El Proceso

INTRODUCCIÓN

Los principios procesales son para Peyrano, (1978) construcciones normativas jurídicas que definen a un sistema jurídico determinado; ellos son fuente inagotable de normas supletorias en la solución de los conflictos, son la garantía de armonía, paz y justicia que requiere todo proceso. Como idóneos instrumentos de interpretación procesal el legislador deberá tenerlos presentes antes de introducir novedades procesales, es decir antes de promulgar la norma jurídica. Su función creativa, está dirigida no sólo a la creación del derecho mismo sino a la interpretación é integración de él. Muchos de estos principios han sido positivizados. La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, acoge estos principios procesales garantizando de esta manera su inviolabilidad y su efectivo cumplimiento.

A través de una investigación de tipo documental-descriptiva, legal, doctrinal y jurisprudencial, se identificaron estos principios así como los derechos que ellos amparan, determinando cuales rigen en sede cautelar y verificando en la práctica si el decreto, oposición y suspensión de medidas preventivas se ajusta a ellos. Se evaluó la actuación de los tribunales en la toma de decisiones en el ámbito cautelar, que sirvió de base al investigador para un análisis crítico y concluyente sobre la realidad jurídica en sede cautelar.

En la cúspide de tantas innovaciones políticas, jurídicas y sociales por las que actualmente atraviesa Venezuela, se encuentra el nacimiento de una Constitución en 1999, en la que a diferencia de la anterior se plasman de manera expresa los más importantes y completos principios, que señalan una serie de garantías mínimas que deben acompañar a todo proceso y procedimiento que defina ser un Estado de Derecho. La existencia del Estado se justifica en la medida en que los particulares tienen la convicción de que sus órganos están cumpliendo sus funciones, es por ello que en el marco de la Legalidad cobra importancia la forma en que se da la administración de justicia en aras de la paz social. “Mecanismo y eficacia están a su vez vinculados por una misma naturaleza: La Legitimidad del Estado y el estado de Derecho, pues en la medida en que los mecanismos sean eficaces y efectivos en el resguardo de los derechos de los particulares, se hace pleno el ordenamiento jurídico y por esta vía, la legitimidad del Estado”. (Ortiz, 1997: 55). Se procura que la función jurisdiccional satisfaga las necesidades superiores de la colectividad, antes que el interés particular del litigante. “Aun cuando del proceso resulte el beneficio que una de las partes o todas persigan, no se confunde esto con su fin principal que es la satisfacción de un interés público y general: mantener la armonía y la paz sociales, y tutelar la libertad y la dignidad humana.

“ (Devis, 1996: 159). El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de Junio de 2001, expediente: 00-127 estableció: “La Constitución consagra el principio del debido proceso como un pilar fundamental para la obtención de la justicia; ella ha sido desarrollada por el legislador en nuestros códigos y leyes mediante el establecimiento de normas que garantizan los derechos de defensa y el de ser oído, obligando a los órganos jurisdiccionales y administrativos a cumplir con la ejecución de los medios de comunicación procesal, (citación, notificación o intimación) a las partes involucradas en el juicio, cuando el procedimiento así lo requiera, para resguardar la inviolabilidad de los mismos y así evitar la indefensión.” La función jurisdiccional cautelar tiene por objeto evitar que el peligro en la demora del proceso de cognición se convierta en una burla a la justicia y en consecuencia en una disminución de la autoridad del Estado.

“Por más que nuestro proceso se simplifique y la justicia se perfeccione la cautela seguirá siendo el mecanismo de seguridad de los derechos vulnerados y del cumplimiento de obligaciones incumplidas, ya que se asegura una ejecución de la eventual ejecución de la sentencia, de que la misma no se haga ilusoria. Nada se hace con una justicia declarativa, que declare el derecho, que de satisfacción al alegato de parte, si aquello que se peticiona no se puede materializar, mediante actos ciertos y efectivos de ejecución; y ello solo se logra con la existencia de una institución cautelar objetiva, definida y obviamente que justa.” (Jiménez, 1999: 16). El estudio de las medidas preventivas es tanto más complejo, cuanto más interesante porque analizar este tema implica la observación del fenómeno procesal desde el punto de vista de la eficacia de la sentencia y, a la par del proceso mismo. Ha surgido la necesidad de establecer precauciones esenciales que deben rodear la decisión del juez al conceder las medidas cautelares y las garantías que aseguren a la parte contra la cual obra la medida que no será injusta o exagerada, ofreciendo a tal efecto mecanismos o medios de defensa para hacer frente a esa situación, creando así el legislador las condiciones procesales que concedan un mejor aprovechamiento del derecho de defensa.

Constitucionalmente se establece el derecho a demandar la responsabilidad personal del juez por los daños ocasionados por su exceso en el decreto de las medidas. En la práctica de Tribunales nos encontramos con los inevitables retardos en los procesos civiles que desencadenan consecuencias nefastas para la satisfacción de la pretensión del demandante dejando ilusorios sus derechos, asimismo nos enfrentamos diariamente a desaciertos judiciales por desconocimiento de principios y garantías que rigen el proceso, lesionando derechos amparados por la Constitución vigente de 1999 como el derecho al debido proceso, a la defensa, a la petición y respuesta oportuna, a la igualdad, que son de obligatorio e imperativo respeto para

todos, razón por la cual deben estudiarse y analizarse las conductas dentro del proceso tanto de las partes como la del juez y los auxiliares de justicia a fin de ajustarlas a derecho.

A fin de elaborar el presente trabajo y lograr los objetivos trazados se realizó una investigación de tipo documental-explicativa, haciendo un estudio y análisis legal, doctrinal y jurisprudencial (1996-2006) del Tribunal Supremo de Justicia en materia de principios procesales y medidas cautelares utilizando técnicas de fichaje a fin de recabar la información necesaria, tomando en cuenta las pautas de la Metodología de la Investigación.

Principios constitucionales del proceso

El Primer Título de la Constitución vigente, referido a los Principios Fundamentales consagra los principios de supremacía y fuerza normativa de

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