La okupación desde una perspectiva jurídica

1º Derecho y CCSS Políticas (2022-2023)                Técnicas y habilidades jurídicas

Andrea Algarra García

Ángela Solsona Bausa

Blanca Melià Lapresta

Joan Font Furnieles

Sofía Morales Calabuig

La okupación

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Índice

1. Introducción: Definición del concepto okupación
2. Contexto histórico.

2.1        Origen.

2.2         Relevancia en la sociedad actual.

1. Problemática social.
2. Legislación: Derecho a la vivienda vs derecho a la propiedad privada, regulación de la vivienda en España, Constitución, Código Civil.
3. Alternativas y soluciones legales, propuesta de reforma.

1. Introducción: Definición del concepto okupación.

Según la definición de la Real Academia Española de la lengua, la okupación consiste en tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario.

Podríamos añadir que se trata de un movimiento que se centra en el acceso directo a un bien urbano escaso (la vivienda y los espacios de sociabilidad) y su legítima defensa (Martínez, 2002:15). Encontramos diferentes prácticas de okupación. Distinguimos entre aquellas que se dedican a satisfacer la necesidad de una vivienda digna, por ello se agrupan en Centros Sociales Okupados (CSO), el hacer uso de un espacio público no estatal al margen de la burocracia.

La okupación es, por otra parte, un medio para llevar a cabo una lucha global contra un sistema donde predomina el valor de cambio ante el valor de uso.

Los movimientos por la vivienda y la okupación tienen como propósito una economía social y cooperativa que responda verdaderamente a las necesidades de la población. Por lo tanto, podemos afirmar que su finalidad reside en la transformación radical del sistema, y más allá solventar políticas públicas, pretenden un cambio global del sistema económico y político.

Pese a ser un problema relevante, creciente y presente en los medios de comunicación , actualmente el conocimiento de la sociedad española acerca de la okupación es escaso, habiendo gran estigmatización a su alrededor. Por esta razón, hemos decidido investigar sobre el movimiento y sus causas.

En nuestro trabajo examinaremos cómo se ampara o condena la okupación dentro de la ley española.  

1. Contexto histórico en España:

2.1 Origen

El movimiento okupa en nuestro país tiene origen en la década de los 80. Tras acontecer en España el periodo de la Transición democrática, nos abrimos a la globalización neoliberal. Las arcas del Estado se desviaron hacia el mercado inmobiliario, derivando al alza sin precedentes del precio de la vivienda que a su vez trajo consigo condiciones de vida precarias y exclusión social. Los okupas, se agruparon en sus inicios en sectores de migrantes, libertarios, anarquistas y posteriormente feministas, estudiantes y antimilitaristas. Pese a ser tratada como una conducta delictiva en el Nuevo Código Penal de 1996, se produjo una exponencial ola de okupaciones entre los años 1996-1998.  

Durante este periodo, aumentaron las manifestaciones a favor de la práctica, incrementando así la conflictividad respecto a la cuestión y se tiene constancia de 117 desalojos y 128 nuevas okupaciones (Calle, 2004: 119). Podemos destacar los desalojos del Princesa en Barcelona en el 96 o de la Guindalera en Madrid en el 97.

Con el comienzo del nuevo siglo, surge una nueva etapa de la okupación con la expansión de la protesta a nivel internacional como herramienta de lucha, uniéndose a los movimientos antiglobalización, vecinal, precariedad laboral, capital-trabajo…(Martínez, 2007: 231). Para el 2007, en un estudio sobre la situación vital española se mostraron las dificultades para la juventud de acceder a la vivienda además de las residencias deshabitadas (Trilla y López, 2007: 752).

El contexto del movimiento de la okupación reside en la problemática de la vivienda en España y la crisis económica, derivando en la demora en la edad de emancipación de nuestros jóvenes por el prominente precio del alquiler y compra de vivienda [29 años como edad media en 2011 (Moreno, et. alt, 2012: 180)]. En añadidura, el número de pisos vacíos no ha hecho más que aumentar exponencialmente. El censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011 contabiliza 3 millones y medio de viviendas vacías (INE, 2011).

Así pues, el 15 de mayo de 2011, miles de personas, generalmente jóvenes, salen a las calles de las principales ciudades de España ante los recortes como método para paliar la crisis de 2008. El señalamiento de políticos y banqueros como culpables de la situación constituía un aterrizaje práctico de las consignas contra la globalización de la etapa anterior (González y Benítez, 2014: 121).

En 2015, podemos hablar de una nueva etapa de okupación durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas, cuando miles de españoles de amplios sectores sociales, tomaron las plazas de las grandes ciudades del país el 15 de mayo. Reivindicaban contra las políticas de ajuste estructural de políticos y banca para paliar la crisis económica mundial iniciada en 2008.

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2.2 Relevancia en la sociedad actual.

Actualmente la okupación continúa siendo relevante en España. En este gráfico observamos las regiones del país que más la sufren: [pic 3]

La okupación en España ha subido un      2 '7% más que en 2019 a datos de 2020.

14.675 denunciaron la okupación de su inmueble. La mitad de esas denuncias se produjeron en Cataluña (6.647) según la Secretaría de Estado de Seguridad.

Continuando con el problema catalán, nos encontramos con la aprobación en febrero de 2022 de una ley que aparentemente legitima la okupación. En 2021 el TC sentenció el decreto ley de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, donde se contemplaba la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler alternativo a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual fue considerado por el sector: una legalización de facto de la okupación. El TC señaló que no podía realizarse esa regulación mediante decreto ley, sino que era necesaria una norma de rango mayor.

La ley obliga a ofrecer alquiler social, lo cual ha recibido críticas por parte de los propietarios, por ser considerada una anomalía en el ordenamiento jurídico europeo que incrementa la seguridad jurídica en el sector del alquiler.

El problema de Barcelona radica en que los propietarios temen poner en alquiler su piso, puesto que este puede ser okupado, amparado por la nueva ley que obliga al propietario a ofrecer alquiler social. Este temor hace que la oferta baje, por lo que el mercado del alquiler sube, lo cual hace que el precio de acceso a la vivienda se convierta en una locura. Por consecuencia de ello, las personas recurren a la okupación por no poder permitirse los precios de mercado, convirtiéndo el proceso en la pescadilla que se muerde la cola.

1. Problemática social

Los activistas de las PAH(Plataforma de Afectados por la Hipoteca) han visibilizado una dramática situación: 500 personas sufren un desahucio a diario en España desde 2008, el año en el que comenzó la crisis (más de 684.385 desahucios hasta el 2019, según un informe de Observatori DESC); miles de personas se encuentran endeudadas, derivando a un crecimiento exponencial de suicidios siendo esta situación la causa directa (Colau y Alemany, 2012: 32). A esta problemática, se le añaden las escasas políticas de vivienda que no aportan luz a la realidad, la desconfianza en nuestros políticos, la corrupción, etc, que completan el contexto social del movimiento por la vivienda.

En España, las instituciones públicas no prestan la suficiente atención a los movimientos sociales como lo es la okupación, pese al crecimiento de las mismas con la crisis. Según el Ayuntamiento de Barcelona, las okupaciones aumentaron en 2009 un 11,2%. Las circunstancias sociales, económicas y urbanas que detonaron el movimiento en su momento, no solo no han cesado, sino que se han recalcado incluso aún más. En este contexto, las perspectivas del movimiento de la okupación se conciben desde el punto de la criminalidad.

Las PAH coinciden en la definición del marco de injusticia, aunque presentan diversas propuestas a modo de reforma. Los pisos vacíos en propiedad de entidades financieras, deberían priorizar el uso social sobre el especulativo. Abogan por un alquiler social asequible, del 30% como máximo de los ingresos familiares. Ante la gravedad de la problemática y la falta de medidas por parte de los gobiernos, las PAH son partidarias de la okupación de propiedades vacías pertenecientes a los bancos. “Se trata de una acción legítima orientada a un fin, pero no un fin en sí mismo”.

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