Poder Publico

El Poder Público

Se entiende por poder público el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la sociedad deja en manos del estado (delega) por entender que estas serán resueltas mejor de manera colectiva. Esta delegación se hace a través de la Constitución que determina el diseño del Estado y los derechos, deberes y garantías que tienen los ciudadanos, y por el voto mediante el cual se eligen a quienes serán los representantes y servidores públicos. (Representación).

Complementariamente ciertos y determinados espacios de actuación se dejan en manos de la propia sociedad organizada, para que a través de mecanismos expresamente señalados en la Constitución y desarrollados en las leyes participen del poder público. (Participación). Representación y participación son principios fundamentales en cualquier democracia, pero no hay que verlos como contrarios entre si, son complementarios, deben estar ambos en perfecto equilibrio. En todas las democracias existen y han existido los dos principios: el de Representación y el de Participación.

División del Poder Público.

El poder se divide en varias funciones que se reparten entre instituciones y órganos especializados. Esta repartición de funciones se hace ya que la vida en sociedad se ha hecho cada vez más compleja y esto lleva a la necesidad de tomar decisiones más efectivas, lo que implica recursos y habilidades especializadas. La

División del poder tiene una doble utilidad:

• Por una parte implica que cada órgano se encarga y especializa en ciertas y determinadas tareas quedando otras bajo responsabilidad de los demás, y

Además implica una protección al ciudadano, ya que cuando el poder se concentra se arriesga a que se produzcan abusos de autoridad. Cuando revisamos la evolución del Estado, observamos que en un principio estas funciones se encontraban concentradas en pocos detentadores (en el Estado Absoluto por ejemplo en un Rey) y a medida que los Estados han evolucionado, se han ido distribuyendo en distintos poderes y órganos. Normalmente, las decisiones y acciones que obligan a un ciudadano o grupo a adoptar una conducta o a evitar otra, se identifican con la función ejecutiva, y la realiza un grupo de órganos y funcionarios especializados que mantienen entre si “relaciones de dependencia a los cuales corresponde ordinariamente la misión de ejecutar las leyes” y que integran el Poder Ejecutivo (Lares Martínez. 1994).

Sin embargo, estas decisiones no son el resultado de un capricho, debe haber ciertas reglas preestablecidas que establezcan a quien corresponde hacer qué, es lo que se establece en normas. A las normas de carácter general se les conoce como leyes y regulan de manera general las situaciones a resolver, no regulan casos particulares salvo excepciones. Es lo que se conoce como función legislativa. Por último hay ocasiones en que se presentan controversias por la decisión del ejecutivo, o por la aplicación o interpretación de leyes y normas. En estos casos corresponde a tribunales y jueces dirimir estos conflictos (función judicial) en calidad de árbitros. Tenemos entonces que hay determinadas funciones (legislativa, ejecutiva y judicial) que son ejercidas por determinados poderes (que están conformados por diversos órganos, así por ejemplo el poder ejecutivo nacional lo integran el presidente, vicepresidente, los ministros y cualquier otro funcionario que determine la Constitución).

En Venezuela se han creado dos poderes más que cumplen funciones específicas, distintas a las que acabamos de explicar y que se detallaran en la guía titulada Los Poderes. Estos son El poder Ciudadano y el Poder Electoral

Ahora bien, la realidad y la evolución de la vida social, algunas veces determina que el reparto de funciones sea modificado en la práctica, así el ejecutivo a veces tiene en algunos casos funciones legislativas en virtud de la delegación que le hace el órgano legislativo (por ejemplo las leyes habilitantes que le permiten dictar

Decretos Ley) o similares como la potestad reglamentaria.

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