PRESUPUESTOS DEL DEBIDO PROCESO

INTRODUCCIÓN:

La formación del debido proceso penal exige el cumplimiento de ciertos presupuestos los cuales es imposible que exista un proceso que se considere legítimo

De manera general, los presupuestos son las circunstancias anteriores que deben existir antes que la actividad se inicie cuya existencia carece de eficacia jurídica todo lo actuado. El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, presencia de ciertos presupuestos que son:

El órgano jurisdiccional

Situación jurídica de inocencia del ciudadano

El derecho a la tutela jurídica.

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente

DESARROLLO

El Debido Proceso es un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. Las garantías que articulan el debido proceso están contenidas en el art. 24 de la CP, que, por el principio de jerarquía normativa, prevalece sobre toda otra norma secundaria, práctica procesal u orden de autoridad.

Nuestro Estado se administra a través del sistema de división de los Poderes, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el cual está predestinado a la administración de justicia, esto es, la de juzgar

LA JURISDICCIÓN es la Potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deban decidir. Puede definirse como la actividad del Estado encaminado a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. La finalidad general de la Jurisdicción es la de comprobar dentro de los marcos del proceso penal, y con el cumplimiento estricto de las ritualidades constitucionales y legales previstas para los actos procesales y para las actuaciones y decisiones judiciales si en la conducta de la persona vinculada procesalmente se dan los elementos objetivos y subjetivos que constituyen el delito acción u omisión, tipicidad, imputabilidad, antijuricidad y culpabilidad-que son el presupuesto de la pena en caso de tratarse de un imputable, o de la medida de seguridad, si de inimputable se trata

LA COMPETENCIA El territorio constituye la regla general que establece la regla general y que determina la competencia de un tribunal para el conocimiento de un hecho punible, serán competentes para el conocimiento de de los delitos o faltas el tribunal del lugar donde se hayan consumado. Siguiendo las previsiones del Código Orgánico Procesal Penal.

PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA

"Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearan tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios". En este principio están claramente expresados:

a) La existencia del proceso previo;

b) Las leyes procesales penales previas;

c) El juez natural ordinario; y,

d) La prohibición de los jueces ad hoc, para el juzgamiento ex post facto.

UNA FUNCIÓN JUDICIAL INDEPENDIENTE, es la mayor garantía con que cuenta la sociedad para vencer la corrupción Allí se consagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia, por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley. Este reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos humanos pretende satisfacer una serie de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de una vida digna

LA IMPARCIALIDAD significa, la posición neutral o trascendente de quienes ejercen la jurisdicción respecto de los sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio

La imparcialidad del Juez es nota esencial, en cuanto fundamento, de la función jurisdiccional: sin imparcialidad no hay, propiamente, función jurisdiccional, no podemos hablar de proceso jurisdiccional. Los miembros del órgano jurisdiccional, jueces, magistrados y secretarios, no sólo no pueden ser, valga la expresión, (partiales), sino que se les exige (imparcialidad). En primer lugar, no pueden actuar en proceso propio, sólo deben ejercer su jurisdicción en asuntos que les son ajenos. En segundo lugar, y partiendo de que deben actuar en cuestiones ajenas, y de que es doctrina reiterada de este Tribunal que las causas de abstención y recusación tienden, precisamente, a asegurar la imparcialidad del Juez , la imparcialidad les exige no actuar, es decir, abstenerse, cuando tengan interés propio, directo o indirecto, positivo o negativo, en el conflicto ajeno.

La

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