Politica Petrolera

La Política Petrolera en la Venezuela Bolivariana 

Eleazar Mujica Sánchez* - www.aporrea.org

04/02/12 - www.aporrea.org/energia/a137962.html

“... yo no sé cuál saqueo fue más dañino y más brutal, si el de los conquistadores españoles desde 1498 hasta 1700 y más, o el saqueo petrolero a Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX. Porque el imperio español ciertamente hizo mucho daño, pero sin embargo construyeron ciudades, caminos, y aunque de manera cruel e imperial, se hizo un mestizaje y se fueron asentando pueblos, y nació una civilización. Pero en el siglo XX ¿qué ciudades nacieron? Al contrario, se destruyeron ciudades, se destruyeron campos con el afán imperialista de la explotación petrolera...

Pasó  un siglo y nosotros regalamos el petróleo durante un siglo para saciar la sed de los países desarrollados. Y nuestros pueblos en África, nuestros pueblos en Asia, nuestros pueblos en América Latina hundiéndose en el subdesarrollo, hundiéndose en la miseria, hundiéndose en el atraso. Colonialismo, eso se llama colonialismo. Imperialismo, eso se llama imperialismo. Por eso es que la OPEP es una organización antiimperialista, la OPEP es una Organización liberadora para el desarrollo de nuestros pueblos de América Latina, de África y de Asia.” (Subrayado nuestro)

(Extracto del Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con motivo de la Apertura de la 141 Reunión Extraordinaria de la Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), celebrada en Caracas, el 1° de junio de 2006) 

1.- La Venezuela previa a la llegada del presidente Hugo Chávez

Luego del auge del Neoliberalismo que en lo económico, se tradujo en privatizaciones, apertura de las economías semicoloniales, ataques y debilitamientos al Estado de bienestar, el pensamiento único que glorificaba el “libre mercado” y auspiciaba al mismo tiempo el avance arrollador de las corporaciones y la globalización del capitalismo como la panacea a todas las adversidades socio económicas y políticas,  terminó siendo una falacia, pues en un periodo relativamente corto, se demostró que, el mito entró en crisis, dado que bajo sus estandartes de privatización, desregularización, liberalización y flexibilización, el capitalismo se hizo más inestable, injusto y desigual, provocando   el crecimiento y la profundización entre los países ricos y pobres, entre ellos y también dentro de ellos, pues el proceso de explotación y expoliación ha generado un terrible abismo en la distribución de las riquezas, convirtiendo al capitalismo en el peor azote de nuestra era, con su secuela de pobreza, hambre, ignorancia, enfermedades, guerras que intensifican a niveles insoportables, el dolor y sufrimiento para los seres humanos. Razón por la cual,  se arguye, que esta nueva etapa del desarrollo histórico del capitalismo, conocida como globalización neoliberal, nos ha impuesto un orden mundial que no se puede sostener ni se puede soportar.  

De allí que, a partir de mediado de los años 90 del pasado siglo comenzamos a observar como un conjunto de crisis financieras originadas en los llamados “mercados emergentes” de la periferia capitalista -que precedidas de la crónica debilidad económica del Japón, -tienden a extenderse, desde finales del siglo pasado hasta los llamados “mercados centrales”, en contraposición a los de tipos periféricos. 

Esta situación mirada desde la perspectiva del último lustro, parece generar una especie de “efecto dominó” a escala mundial, que configura el marco de una  crisis y un retroceso general en el proceso de aplicación de las políticas de libre mercado.  

Toda esta lúgubre situación se convirtió en un duro golpe contra la ilusión neoliberal del progreso social, a través del libre mercado, iniciándose un proceso de cuestionamiento al neoliberalismo. De manera que el debilitamiento de la hegemonía del pensamiento neoliberal, abrió un espacio para explorar vías alternas.  

En lo que a nuestro país respecta, podemos decir que la formulación y aplicación de las políticas y criterios que las autoridades financieras internacionales –léase Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional- [1] sugirieron, se implementan, en febrero de 1989, tras él inmediato segundo triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, mediante un conjunto de políticas conocidas como el “Gran Viraje”, dirigidas a ajustar los desequilibrios macroeconómicos existentes para ese momento en Venezuela, a través de la redimensión del Estado en lo concernientes a sus funciones y competencias, lo cual se reflejaba en la reorientación del gasto público, cuyos valores reales implica ipso facto una reducción en el gasto social que genera un malestar social y culmina con los acontecimientos de protesta popular durante los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. Sin embargo, a lo largo de la década de los años 90, previo a la elección popular de Hugo Chávez a la presidencia de la República, fundamentalmente, durante la segunda gestión de Caldera, entre 1994 y 1998, esta política se intensificó y profundizó en comparación con lo que había sido la historia económica y petrolera previa de nuestro país.  

En efecto, desde febrero de 1989 y, con mayor celeridad, durante los años 90, las expresiones de descontento general fueron más allá de los disturbios espontáneos, las movilizaciones y la insurgencia llevaron a una transformación radical del viejo sistema de partidos políticos que imperaban en el país. 

En consecuencia, ambos mandatarios incumplieron sus promesas electorales de rechazar la salida neoliberal y mantener una presencia importante del Estado en la economía. Así, en orden cronológico, nos encontramos que Pérez eliminó las regulaciones bancarias, levantó la mayor parte de los controles de precios, privatizó la compañía nacional de teléfonos (CANTV), el sistema de puertos y una importante línea aérea (Viasa), y abrió la industria petrolera y otros sectores estratégicos al capital privado fundamentalmente de tipo transnacional.  

Por su parte, en el quinquenio de Caldera (1994-1998), encontramos dos estrategias sucesivas: una, de relativo control económico y otra de evidente inclinación al neoliberalismo, aunque con elementos de intervención del Estado. Ese primer momento se inscribe dentro del documento denominado Carta de Intención al Pueblo de Venezuela. En tanto, que él ultimo se inicia en abril de 1996, una vez que se reorienta la estrategia oficial hacia la liberalización económica, bajo el nombre de Agenda Venezuela [2]. Este, se caracterizó por el desmantelamiento de los controles y las regulaciones de índole económica, la apertura comercial interna y externa, la privatización de empresas del Estado, la modificación estructural de la industria petrolera nacional para incorporan en determinadas áreas de la actividad intereses privados extranjeros en su gran mayoría.  

De manera que, Caldera en la postrimería de su segundo periodo y previo al triunfo electoral de Hugo Chávez, no solamente continuó el programa de privatizaciones de Pérez, sino que lo intensificó, al vender la compañía nacional siderúrgica (Sidor) y al reformar el sistema de seguros sociales, permitiendo la participación privada en los subsistemas de salud y pensiones, e incluso con Luis Giusti[3] a la cabeza de la política de PDVSA manejaron la privatización parcial de la industria petrolera nacional, al proponer la venta y colocación del 20 % de las acciones de PDVSA en la bolsa de valores.  

Desde luego, nacionalmente, la compañía petrolera estaba jugando un rol político estelar, y el alto tren ejecutivo estaba convencido de que había llegado el momento de implementar plenamente su agenda liberal –es decir, su agenda no-propietal- la cual, en última instancia, habría de conducir  a la privatización  de las filiales de PDVSA. En 1997, con el  fin de despejar el camino, el acuerdo de asociación de mejoramiento de crudos extra-pesados, Cerro Negro, celebrado entre Lagoven, Mobil y Veba, incluyó una cláusula que especificaba las condiciones  bajos las cuales las filiales de PDVSA podían ser liberadas de su condición de fiadoras: si Lagoven reducía su participación inicial de 41,67 por ciento a menos de 12,5 por ciento, o si al menos 50,1 por ciento de la misma Lagoven era privatizada (Mommer, 2003a:230-231).  

Sin duda que esta tendencia hacia la privatización de PDVSA se vio promovida enérgicamente por Luis Giusti en su carácter de presidente de la Corporación, a lo largo  del periodo gubernamental de Caldera- al concebir que:  

"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de petróleos de Venezuela y sus empresas filiales (Luis Giusti, citado por Parra Luzardo, 1997:172). 

Además, el  entonces ministro de Energía y Minas, Edwin Arrieta, señalaba que: 

  “Venezuela, que desde 1986, se habría incorporado al ‘club de pinocho’ no solamente para participar también de las ventajas comerciales que estaba teniendo los que ya venían desconociendo las citadas cuotas, sino por el mismo sistema lleno de imperfecciones y la falta de equidad con la que ella se asignaban. (En entrevista con Malavé Mata, 2000, en El petróleo, el bolívar y el fisco: 159, citado en Mujica Sánchez, 2003: 165). 

Estas apreciaciones por supuesto, eran igualmente compartidas por Luís Giusti en su condición de presidente de PDVSA, al proponer que:  

“Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados

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