Ley De Justicia Y Paz

LOS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION SEGÚN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ.

La investigación se basa principalmente en los derechos de las victimas por la violencia a causa de los grupos armados al margen de la ley, tomando como principal el estudio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Para dar comienzo a esta investigación nos centramos claramente en la ley de justicia y paz que más adelante será explicada y contextualizada, en segundo lugar se tratara la sentencia C-370 de 2006.

La ley 975/05 se comenzó a discutir a partir de 5 de marzo de 2005 durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Republica con el fin de establecer un marco jurídico para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta ley se dio durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez quien recibió una gran cantidad de críticas ya que esta propuesta se constituía de penas no carcelarias a los paramilitares, lo cual no contribuía a la situación de las víctimas del conflicto armado.

A causa de lo anterior se aclaró en la sentencia C-370 de 2006 que la ley de justicia y paz no ofrecía amnistía ni indulto si no una pena alternativa que iba de 5 a 8 años de prisión, para que esta pena se aplicara de tal forma se deben cumplir una serie de condiciones las cuales son: no volver a delinquir, brindar una información completa de todos los actos realizados en el grupo armado al margen de la ley, no tener nexos con el narcotráfico e indemnizar a las víctimas por medio de bienes que se encuentran en su posesión.

Introducción

A partir de acontecimientos que han ocurrido en Colombia como lo son crímenes ocasionados a ciudadanos por grupos armados al margen de la ley, dando así por entendido la vulneración de sus derechos y de acuerdo con lo establecido en el marco de la ley 975 de 2005 ¿Por qué se cree que la ley de justicia y paz no cumple la protección del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas?

Se realiza este proyecto con el fin de resaltar la importancia de los derechos de las victimas que han sido vulnerados por grupos al margen de la ley, investigando así porque los derechos a la verdad, la justicia y la reparación no se cumplen a cabalidad. Por otro lado se intenta dar a conocer la eficacia de esta ley y de qué manera cubre y beneficia a las víctimas. Posteriormente se investiga sobre la amnistía y el indulto nombrados en la ley los cuales fueron corregidos por la sentencia C-370 de 2006 con penas alternativas dando así prioridad a sucesos sociales que pueden ocurrir por motivos de venganza.

Se planteo como principal objetivo el análisis de la ley de justicia y paz constituyendo una crítica a esta, señalando primordialmente los derechos que han sido vulnerados a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Luego se determinó porque es tan difícil adoptar un marco jurídico en un contexto de conflicto armado. Después y a partir del estudio de la problemática se puede concluir cuales son en realidad las obligaciones del estado Colombiano respecto a estas víctimas.

La presente investigación se refiere al tema de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley, tomando como base los derechos de las víctimas, tales como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, por otro lado, buscando una respuesta la razón por la cual se llega a creer que estos derechos no tienen una verdadera garantía. Al llegar a esta inquietud pudimos identificar que la característica primordial de esta ley, es que garantiza mayormente los derechos de los victimarios que los de las víctimas.

Para analizar esta problemática el principal objetivo es establecer las funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación, la cual fue creada junto a la ley 975/05 (art 50), para de esta manera plantear una crítica constructiva partiendo del análisis de los antecedentes con el fin de reivindicar los derechos de las víctimas. En segunda instancia se plantea una posible solución de acuerdo a la violencia causada por grupos armados al margen de la ley para así entender porque para nuestro país es difícil establecer un marco jurídico en medio del conflicto armado, posteriormente se concluye con las obligaciones que el Estado debe cumplir y garantizar a las víctimas y al pueblo en general.

A partir de la problemática planteada se conoce que la justicia se encuentra en un nivel complicado de alcanzar, puesto que llegar a una decisión en la que se encuentre gobernabilidad democrática y justicia para las victimas de la violencia. Como es expresado por Mark Freeman “La demanda de justicia se encuentra a su máximo nivel, mientras que la posibilidad de brindar justicia por parte del Estado se encuentra a su nivel mas bajo”.

Con esto se puede llegar a deducir que tanto el Estado se encuentran en un proceso de deterioro en el que administrar justicia se convierte en un arduo trabajo, a esto se le suma la corrupción de muchos de nuestros funcionarios públicos, por consiguiente se plantea en este proyecto la gran dificultad que lleva dar a quien lo que le corresponde y mas en un proceso de Justicia Transicional.

Por tanto es necesario adoptar nuevas normas que garanticen la protección y en esta sean primordiales los derechos de las victimas ya que diversos sucesos tanto como la ley nos han llevado a deducir que el principal objeto de esta son los desmovilizados sin tomar en cuenta los derechos primordiales de las víctimas. A pesar de que es difícil establecer de forma acertada una respuesta a esta problemática, ya que finalmente en la actualidad se siguen discutiendo planteamientos acerca de esta ley, lo que se busca con el proyecto es dar nuestra perspectiva frente a lo ocurrido. En general para que haya una reivindicación a estos derechos es necesario obtener diferentes medidas, entre ellas: Económicas, políticas, jurídicas y éticas en cabeza de instituciones públicas.

Metodología

El diseño metodológico se basa primordialmente en la ley 975 del 2005 la cual es la principal facilitadora del proceso de paz por medio del desarrollo de una justicia transicional la cual hace referencia a esos cambios radicales que se tiene en cuanto al orden social. La ley de justicia y paz brinda una serie de beneficios a todos aquellos miembros de grupos armados al margen de la ley que decidan reinsertarse a la vida civil y de esta manera lograr la paz.

A partir de lo anterior se decidió iniciar la presente investigación, tomando como base el artículo 40 de esta misma, el cual menciona que el estado deberá promover y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, el cual inicio inquietándonos respecto al debido cumplimiento del mismo.

De la misma forma los decretos reglamentarios 4760 de 2005 y 3391 de 2006 fueron los que guiaron a la investigación hacia una nueva perspectiva con el fin de establecer cuales son las razones por las que los derechos humanos de las victimas no se están cumpliendo como a estos les corresponde. En cuanto a estos decretos se establece que las victimas tendrán un derecho a la reparación de los daños sufridos por las conductas punibles de miembros de grupos armados al margen de la ley tendrán derecho a la reparación individual o colectiva con acciones como la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la reparación simbólica lo cual comprendido en la ley 975 de 2005.

Los miembros de grupos armados al margen de la ley que sean declarados culpables penalmente son obligados a responder por la reparación individual y colectiva establecida en la sentencia.

Así mismo existen disposiciones complementarias como la ley 1448 de 2006 la cual plasma en sus artículos 3, 23, 24 y 25 la definición de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. El artículo 3 define a la víctima como un individuo que haya sufrido daño por hechos ocurridos como consecuencia a faltas al Derecho Internacional humanitario o de violaciones graves a estos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Por otro lado, el artículo 23 define el derecho a la verdad como un derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de motivos o circunstancias de la suerte que corrió la víctima. El artículo 24 se refiere al deber que posee el estado de realizar una investigación exhaustiva que tenga como fin el esclarecimiento de las violaciones cometidas por miembros de grupos armados al margen de la ley. Articulo 25 este articulo tiene como fin indemnizar a las víctimas por los daños que han sufrido por consecuencia de violaciones a sus derechos en medio del conflicto armado interno.

Conclusiones

1. En primer lugar está claro que no se puede hablar de reparación integral si no se conocen los acontecimientos, por tanto la falta de revelación de la verdad ha llevado a que la impunidad se consolide, de cierta manera por la falta de la capacidad de la fiscalía para atender la cantidad de casos de desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz.

2. El Estado Colombiano debe reconocer el problema y los hechos de violencia vividos para así establecer una verdadera reparación.

3. Existe una gran falta de compromiso por parte de los paramilitares quienes no revelan toda la verdad de los hechos. A partir de lo anterior se refuerza el problema cuando la ley no exige más que el reconocer que este hizo parte del grupo armado al margen de la ley.

4. La ley no maneja con efectividad los mecanismos que en ella se establecen, por tal motivo brindar una verdad de forma completa es algo realmente

...