Sistema De Salud Peruano

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A PASO LENTO

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Tras cuatro años de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, la falta de financiamiento e infraestructura en salud son la principal barrera para reducir la brecha entre la oferta y la demanda. En el 2012, las farmacias desplazaron al Minsa, ocupando el primer lugar en la atención de consultas, a pesar de la ley.

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Sara Huerta recuerda a su madre con cariño. Hace dos años cerró sus ojos pero le heredó los invalorables mejores recuerdos de su vida. Sin embargo, la rabia invade sus sentimientos cuando vuelven a su mente las frustraciones que vivía al llevar a su progenitora a un hospital público. El maltrato del personal de salud, citas para dentro de unos meses y colas era una realidad que Sara no podía esquivar. Frustración similar le tocó vivir a Justo Herrera, padre de cuatro niños, el mayor de 11 años, el segundo de 8, la tercera de 6 y el último de 5. Justo no pudo evitar que su mujer muera desangrada luego del parto que tuvo en su domicilio. La posta más cercana, en la que solo atendía una obstetriz, estaba a cuatro horas del centro poblado de donde vivía, agotando cualquier intento de auxilio. Dichos casos eran solo una muestra de la situación del sistema de salud del país, que demandaba de una reforma. Respuesta que llegó en el 2009, con la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

“Tres principales razones motivaron el AUS en el 2009”, sostiene Óscar Ugarte, exministro de salud, quien lideró dicha reforma.

De acuerdo a Ugarte, en el 2008, las estadísticas daban cuenta que los accidentes y enfermedades ocupaban el primer factor de vulnerabilidad de las familias; cerca de la mitad de la población no contaba con un seguro de salud; y, el 50% afectaba su economía cuando sufría un problema de este tipo.

A ello se sumaban las razones por las cuales la población en el ámbito nacional no buscaba atención cuando padecía un problema de salud. La falta de tiempo, maltrato del personal de salud, lejanía, desconfianza y demoras en la atención eran las principales quejas del 51% de los hogares, en el 2008, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Otro dato a tener en cuenta es que en ese mismo año, la farmacia ocupaba el segundo lugar de búsqueda de atenciones con 31%, después de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa) con el 38% de preferencia de la población. Le seguían las consultas particulares con el 15% y Essalud con el 12%.

Ugarte indica que frente a esa situación, el AUS planteó la incorporación gradual de toda la población residente en el país a un seguro de salud, al 2016. A la vez de combatir la segmentación y fragmentación del sistema vía la estandarización de procesos y procedimientos, el intercambio de servicios entre instituciones y la inversión coordinada.

A grandes rasgos, el AUS designó como ente rector de la reforma al Minsa y creó como ente supervisor a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa). Clasificó en dos categorías a los participantes del sistema de salud: Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento (IAFAS) -como Essalud y el Seguro Integral de Salud (SIS), que gestionan los fondos de la Seguridad Social y de públicos de salud, respectivamente-; y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRES), que prestan servicios de atención en salud, a través de sus establecimientos -como los hospitales y centros de atención de Essalud, el Minsa y las clínicas privadas-.

Se creó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) como el programa de beneficios mínimo que toda IAFA debía ofrecer a sus afiliados. El PEAS cubriría hasta el 65% de los problemas de salud más frecuentes de la población (carga de enfermedad), sobre un costo de 280 soles al año, a precios del 2008, según el Minsa.

Para solventar el PEAS y aumentar la base de asegurados, la norma fijó tres mecanismos de financiamiento. El régimen Contributivo, cuyos aportes provienen de la seguridad social y la ampliación de su cobertura se basa a través de la creación de nuevos empleos formales. “Que en tiempos de bonanza económica es posible”, según Ugarte.

El segundo régimen, Subsidiado, que como su nombre lo indica, el seguro es financiado por el Estado, pero para los más pobres. El gobierno asume la responsabilidad de aumentar la cobertura de salud en forma progresiva a esta población. Y el régimen Semicontributivo, en el que el Estado exige un aporte parcial para la adquisición del PEAS a los que no tienen empleos formales pero no son pobres –los independientes-, incrementando su cobertura bajo mecanismos coercitivos.

La ley, también estableció un financiamiento para las enfermedades de alto costo no cubiertas por el PEAS, únicamente para los afiliados del régimen subsidiado.

Según Ugarte, se preparó una hoja de ruta de mediano y largo plazo para la ejecución del AUS, en el que se preveía la expansión gradual de la población asegurada y de los beneficios del PEAS. Esta tenía como meta, entre el 2009 y 2011, brindar cobertura de salud a 18 regiones del Perú, con un PEAS que atienda el 65% de carga de enfermedad, para llegar al 2016 con las 26 regiones del país cubiertas y con un PEAS al 80% de carga de enfermedad.

El balance

Hoy luego de cuatro años, ¿cuál es el balance? Para Ugarte, uno de los principales aspectos positivos de la reforma ha sido la equidad que ha brindado el aseguramiento público. Argumenta que la población de las zonas rurales afiliada a un seguro de salud aumentó de 56% en el 2008 a 73% en el 2012 y el número de afiliados del SIS –que es el régimen Subsidiado- ha superado al número de asegurados de Essalud –régimen Contributivo-. “El aseguramiento público ha prioriza a la población más necesitada”, comenta.

No obstante, a pesar de ser cierto lo dicho por Ugarte -pues además del aumento de la cobertura del SIS, la población peruana que cuenta con un seguro médico creció del 50% al 65%-, la oferta de salud no fue de la mano con la expansión de la población asegurada. En el 2012, las farmacias ocuparon el primer lugar de las atenciones de la población que padeció algún problema de salud, con el 36% de las preferencias, desplazando a los establecimientos del Minsa, con el 31%. Situación que era contraria antes de la reforma.

“El sector privado ha venido a cubrir la baja calidad de los servicios de salud públicos y la falta de dinero para que haya una mayor cobertura”, sostiene Juan Arroyo, profesor de Centrum Católica y especialista en temas de salud.

Para

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