POLITICAS DE JUSTICIA
anglsa18 de Diciembre de 2013
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Índice
Página.
Presentación 5
Prólogo 7
Introducción 9
Construir las políticas con la gente. Metodología 11
El diálogo social abierto 12
Definición 12
Diálogos territoriales 13
Lecciones aprendidas 14
Problemas abordados (formulación de propuestas) 17
Definiciones previas 18
Objetivo general 20
Principios de una política de justicia y seguridad
pública en democracia 22
Programa, estrategias y acciones 23
Conclusiones 31
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Fundación Friedrich Ebert
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Políticas de Justicia y Seguridad Pública
Presentación
En Centroamérica los índices de criminalidad y violencia han sobrepasado todos los límites racionales y medidas tradicionales para resolver este fenómeno no parecen tener resultados satisfactorios. En especial en El Salvador, Guatemala y Honduras la criminalidad es uno de los problemas centrales para los ciudadanos. Pero también en los otros países de la región los problemas relacionados a la criminalidad y a la violencia son cada vez más severos y alarmantes.
Los partidos de izquierda y progresistas, ante esta situación, están obligados a desarrollar conceptos políticos y soluciones progresistas, que se diferencien de los conceptos propuestos por los partidos de derecha, conocidos como “cero tolerancia”, “mano dura” y “super mano dura”. Estos conceptos, así lo demuestra la realidad, han fracasado.
Para la construcción de conceptos políticos alternativos en el tema de Seguridad Pública, no solo se necesita de conceptos progresistas, ya la construcción del concepto en si debe ser progresista e innovadora. Se debe basar en la inclusión y en la participación de los/las ciudadanos/as.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, ha desarrollado un modelo innovador que es digno de compartir para la construcción de programas partidarios y la formulación de nuevos conceptos políticos. Este modelo, el Diálogo Social Abierto, fue acompañado por la Fundación Friedrich Ebert durante 15 meses desde octubre de 2007 hasta diciembre de 2008. Un total de 32 mesas temáticas y 6 espacios especiales conformaron el Diálogo Social Abierto, en las cuales los ciudadanos pudieron participar y elaborar propuestas. Estas influenciaron en la construcción del Programa de Gobierno 2009-2014 de Mauricio Funes.
La presente sistematización del Diálogo Social Abierto - Seguridad realizada por Oscar Fernández, cumple con dos funciones. En primer lugar describe el Diálogo Social Abierto como una herramienta para la construcción de programas políticos, tomando como base la participación del ciudadano. En segundo lugar, describe específicamente el Diálogo Social Abierto en el tema de seguridad presentando los resultados obtenidos.
Bajo la idea de que problemas severos requieren del intercambio regional para sus soluciones, la Fundación Friedrich Ebert espera impulsar el diálogo entre los políticos y partidos progresistas de Centroamérica. Esta sistematización del Diálogo Social Abierto – Seguridad, aspira a ser una herramienta en el intercambio regional y en la construcción de propuestas políticas en los diferentes países.
Stephan Reichert
Coordinador de Programas
Fundación Friedrich Ebert
fesamericacentral
El Salvador
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Políticas de Justicia y Seguridad Pública
Prólogo.
Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha venido construyendo los paradigmas del concepto de seguridad ligándolos en forma ineludible, con formas tradicionales de control social como represión policial y castigo penal.
En función de ello, y a partir del crecimiento de la sensación de inseguridad de la comunidad, producto de la inadecuada mediatización de los fenómenos de violencia, se desarrolló la idea de que la solución radicaba en el aumento del número de policías y en el “endurecimiento” de las penas que impone el sistema.
Dicha creencia parte como decíamos, de una errónea conceptualización y en función de lo cual consideramos que el punto de partida de la política debe ser la re-significación del concepto de Seguridad en función de la construcción de nuevos modelos y sistemas.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del gobierno del FMLN, debe encarar un giro trascendente en la forma de abordar la problemática de la violencia social, propiciando una Política de Estado que atienda integralmente las causas que la originan. La gran diferencia con aquella conceptualización tradicional radica en que ese sistema represivo que la integra, opera sobre las personas aumentando su victimización y con ello la posibilidad de ruptura social, cuando en realidad debe construirse un nuevo modelo de gestión que actúe sobre las causas de la violencia, donde la comunidad en su conjunto participe en el diseño de los proyectos y actividades que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, y sostenidos por una acción coordinada de las distintas áreas gubernamentales.
En distintas naciones ha quedado demostrado que la prevención en la comunidad ha dado resultados contundentes en la medición de los índices de violencia. El fortalecimiento de las redes comunitarias para la prevención, garantiza una adecuada atención de las personas y grupos sociales más vulnerables, y con ello una disminución de los factores de riesgo social que inciden sobre las condiciones que favorecen los comportamientos antisociales.
Es de destacar, que lo expresado hasta aquí, no excluye la insoslayable responsabilidad del Estado en lo que hace a la conjura temprana del delito, y represión del mismo, como actividades a realizar en forma excluyente por la Institución Policial.
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Introducción.
No obstante su manifiesta debilidad y falta de idoneidad para gobernar aspectos estratégicos como la Seguridad Pública en América Latina, la izquierda no puede enfrentar los problemas de seguridad con la misma óptica que la derecha, ni ceder a la tentación de ofrecer iguales soluciones sugiriendo que la diferencia es sólo que “nosotros lo haríamos mejor”. No debe caer en la trampa, para evitar que se le acuse de débil o tolerante, de las manidas recetas de mano dura, “tolerancia cero”, más policía, más prisiones, mayores penas. Sin perjuicio del estudio puntual de estas medidas, debe plantear la cuestión cualitativa: mejor policía, mejores prisiones, penas o medidas sustitutivas más eficaces. Y explicar que una mayor seguridad no se consigue sólo con la aplicación del Derecho Penal y la represión, sino principalmente desde la prevención, desde el abordaje de las causas y no sólo de los efectos.
Entendiendo que sigue vigente la dicotomía sobre la naturaleza del ser humano formulada por Hobbes y Rousseau: un lobo cuyos feroces instintos han de ser reprimidos sin piedad o un buen salvaje que si hace el mal es por ignorancia o por culpa de las estructuras sociales.
Aunque la realidad no encaja en esquemas tan simples, la derecha suele ser más hobbesiana y la izquierda más rousseauniana. No quiere ello decir que la izquierda no acepte el castigo en algunos casos, o que la derecha rechace toda reforma social. Pero no pueden poner el énfasis en los mismos temas.
La izquierda debe reivindicar que la sociedad segura no es la que más castiga y denunciar cómo se manipulan los indicadores sobre seguridad y eficacia policial.
Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle, detenciones, procesos y reclusos en las cárceles, como se nos vende tan a menudo. Tampoco por rebajar el número de denuncias (hay formas de desanimar a las víctimas). La eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad.
El sistema policial debe afrontar el reto de actuar en lo global y en lo local. Sin un proceso decidido de descentralización (transferencia de recursos y autoridad a los municipios urbanos y rurales) impulsando la actuación de las Delegaciones de policía departamentales y municipales, como la auténtica policía próxima tanto a nivel preventivo como de investigación de la pequeña delincuencia contra las personas y la propiedad, difícilmente se va a poder actuar con eficacia contra ésta.
Sin la reorganización de la policía estatal con unificación de cuerpos y, transferida la lucha contra los delitos menores, especialización en persecución de la delincuencia organizada en redes internacionales, nacionales y en servicios comunitarios, no podrán ser abordadas correctamente estas cuestiones.
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Además las policías deben acomodarse a no trabajar solas, a actuar en coordinación no sólo entre ellas (asignatura pendiente, pese al impulso de la cooperación policial europea) sino con el resto de las instituciones y organismos sociales desde el nivel local. Deberán trabajar más en red que en orden jerárquico y con “orientación al cliente”, el ciudadano al que deben proteger y principalmente las víctimas (no insisto en que la policía deba ser democrática y proteger los derechos humanos, debemos darlo por sobreentendido, aunque exija vigilancia permanente).
Sobre todo el aparato policial debe convertirse definitivamente en servicio público. Es insuficiente la regulación legal centrada en el estatuto de los policías y las potestades administrativas. Falta toda una legislación – como sí existe con la educación
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