Gestión De Organizaciones públicas En Latinoamérica: 1980 Hasta La Actualidad

El sistema colonial, la heterogeneidad regional, la dependencia y el subdesarrollo económico llevaron a que los Estados de Latinoamérica fueran, desde mediados del XX, actores centrales en los procesos de desarrollo económico, mediadores de los conflictos sociales e interlocutores entre actores económicos extranjeros y nacionales. El estado presenta una doble condición: fuerte, pues asumió durante el siglo XX múltiples labores de regulación de la vida social y económica; débil pues ha sido incapaz de convertirse en un actor imparcial con autonomía y ha terminado por privilegiar los intereses de ciertos grupos sociales (partidos políticos, caudillos regionales, elites tecnocráticas y empresariales) en la definición de sus formas de intervención y le desempeño de su Burocracia.

Esto ha llevado a generar una modernización parcial en el Estado, a que su burocracia conjugue valores (como los personalismos carismáticos y el favoritismo como criterio de acceso) con criterios modernos (existencia formal de carreras administrativas, basadas en merito) y valores pos burocráticos, en el sentido de configurar organizaciones flexibles y, en ciertos casos, “huecas”, pues recurre de manera excesiva a la subcontratación en la operación de sus funciones.

• Gestión privada de lo público: Privatizaciones y Concesiones (1980-2000)

La historia de la primera década del siglo XX de los Estados Latinoamericanos muestra que importantes campos de intervención estatal (educación, salud y las primeras empresas de energía eléctrica, entre otros) emergieron por efecto de la actuación de agentes no estatales (empredores nacionales y extranjeros, comunidades religiosas) y no tanto por una iniciativa estatal. Sin embargo, desde las décadas de los años veinte y treinta se revierte lo anterior y se produce una creciente estatización de sectores de la vida social antes no intervenidos. En los años ochenta, con ocasión de la crisis de la deuda externa y el aparente agotamiento del modelo ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) para impulsar procesos de mayor industrialización y creación de puestos de trabajo, se genera una reestructuración de las administraciones públicas (privatizaciones, concesiones, subcontratación). Se pasa de un modelo desarrollista a un Estado regulador. Así el rol del estado consiste en generar el ambiente de estabilidad y favorabilidad macroeconómica que estimule la iniciativa privada y en realizas las inversiones que potencien el desarrollo de largo plazo que el mercado no está interesado o en capacidad de asumir. Se produce entonces una reversión en la tendencia estatizadora. Se busca con la reestructuración, la adecuación del Estado al rol de facilitador y socio del sector privado.

Así se configuran las llamadas “Comunidades de políticas” es decir, estructuras público-privadas encargadas de orientar las intervenciones estatales (políticas), de las cuales las antiguas organizaciones públicas de planeación representan un actor más en la re de actores interesados en la temática.

En el Ámbito privado, las organizaciones que asumen la provisión de los servicios públicos transferidos o concesionados por el Estado tienden a manejarse con las lógicas de flexibilización y subcontratación de partes de los procesos operativos que caracterizan al modelo de organización posfordista.

La idea de pasar el control de las necesidades básicas al sector privado es una fuente de preocupación, y han contribuido a formar algunas de las opiniones negativas de la privatización en la zona. Sin embargo, la adopción de contratos de concesión para la introducción de participación privada en el proceso,

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