POLITICA PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANO

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POLITICA PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANO

Unidad 1: Actividad 2 - Realizar un ensayo

Grupo: 403029_99

PRESENTADO POR:

Elsa Julieta García Código: 34000687

Carolina Marcela Puche Valderrama Código: 32297430

Gloria Patricia Sánchez Código: 1056775865

Jaime Humberto Arango Toro Código: 15503799

Juan David Mahecha Código:

         TUTORA: Rocio del Carmen Atencio Orozco

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

SEPTIEMBRE 2018

Ensayo

     El estado social de derecho es un modelo gestor que interviene para perseguir el fin de la redistribución de la riqueza. Su actuación intenta corregir desigualdades. Es entendido como la ordenación del poder político hacía la búsqueda, sí de un orden, pero justo.

     Pero ¿Cuáles fueron los aspectos relevantes que impulsaron el cambio por mejorar las garantías y derechos en los ciudadanos de la sociedad Colombiana?

      Tras años de la violencia política que vivenció el país durante la jurisdicción de la Constitución Política de 1886 ante la disputa entre los partidos políticos liberal y conservador, los hechos de violencia y derrame de sangre injustificados evidenciaron un fuerte debilitamiento del Estado, situación que posibilitó la necesidad de relegitimar las instituciones ante la pobre representación que a la ciudadanía estaban prestando, la imposibilidad de subsanar la problemática de violencia debido a la no cobertura constitucional, generaron expectativas de cambio en la mentalidad de los ciudadanos; momento en la historia del país que marcó un precedente positivo para su situación política.

     Es por eso que con la Constitución Política De 1991,  Colombia y la conformación de un armado social que permitiera  la construcción de un país con nuevas reglas en mira de refrescar las instituciones, se promulgó a través de una carta de derechos, en ella se reconoció que la soberanía reside en el pueblo y que es obligación del Estado garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

     La necesidad de un cambio fue evidente ante la inexistencia de la protección constitucional frente los ciudadanos, ante problemáticas de violencia y terror generadas por la disputa política de los partidos bipartidistas tradicionales, motivaron mecanismos de pronunciación ciudadana; inicialmente fueron estudiantes de universidades públicas y privadas quienes se preocuparon por el futuro del país, para luego convertirse en un movimiento ciudadano conformado por diversos grupos pertenecientes a la sociedad civil.

     Colombia adoptó esta fuerza normativa con la Constitución Política de 1991, entonces nuestro ordenamiento constitucional integra un catálogo amplio de principios, valores y derechos que se conjugan para en últimas interpretar los fines del Estado. Con esto tenemos argumentos jurídicos para afirmar que Colombia es un Estado Social de derecho. 

     A partir del breve referente histórico señalado con anterioridad, se da inicio del desarrollo del escrito.

     El estado social de derecho surge a la organización y transformación de las bases ideológicas, políticas, sociales y económicas donde el estado fortalece los servicios y garantiza los derechos civiles y humanitarios de sus habitantes, seguido de una vida digna y un trabajo, debido a la exclusión y marginación de las clases sociales se recure a esta reforma que comprende la salud, trabajo, asistencia sanitaria, garantía social y protección de niños y adultos. Promueve una calidad de vida estable dando como obligatorio el servicio de salud y descuentos de impuestos según la estabilidad económica, pero para lograr esto es indispensable un pensamiento de gobierno con miras a la resolución de conflictos y problemas, a través de respuestas efectivas y para lograr esto es indispensable que estas respuestas sean construidas a partir de modelos, proyectos y planes para convertirlos en políticas públicas que se convierten en la herramienta para desactivas las restricciones que se presentan en el contexto social y político del estado.

     Es importante señalar que las comunidades de América Latina han disminuido crecientemente las malas administraciones de los recursos del estado, haciendo economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. No obstante, a pesar de que la sociedad de América latina ha evolucionado en aspectos económicos y suplir las necesidades básicas, no han sido suficientes para contener el delito. Variables como la pobreza, la desigualdad y el desempleo no explican por sí mismas la intensidad y la dinámica del delito. La unión de estas variables, así como el aumento de las expectativas de consumo combinadas con la falta de movilidad social en contextos específicos, aumentan los factores de riesgo e incentiva, sobre todo, el delito aspiracional.  Por otro lado, el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y fallas en el sistema escolar, han generado condiciones que inciden en la criminalidad, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, lo han impulsado. La corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.

    Tal es el caso de Colombia,  que atraviesa por la compleja contradicción entre crecimiento y desarrollo social. El periodo del modelo de apertura económica ha presentado contradicciones entre crecimiento y pobreza en nuestra nación; se cree que el modelo de crecimiento y competitividad si bien ha favorecido el uso del capital y su remuneración, ha descuidado el uso del factor trabajo como generador de riqueza.

    Por lo expuesto anteriormente, el país necesita implementar una política de Alternativas productivas sostenibles. Un modelo de producción sustentable se puede desarrollar a través de la creación de cadenas productivas sociales, que se definen como un modelo de producción, distribución y comercialización que arranca con la explotación de ventajas generalmente naturales y adquiridas comparativas que se tiene a nivel local, regional y nacional, hasta convertirlas en competitivas por todos los participantes. Es más social la cadena si intervienen en todas las fases los diferentes grupos sociales, en especial los pobres; la cadena es más solidaria si logra involucrar a los emprendedores, innovadores, pequeños productores, trabajadores, artesanos, grupos de mujeres, redes de consumidores, entre otros (Villa, 1999).        Por otra parte, la economía es la parte fundamental de una nación porque de ella depende la calidad de vida de nuestras comunidades, habiendo un desarrollo sostenible el comercio y el campo también en las ciudades logrando así su mayor exponente debido a que hay un desarrollo sostenible y próspero en la región. Por eso, los paradigmas de la ciencia económica resultan ser construcciones políticas con ingredientes ideológicos inevitables, que reflejan los consensos de la academia del Primer Mundo y también la racionalización de los puntos de vista e intereses, principalmente de los centros del poder mundial. Así, los cambios paradigmáticos sobre todo los que sustentan al orden económico planetario o al desarrollo del mundo periférico se elaboran y procesan en el Norte, causando a veces serias disonancias con las instituciones y las estructuras económicas del Tercer Mundo.

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