La pena de muerte en el Ecuador

Antonella Guillén

2do Ciclo de Estudios Internacionales

Universidad del Azuay

La pena de muerte en el Ecuador

En los últimos dos años en las cárceles del país se han presentado amotinamientos que han tenido como resultado gran cantidad de pérdidas humanas, así como económicas. Esto gracias a las guerras por el poder dentro de las cárceles del país, protagonizadas por los diferentes carteles que tienen a sus miembros en las mismas. Por esta razón desde hace años se plantea el concepto de la pena de muerte que hace referencia a “la privación de la vida de una persona, y como la vida es considerada un derecho fundamental por excelencia, esa razón impide que los estados acepten la posibilidad de privar de la vida a los seres humanos.” (Neiva, 2016, p. 82). Por lo tanto, podemos decir que, aunque es imposible imponer la aplicación la pena de muerte en el sistema jurídico ecuatoriano, representaría un mejor control del sistema penal por los siguientes casos: delitos que atenten contra la integridad moral, sexual y mental, y circunstancias bélicas considerados como actos de lesa humanidad.

 La pena de muerte, como lo manifiestan Vélez y Pauta (2020) debería aplicarse en los delitos contra que atentan a la integridad psíquica, moral y sexual que son acciones en que los que se niega a la víctima como persona exponiéndola a humillación, degradación, y tratada como un objeto. Por lo cual, tratar a los victimarios con más empatía y valor humano que esto, debería considerarse una falta de respeto principalmente a la víctima y a sus familiares, además de no representar, para la sociedad, un sentido real de justicia bajo el que se supone que estamos. En base a este sentido de moral al aplicar encuestas con respecto a este tema se obtuvieron los siguientes resultados: “De un total de 200 usuarios, sólo 41 (20,5 %) estaban en contra totalmente de la pena de muerte. Lo que deja a 159 personas cuyas opiniones van desde estar completamente de acuerdo a respuestas vagas.”(Cuesta y Añazco, 2020, p. 28)

Esto sin mencionar las deficiencias en el control de reos en las cárceles de alto riesgo como consecuencia de la sobrepoblación en las mismas. Generando amotinamientos en los que se evidenciaron asesinatos a sangre fría demostrando que los reos involucrados en los mismos son personas que no tienen moral, consciencia y respeto por la vida, que en caso de cumplir su condena y salir en libertad no habría ninguna reforma personal y no deberían ser reinsertados a la sociedad; deberían ser sometidos a la pena de muerte. Además, los reos sin importar la gravedad de sus delitos, viven bajo condiciones deplorables cuando podría disminuirse su número a quienes cuyos delitos no sean del máximo nivel de gravedad con posibilidad de ser reinsertados a la sociedad. Pero en el Ecuador la pena máxima es la de cadena perpetua, y entre más cadenas perpetuas se dictan hay más personas cuya alimentación y vivienda dependen del Estado. Por esta razón debería considerarse que, “Si se estima que esta pena es una venganza social, entonces toda pena es una venganza, incluso el presidio.” (Zepeda, 2015, p. 87).

A pesar de que en la actualidad la pena de muerte se aplica en más de 100 países aplican la pena de muerte como castigo de delitos graves en su sistema jurídico, Ecuador no forma parte de este número pues en su constitución se impone desde 1906: ‘‘El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá participación, con criterios de equidad y paridad1 de pena de muerte.’’ (Asamblea Nacional, 2008, p.18). Ya que dicho derecho se considera fundamental y no se puede abolir bajo el marco de la ley que rige este país, lo cual tampoco ha sido propuesto debido a la moral y religión, de alguna forma, gobierna nuestro país. Este derecho responde también a lo que manifiesta Náquira (2015) sobre la importancia de la dignidad del ser humano y como la misma implica su vida, agregando que el hecho de haber cometido un delito por atroz que sea no hace alguien pierda su dignidad.  

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