Ejercicio formulación política pública de control fiscal en Colombia

Ejercicio formulación política pública de control fiscal en Colombia

Presentado por:

Wilmer Alberto Orjuela

Andrés Bran Tobón

Jhonatan David Neira

Escuela Superior de Administración Pública ESAP

Elementos para la Estructuración de Políticas Públicas

Villavicencio – Meta

2018

Ejercicio formulación política pública de control fiscal en Colombia

1. Introducción

El presente documento se basa en los parámetros dados en la guía para la formulación e implementación de políticas públicas del distrito e intentara construir una política pública de control fiscal para Colombia, toda vez que resulta curioso que, aunque con la ley 42 de 1923 se crea en el país la contraloría general de la república (CGR) como recomendación de la misión Kemmerer, en un principio se concibió como un ente que vigilaría el gasto público, con un control fiscal de tipo perceptivo y predictivo y posteriormente mediante la Ley 20 de 1975 se crea por primera vez el control posterior, aplicado a las empresas industriales y comerciales del Estado, y acto seguido a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, el control fiscal se pasó a un control fiscal posterior y selectivo., y una vez se consolido el control fiscal mediante la Ley 42 de 1993, la vigilancia de la gestión fiscal en Colombia pasó de ser numérica-legal, para convertirse en tarea económica, contable, financiera, física, jurídica y social por el papel relevante de la participación ciudadana con el control social, o se cuenta en Colombia con una política pública de control fiscal que brinde herramientas para un fortalecimiento claro del control fiscal efectivo que el país requiere en la lucha titánica y necesaria contra el flagelo de la corrupción.

El Control fiscal en el país es liderado por la Contraloría General de la República encargada de vigilar los recursos de la Nación y las contralorías territoriales encargadas de vigilar los recursos de los departamentos, municipios y distritos. Los recursos de las contralorías territoriales dependen exclusivamente de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ILCD) de los departamentos, municipios y distritos en donde se tienen en cuenta la categoría de la entidad territorial. Tanto la contraloría general de la república y las contralorías territoriales conforman el sistema del control fiscal colombiano, sumada a estas con la ley 106 de 1993 se creó la auditoria general de la república (AGR) entidad que vigila la gestión fiscal de la Contralorías.

Aunque Colombia tiene un sistema bien conformado de control fiscal eso no ha disminuido los problemas de corrupción y perdida de recursos públicos que son noticia en el país año tras año.

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2. SINTESIS

En el país no existe una política pública de control fiscal que coadyuve a disminuir los casos de corrupción, pero si un observatorio de esta política pública creado en el año 2018 por parte de la Auditoría General de la Republica (AGR) con la universidad Santo Tomas, que tiene como objeto ser un espacio para que la comunidad científica pueda adelantar procesos de investigación que impacten el medio social y faciliten una administración transparente y responsable.

Analizando el papel de este tipo de entidades, ha sido poco común la revisión del ejercicio de accountability horizontal sobre las políticas públicas, siendo las Políticas Públicas instrumentos de intervención del Estado frente a problemáticas sociales, y por tal razón receptoras de importantes rubros presupuestales para su diseño e implementación, lo que se traduce en un alto potencial de impacto en un escenario social crítico, por consiguiente el seguimiento y evaluación que se efectúe sobre ellas, reviste gran trascendencia. La Contraloría General de la República de Colombia, en adelante CGR, es una EFS, concebida constitucionalmente como un organismo de control autónomo, al cual se le designó el ejercicio del control fiscal, entendido como la función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles (Congreso de la República, 1993). Dentro de la estructura organizacional de la CGR, existen Contralorías Delegadas por Sectores, y a su vez en cada una de ellas, dos direcciones, una de Vigilancia Fiscal y otra de Estudios Sectoriales, a estas últimas se les atribuyó la función de evaluar el desempeño de la gestión fiscal y la implementación de las Políticas Públicas, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo Económico, Social y Ambiental vigente, con el propósito de establecer la oportunidad y pertinencia de cobertura a los sectores a que son dirigidas (Presidencia, 2000).

Si bien la función de vigilancia de la CGR sobre las Políticas Públicas no es nueva, lo cierto es que, ha sido en los últimos años en los que se ha empezado a dimensionar ese ámbito de control, el cual es diferente del control genérico ejercido sobre la gestión financiera y de resultados que se efectúa sobre una entidad en relación con un período determinado. El monitoreo y seguimiento de políticas públicas desde la perspectiva de la EFS, permite complementar las evaluaciones efectuadas por sistemas con orientación predominantemente política, como se señaló líneas atrás, y de igual manera puede establecer objetivamente las condiciones reales sobre la efectividad e impacto de las Políticas Públicas, porque como veremos a continuación la ciudadanía no encuentra eficaces las acciones contra la corrupción, que es un factor que en un momento dado, obstaculiza el proceso de implementación de Políticas Públicas en un Estado como Colombia.

Siguiendo la línea argumental planteada, en relación con los riesgos que rodean la puesta en marcha de una política pública, vale la pena señalar algunos datos de interés para contextualizar el objeto de estudio. Colombia es un país en desarrollo con 48.058.414 de habitantes, viene experimentando un importante desarrollo económico; pero a su vez en materia de corrupción ha sido permeada a niveles bastante representativos, muestra de ello son las mediciones existentes sobre el tema como son: el Barómetro Global de Corrupción 2013 (Restrepo Hung, 2013), en el que se señala que de las personas encuestadas el 62% considera que la corrupción en Colombia es un problema muy serio en el sector público; así mismo frente a la gravedad de la corrupción en una escala donde 1 es menos grave y 5 muy grave, los encuestados la calificaron con 4.4.De igual manera, el 56% de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado, el 28 % que se ha mantenido y el 16 % que ha disminuido.

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