La Politica Cientifica Y Tecnologica De Venezuela

LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE VENEZUELA (1999-2008)

Rafael Rangel Aldao

Departamento de Tecnologías de Procesos Biológicos y Bioquímicos, Sección de

Biofísica, Universidad Simón Bolívar

E-mail: rafael.rangelaldao@gmail.com

Introducción

La política científica de casi un decenio de gobierno se puede analizar a

través de los nuevos organismos oficiales y leyes de la República, introducidos y

puestos en ejecución entre 1999 y 2008. En especial caben destacar los

siguientes: (a) la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (1999) hoy

denominado Ministerio del Poder Popular para Ciencia y la Tecnología, MppCT;

(b) El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2030) PNCTI; (c)

La Misión Ciencia (2006), y; (d) La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e

Innovación (LOCTI, 2005).

En este trabajo haremos un seguimiento de las políticas públicas propias de

la ciencia y la tecnología nacional, mediante un análisis de los objetivos y

estrategias que se ha planteado el poder ejecutivo, los resultados que reporta el

propio gobierno durante el decenio (1999-2009), la consistencia entre la estrategia

oficial y el despliegue o implantación de sus políticas, y finalmente, el impacto

sobre el desarrollo científico-tecnológico del país de acuerdo a indicadores

universalmente aceptados que son del dominio público (RICYT, 2008) o

reportados por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

(ONCIT, 2007), creado en 2006 a partir de la LOCTI .

El Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología (MppCT)

A partir de 1999 cambia radicalmente la forma de administrar la ciencia y la

tecnología en Venezuela, que por más de treinta años (1967-1999) se hizo con el

desaparecido Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), y que basó

su exitosa gestión en una amplia y democrática representación nacional de la

comunidad científica y del sector privado, tanto a los niveles de selección de

proyectos por evaluación de pares como en el más alto nivel del Directorio (Roche,

1996).

Avalos (1999) resume así treinta años de logros y el modo de formular una

política pública de índole científica:

“Su obra acumulada es importante… el CONICIT es responsable de en

primer orden de la creación y desarrollo de una infraestructura expresada

en laboratorios y bibliotecas, la formación de investigadores, el desarrollo

de postgrados, la publicación de revistas científicas, la introducción de la

telemática y, por otra parte, algo igualmente importante, como es la

implantación de una institucionalidad, vale decir de un conjunto de valores,

Rangel-Aldao. La Política Científica y Tecnológica de Venezuela

Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos

y Culturales de la Ciencia y la Tecnología, 2008, No. 2

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leyes y prácticas, como basamento para el desenvolvimiento de la ciencia

nacional. En este sentido cabe destacar que perfiló el oficio del científico e

introdujo elementos determinantes para su profesionalización en tiempos en

que tal oficio era casi inexistente; por otro lado, introdujo desde sus

comienzos la evaluación de méritos a la hora de determinar sus apoyos,

cosa que, de nuevo, se dice fácil pero hay que valorar lo que significaba eso

cuando el apogeo de la cultura del igualitarismo mal entendido; y, por último

ha ido haciendo mucho para que el país tenga estima por sus

investigadores y valore como debe la producción de conocimientos, su

difusión y aplicación.

Hubo, en síntesis, una suerte de «apropiación» de una política

pública, la política científica, por parte de un grupo social constituido por la

comunidad científica, no obstante la elaboración de cuatro Planes

Nacionales, redactados en diferentes quinquenios gubernamentales con la

pretensión casi nunca cumplida de establecer prioridades que señalaban

cuál era la ciencia requerida por el país. Se trató, entonces, en gran

medida, de una política desde y para los científicos con el apoyo y la

aquiescencia del Estado, conforme a un arreglo - contrato social -, que no

fue único, sino que tuvo lugar en otros campos y en todos ellos permitió, de

diversas maneras y en diversos grados una suerte de “colonización” de la

política pública por parte de intereses corporativos variados. En este sentido

vale la pena, por su relación con el tema que se viene tocando, una corta

digresión sobre la política tecnológica”.

Ese “contrato social” referido

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