Resumen De Caso Tala De árboles

ACCION POPULAR – Noción

El artículo 2º inciso 2º de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. De otro lado el artículo 9º ibídem, señala que esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

ACCION POPULAR - Se mantiene como medida cautelar de urgencia, la suspensión de la tala de árboles, con el fin de evitar un perjuicio irremediable al recurso ambiental / ACCIÓN POPULAR – Principio de precaución

Advierte la Sala que, si bien la referida violación de derechos colectivos aludida por los accionantes en la demanda no se encuentra plenamente acreditada, del material probatorio, sí resulta posible advertir la amenaza que enfrenta el recurso ambiental objeto de la presente acción, siendo entonces pertinente mantener la medida preventiva adoptada por el a quo, pues pese a no existir plena certeza técnica de la afectación alegada por los actores, sí existen indicios que, de conformidad con el principio de precaución anteriormente aludido, permiten suponer que la zona ambiental es objeto de un posible peligro irremediable. Además, revocar la medida cautelar, sería equivalente a negar la protección y dejar sin objeto la acción popular. Cabe destacar, que en reiteradas oportunidades ésta Sala ha considerado que éste principio proclamado en el Tratado de Río, y consagrado también en la Ley 99 de 1993, es consonante con los deberes de protección y conservación del medio ambiente consagrados en los artículo 79 y 80 de la Constitución Política, a cuyo tenor: “(…) la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, prescribió en su principio 15 que los Estados deben valerse del principio de precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, así no exista certeza científica absoluta sobre las consecuencias que este pueda generar. Si bien los Estados no deben adherirse a esta declaración, por no tratarse de un convenio o tratado, debe destacarse que dicha declaración ha sido carta de ruta en materia medio ambiental para el legislador colombiano. De hecho, la Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental, se refirió al principio de precaución, en el numeral 6° del artículo 1°, disponiendo que pese a que en la formulación de políticas ambientales el Estado debía tener en cuenta el resultado de los procesos de investigación científica, debe asimismo dar aplicación al principio de precaución conforme al cual “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00941-01(AP)A

Actor: JUAN CARLOS VALENCIA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandados, contra el auto de 3 de julio de 2013, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Primera de Oralidad) admitió la demanda de acción popular y decretó como medida cautelar de urgencia la suspensión de la tala de árboles autorizada por la Resolución No. 130AS-1210-1752 de 2012 (17 de octubre), expedida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

El 2 de julio de 2013, los ciudadanos JUAN CARLOS VALENCIA, FABIO MAURICIO MARTINEZ, JULIANA VÉLEZ ECHEVERRI, ALEJANDRO JIMENEZ OSPINA y CAMILO QUINTERO GIRALDO, en nombre propio, entablaron acción popular contra CORANTIOQUIA, el MUNICIPIO DE ENVIGADO, METROPLÚS S.A. y la sociedad de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS – AIA, para reclamar la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, goce del espacio público; realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respectando las disposiciones jurídicas; y la defensa del patrimonio público.

1.1. HECHOS

METROPLÚS S.A., como entidad responsable del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, adelantó la licitación pública No. LP-03 de 2012 , para la construcción del Tramo 2B del corredor parcial Metroplús en el Municipio de Envigado. Y como resultado del proceso de licitación adjudicó por medio de la Resolución No. 20130046 de 2013 (1 de marzo) dicha construcción a la sociedad AIA.

Mediante oficio DI-620-0849, radicado el 2 de marzo de 2012, METROPLÚS S.A. solicitó ante CORANTIOQUIA el permiso de aprovechamiento de árbol forestal aislado para la construcción del Tramo 2B, regulado por los artículos 55 y siguientes del Decreto 1791 de 1996.

A través de Acto Administrativo No. 1205 - 8940 de 2012 (17 de mayo) CORANTIOQUIA admitió la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, ordenando luego en el Acto Administrativo No. 130AS – 1209 - 9266 de 2012 (11 de septiembre): “revisar los diseños del proyecto y evaluar la posibilidad de retirar en menos porcentaje los árboles ubicados en el separador central de la vía con el fin de reducir los impactos negativos y mantener los beneficios ambientales que ofrecen muchos de estos árboles en el área de influencia del proyecto.”

Con Resolución No. 130AS - 1210 - 7152 de 2012

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