LA CONSTITUCION AL SERVICIO DEL PODER

LA CONSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL PODER

La Constitución, norma fundamental de una nación y principal Institución del Estado, no debería ser objeto de modificaciones o reformas creadas exprofeso, para servir a los fines particulares de un individuo o grupo en el poder.

A lo largo de la historia múltiples ejemplos han dado cuenta de la manera en que gobernantes sin escrúpulos corrompieron el aparato legislativo nacional, para conseguir “torcer” el contenido de su norma fundamental en busca de privilegios particulares. Perpetuarse en el mandato es quizás el motivo más recurrido dentro de esta baraja de componendas.

El Caso Venezolano. En febrero de 2009, el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías consiguió, mediante un referéndum(1), la mayoría necesaria que le autorizaba a reformar, entre otros, el texto del Artículo 230 de la Constitución venezolana para poder reelegirse de manera indefinida en el cargo(2).  Así, logró burlar el mandato fundamental previo que lo obligaba a limitar su estancia como gobernante a dos periodos de seis años cada uno(3), para erigirse como un dictador más en historia de la América Latina.

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Fotografía TelesurTv.Net

El Caso Mexicano. En diciembre de 2013, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, apoyado en una mayoría en el Congreso, liderada por integrantes de su propio partido, logró privatizar la industria petrolera(4). Valiéndose del aparato legislativo a su servicio, reformó, entre otras enmiendas, los artículos 25 y 27 de la Constitución(5)(6), despojando al pueblo de México de su principal producto de exportación y del motor de la economía nacional (hasta entonces, fuente de más del 30% de los ingresos presupuestales del país(7)): el petróleo.  

En ambos casos, poco valieron los “candados” impuestos para evitar reformas a modo, previstos las propias normas fundamentales, pues las camarillas en el poder alcanzaron las mayorías necesarias para establecer las reformas.  

Ante escenarios como éste, es necesario replantearse la eficacia y alcance de la Ley Suprema de una nación, cuando los candados impuestos para su reforma, resultan insuficientes para evitar la defraudación, proveniente de grupos en el poder, quienes al amparo de la corrupción, vulneran la soberanía del Estado y atropellan las principales instituciones nacionales, lesionando intereses sociales prioritarios y superiores, a los que, como principio, a nadie debería permitirse el dominio sobre su vigencia.

En este tenor, el carácter rígido que se le atribuye a la mayoría de constituciones nacionales (definición derivada de la aparente solidez en el procedimiento para reformarlas(8)), no representa una garantía real y consistente para enfrentar un ataque organizado contra el régimen constitucional.

Hay quien podría alegar que dicho esquema constitucional es sólido, considerando la legitimación de la que goza, dado el carácter representativo del parlamento al que se le encargan sus enmiendas: el hecho de que sean legisladores electos popularmente quienes deciden sobre tales reformas, garantiza que es el pueblo quien expresa su voluntad a través de ellos y por consecuencia las reformas, así logradas, constituyen la voluntad popular.

La realidad es otra muy distinta.

Postular que los representantes populares actúan por default al margen de sus propios intereses y únicamente son portavoces de la voluntad de quien los eligió, hoy en día equivale a una utopía, una visión parcial de la realidad, sobre todo cuando se habla de las democracias latinoamericanas.

Una evaluación objetiva de la democracia parlamentaria, nos conduce a pensar que, como todos los sistemas políticos por los que ha transitado la humanidad, contiene errores y defectos y son propensos a la corrupción que en gran medida los aqueja.

No basta entonces que la Constitución prevea altas medidas de seguridad para evitar reformas exprofeso; se necesita proveerla de esquemas absolutos de protección, es decir, blindarla contra cualquier confabulación que pretenda hacerla objeto de componendas, con las que se busque legitimar regímenes de poder basados en el fraude y la simulación.

Una posibilidad de solución a este problema, consiste en un blindaje constitucional absoluto para aquellas normas que representan el fundamento y razón de ser del Estado, estableciendo una prohibición absoluta a su modificación o alteración.

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