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 establece: “La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios a favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare responsable de los daños o hechos que motivaron la sanción”.

El Estado de Derecho impone que el Estado sea responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a los particulares.

3. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Los criterios doctrinales propuestos para explicar los fundamentos de la responsabilidad del estado, son:

3.1. TEORIA DE LA REPRESENTACIÓN.

Basada en principio y normas del derecho privado, postulaba que el Estado era el representado, y sus agentes los representantes. En consecuencia, el representado debía responder por los actos efectuados en su nombre por sus representantes.

Esta teoría, aplicable a los casos en los cuales era posible establecer que un perjuicio era atribuible a culpa o negligencia del agente, no corresponde aplicarse a los casos en los cuales los perjuicios son ocasionados por la actividad del Estado, sin culpa del agente,, o cuando la culpa puede atribuirse al agente y al Estado.

La crítica más severa señala que los principios y normas del derecho privado no son aplicables a las relaciones entre el Estado y sus agentes.

3.2. TEORIA ORGANICISTA.

De acuerdo a ésta teoría, los agentes públicos actúan como “órganos” del Estado, que expresan la voluntad estatal y todos sus actos lo hacen a nombre de aquel y como sus componentes.

El Estado actúa a través de ellos, debiendo por tanto asumir la responsabilidad emergente de su actividad.

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