LOS DELITOS POLÍTICOS FRENTE A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

LOS DELITOS POLÍTICOS FRENTE A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

La ley 975 de 2005, aprobada por el Congreso el 22 de junio de 2005 y sancionada por el Presidente de la República un mes después, es el marco legal para juzgar los delitos atroces (como secuestro, genocidio, desaparición forzada o tortura) cometidos por guerrilleros y paramilitares que quieran dejar las armas y reinsertarse a la vida civil. También aspira a que sus víctimas puedan ver garantizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación .

La Ley de Justicia y Paz establece beneficios penales a favor de miembros de grupos armados ilegales involucrados en la comisión de graves crímenes contra la población civil durante el conflicto armado, que hayan acordado deponer sus armas. Sin embargo, no puede decirse que a esta ley se le ha dado estricto cumplimiento, por el contrario muchas de las dificultades que se han presentado están fundamentadas en la falta de transparencia de los procesos, partiendo de las instituciones encargadas de hacerla cumplir.

Dentro de este proceso se han presentado quebrantamientos que han demostrado que la ley de justicia y paz no ha cumplido cabalmente con los fines para la que fue propuesta, y esto se demuestra en las constantes denuncias ante los distintos organismos del Estado, los fallidos procesos anexos a la ley y especialmente en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas. A pesar de que es fundamental para la ley buscar que la verdad salga a la luz pública, está siempre se ha presentado a medias y las instituciones se han quedado cortas en la aplicación de mecanismos para que este derecho que tienen las víctimas sea totalmente restablecido.

“Los guerrilleros cometen delito de rebelión”, observó el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, pero – añadió -, “si matan fuera de combate, desaparecen personas, reclutan menores, colocan bombas como la del club ‘El Nogal’, secuestran, torturan, ejecutan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo serán tratados como delincuentes comunes”. El ex-vicepresidente Humberto de la Calle – quien comparte la tesis de “preservar el delito político, mientras no cambien nuestras condiciones”, también advirtió: “desde siempre los llamados ‘actos de ferocidad y barbarie’ estaban excluidos del delito político”.

Ahora bien, si esto se relaciona con los considerados delitos políticos, puede decirse que: tratándose de sedición y rebelión, y siendo estos los penalizados a través de la ley, es bastante triste que los delincuentes pertenecientes a estos grupos armados, y que además también han cometido otra clase de infracciones vinculados con el narcotráfico, sean también considerados como beneficiarios de esta Ley de Justicia y Paz, sólo por confesar algunos de sus crímenes (ya que no pueden comprobar que los hayan confesado todos) y entregar

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