LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN COLOMBIA UN PROBLEMA QUE NO SOLO SE RESUELVE EN LAS AULAS DE CLASE

Cuando se revisan documentos como los elaborados por el Banco Mundial, La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas opciones para un programa de política, y se los contrasta con documentos como los planes sectoriales, se observa que el conjunto de determinaciones expedidas en los últimos años por los gobiernos de turno en materia educativa, derivan más que de la generación de una verdadera política educativa, de la necesidad de estar a tono con un conjunto de exigencias y reflexiones planteadas a nivel internacional.

No se debe olvidar que una verdadera política educativa nace de un proceso permanente de reflexión, basado en la investigación y realizado por parte de toda la comunidad educativa o sus representantes, con el acompañamiento y orientación del estado. Proyectado además, para generar desarrollo humano e impactar la sociedad en determinado momento, al orientar estrategias y acciones que buscan la formación integral de las personas y las generaciones futuras en determinado contexto.

En este sentido, ya se da un primer desbarajuste, las políticas educativas que se dictaminan en Colombia, no son fruto de la reflexión de los actores directamente implicados, ni tampoco son producto de negociaciones y consensos como lo recomienda la evaluación constructivista, modelo de evaluación de cuarta generación en materia de políticas públicas. Lo anterior a su vez, tiene como consecuencia que los diversos agentes no se empoderen de los procesos, ni se comprometan con los mismos. Existe en realidad, una resistencia a lo impuesto, al menos en lo que a los educadores respecta.

Un segundo desbarajuste se da, a raíz de la perversión que guardan políticas que sobre el papel son aparentemente buenas. Por ejemplo:

• Nadie discute en sí misma, una política que busque cobertura, la educación es un derecho como lo expresa la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (s.f.), a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el inciso 1 del artículo 26

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Sin embargo, cuando esa cobertura va en detrimento de la calidad educativa, con aulas que sobrepasan los 50 estudiantes como sucede en la educación básica, cuando la misma solo pretende mostrar frías cifras estadísticas, allí hay perversión.

• Cuando se habla de inclusión, el corazón se alegra de que se acepten a otros que estaban marginados, ¿pero será que ese mismo docente que atiende a los más de 50 estudiantes anteriores, puede dedicarle y brindarle un espacio digno y la atención que se merece una persona con una diversidad funcional? ¿Están los profesores realmente capacitados para atender este tipo de población?

• Programas de transferencias condicionales de dinero en efectivo, como familias en acción, que reconocen que las inequidades sociales afectan el acceso y la retención de los estudiantes en los sistemas educativos, terminan también pervirtiendo cuando son utilizadas como fuente potencial de votantes y formas de perpetuar en el poder a quienes los diseñan y proponen.

A propósito del término inequidad tocado en el punto anterior, un tercer desbarajuste, muy complejo y difícil de resolver, es el provocado por el sistema económico dominante, y el cual afecta directamente a la educación en razón a la terrible desigualdad social que provoca. Los mismos estudios del Banco Mundial concluyen que la inequidad social afecta la calidad educativa de las personas. Sin la búsqueda real de una equidad social paralela, los resultados de las políticas educativas por muy buena intención que tengan, difícilmente lograrán los resultados esperados. Además,

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