La región secuestrada

La región secuestrada

El asesinato de Ezequiel Nolasco demuestra que el Estado debe tomar decisiones extraordinarias para combatir la alianza entre la política y el crimen organizado en Áncash.

Ricardo Uceda

Martes, 18 de marzo de 2014

En cierto modo, el asesinato del ex miembro del Consejo Regional de Áncash Ezequiel Nolasco estaba cantado. Lo habían querido matar en Chimbote el 20 de julio del 2010, cuando recibió cuatro balazos en el cuerpo. En el ataque falleció su hijastro, Roberto Torres, de 24 años. Encaró a uno de los asesinos y recibió un tiro mortal.

En el hospital, convaleciente, Nolasco culpó al presidente regional César Álvarez de haber intentado asesinarlo. En ese momento Álvarez estaba de licencia —para hacer campaña por su reelección— y Nolasco, como líder de los opositores, se proponía anular obras ya licitadas por 840 millones de soles, con el argumento de que hubo sobrevaluación. Dentro del consejo tenía mayoría suficiente para hacerlo. El móvil que Nolasco atribuía a Álvarez es que necesitaba matarlo para evitar la anulación de los contratos.

Ocho días antes de que Nolasco y su hijastro fueran baleados, José Sánchez Milla, el consejero regional que reemplazaba a Álvarez, vale decir el presidente regional interino, había sido asesinado en las inmediaciones de Trujillo. Sánchez Milla también se oponía a las obras contratadas por Álvarez, y estaba en entendimiento con Nolasco para anularlas.

Ambos crímenes, cometidos en el mismo mes, contra opositores al gobierno regional y a través de delincuentes comunes, pasaron a agrandar la leyenda negra de Álvarez. Él ha negado enfáticamente cualquier relación con las muertes. Entre otros dichos sostuvo que no iba a ser tan tonto de encargar asesinatos en plena campaña electoral. Por otra parte, ninguna prueba lo afecta directamente. Pero las investigaciones oficiales fueron realizadas defectuosamente, con un desprecio impúdico hacia las víctimas.

Por entonces el presidente regional empezaba a acu¬mular numerosas acusacio¬nes por irregularidades administrativas, cu¬briendo prácticamente todos los tipos penales aplicables. Cuatro años después, libre

de polvo y paja, se culpa a Álva-rez de tener bajo su influen¬cia al Ministerio Público y al Poder Judicial de la región. Se culpa a esta influencia del fracaso de la investigación de un caso emblemático, deno¬minado La Centralita, vin¬culado a operaciones polí¬ticas encubiertas. El po¬deroso control de Álvarez sobre el mundo estatal y civil que lo rodea, incluida buena parte de la prensa regional, proyecta sobre la autoridad una imagen mafiosa.

En el segundo atentado la actuación de los jueces y fiscales adquirió proporcio¬nes de escándalo. La policía identificó a los delin¬cuentes que dispararon contra Ezequiel Nolasco y su hijo e incriminó al supuesto autor intelectual: el alcalde de la Municipalidad Provincial del

Santa, Luis Arroyo. Es el principal socio político de Álvarez en Ancash, dirigente del mismo partido. Fue comprobado que entre los delincuentes y la autoridad se intercambiaron múltiples llamadas telefónicas antes, durante y después del atentado, no lejos del escenario. Se reconstruyó el plan del asesinato y las responsabilidades de cada cual. Hilda Saldarriaga, conviviente de uno de los acusados, brindó un testimonio concluyente.

Saldarriaga dijo que presenció las coordinaciones

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