La equidad de género ha ido cobrando importancia en la agenda de política pública internacional y nacional

La equidad de género ha ido cobrando importancia en la agenda de política pública internacional y nacional, se le reconoce explícitamente como componente fundamental en el diseño de estrategias de desarrollo. Actualmente existe un pleno reconocimiento de las desigualdades de género como objeto de atención de política pública. Esto ha sido fruto de una prolongada e intensa labor de actores desde diversas esferas, entre ellos organizaciones de mujeres, movimientos feministas, comunidades académicas, organismos de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y organismos no gubernamentales. La manera en que se han atendido necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres para erradicar desigualdades de género por medio de política pública tiene muchas regularidades y semejanzas entre países. Esto se debe fundamentalmente a que el espacio en el cual se han construido acuerdos para avanzar en la construcción de una perspectiva de género ha sido el de las conferencias internacionales de la mujer y los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, los intentos para que estos acuerdos se concreten en política pública han tomado formas diversas. Cada país ha respondido con particularidades locales y posibilidades diversas, los acuerdos han tenido efectos en diferente medida en los países “según su mayor o menor vulnerabilidad internacional, según la sensibilidad ante dichas áreas de intervención o incluso según la permeabilidad de su sistema político”. El objetivo de este tema es reflexionar sobre la manera en que se han incorporado en la política pública en México las necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres para erradicar desigualdades de género, avanzar hacia la igualdad de género y el cumplimiento del rol que le compete al Estado en esta tarea es el propósito en que se funda la propuesta de políticas públicas para la igualdad de género elaborada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

DESARROLLO

La equidad de género en consonancia con la tendencia internacional de antes de la década de los setenta, las acciones públicas en México consideraron las necesidades, demandas o intereses de las mujeres en tanto su función reproductora y familiar, limitándolas a las labores de madres y amas de casa. Haciendo referencia a una vocación natural y a preferencias individuales, de las mujeres como receptoras necesitadas y pasivas. En el marco del papel central que se otorgó al crecimiento poblacional en el desarrollo de los países, interesó de las mujeres su posibilidad de engendrar y los papeles asociados a esta posibilidad de dar vida. Por esto, fue fundamental propiciar condiciones sanitarias adecuadas para esta reproducción y el posterior cuidado de los hijos. Mejorar sus condiciones para encargarse del bienestar comunal o familiar también fue importante. El Programa de Bienestar Social Rural, creado en 1953 durante el sexenio de Ruiz Cortines, es un buen ejemplo de las acciones gubernamentales dirigidas a apoyar a las mujeres en actividades alrededor de sus roles de madres y amas de casa. Dicho programa ofreció jardines de niños; desayunadores infantiles; cursos de corte, costura, confección y labores manuales; cocina de demostración y conservación de alimentos, así como clubes de madres para que las mujeres adquirieran conocimientos de los cuidados y la crianza que debe darse a los niños, prácticas de salud y economía doméstica. Al centrar la atención en las mujeres como madres y amas de casa, su participación en el mercado de trabajo y su actividad como jefas de familia y proveedoras se consideró una situación excepcional que no requería de la acción pública. Las trabajadoras fueron colocadas, junto con los menores de edad, entre “los más débiles sectores obreros” o “trabajando en el campo al lado del hombre” para superar condiciones de vida “verdaderamente angustiantes”; Así, la población femenina que lo demandaba, en general la de contextos rurales o sin un varón proveedor, recibía atención de programas de asistencia y de bienestar para grupos desfavorecidos o “marginales”. De esta manera, buena parte de la seguridad social que recibieron las mujeres mexicanas fue la otorgada por el imss como una prestación por ser “esposas” o “hijas”. Las madres con empleo formal tuvieron acceso a guarderías para sus hijos, únicamente cerca de aquellos centros de trabajo donde laboraban más de 50 mujeres. Así, el diseño de la política y los programas parte del supuesto implícito de esferas claramente diferenciadas por sexo en la división del trabajo. El clima de reconocimiento internacional de la relación entre mujeres y desarrollo, que imperó en los setenta, contribuyó a que la búsqueda de mejora en la condición de las mujeres fuera planteada desde entonces, en lo fundamental, como una “integración de las mujeres al desarrollo”, A partir de entonces la declaración de la necesidad de promover explícitamente a las mujeres sería constante en política pública y programas concretos. Esto sucedía en un contexto de dispersión de los grupos de mujeres, que se ha conocido como “movimiento feminista mexicano” de los años setenta. pero su poca consolidación, así como su nula cohesión como movimiento y vinculación con el exterior provocó que gran parte de las integrantes de estos grupos decidieran no participar en las actividades alrededor del Año Internacional de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (onu), por lo que quedaron al margen de las discusiones. La incorporación de la problemática de las mujeres en los programas gubernamentales se da a partir de mediados de los setenta y decididamente en los ochenta, la acción pública generada para integrar a las mujeres al desarrollo tomaría la dirección de aprovechar el potencial de las mujeres hasta entonces subutilizado, se promueve la participación de las mujeres en las tareas del desarrollo del país mediante el trabajo voluntario o remunerado partiendo del pensamiento feminista liberal de Occidente, se buscó la igualdad entre mujeres y hombres por medio de un acceso igualitario a la educación, al empleo y a beneficios materiales como la tierra y el crédito. A las mujeres campesinas del ejido se les reconoció como sujetos agrarios y se les dotó de tierras para formar unidades agrícolas industriales, en las que podrían realizar “tareas productivas de beneficio colectivo” El Programa de Unidades Agroindustriales de la Mujer fue resultado de las modificaciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971 y, aunque no estuvo acompañado de una política de empleo femenina, ha sido calificado como pionero en el área rural Fue el primero en dirigirse a mujeres en condición de pobreza y abrió espacios productivos rurales. A partir de entonces

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