Leyes Mexicanas Para La Biología

6.5.1 CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO

Art. 25: se menciona en este que al estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, que debe fomentar el desarrollo económico, distribución de la riqueza, debe planear también la actividad económica nacional, regulara las actividades que sean de interés general. Es obligación del sector social, publico y privado contribuir al desarrollo de la nación; el sector publico tendrá a su cargo la electricidad, petróleo, etc. para controlarlas, deberá impulsar empresas del sector social y privado cuidando la conservación del medio ambiente y protegiendo su actividad económica. La ley debe establecer los mecanismos para la expansión económica en ejidos, sindicatos, cooperativas, etc. De bienes y servicios de primera necesidad.

Art. 26: este menciona que el estado debe realizar un sistema de planeación de desarrollo democrático para el crecimiento de la economía y democracia política y cultural del estado. Mediante diferentes sectores de la sociedad, el estado debe recoger las demandas de la sociedad para que las incorpore al plan que son sujetos a la esfera de administración publica federal, para esto el ejecutivo estará a cargo y será quien negocie con las entidades federativas; también se debe exhortar al particular para que participe en el plan.

Art. 27: se refiere a que las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional corresponden al estado. Puede concederle a los particulares una propiedad privada y deberá regularla según el interés publico, hacer expropiaciones e indemnizar al ciudadano por tal hecho, se dictaran medidas para los asentamientos humanos en zonas urbanas y rurales. Le corresponden a la nación también el dominio de los recursos naturales de las plataformas continentales, yacimientos, metales, piedras preciosas, combustibles petróleos, materias nucleares, etc. El gobierno federal tiene la facultad de señalar reservas ecológicas o suprimirlas, también debe de abastecer de luz eléctrica a la nación.

Pueden adquirir tierras de la nación los mexicanos por nacimiento, naturalizados, asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia publica, sociedades mercantiles, bancos y estados o distrito federal. se prohíben latifundios y deberá fomentar la actividad agropecuaria y forestal en la población campesina.

Art. 31 fracc. IV: menciona que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto publico de la entidad donde se viva de forma equitativa según la ley lo disponga.

Art. 131: se refiriere a que la federación tiene la facultada para gravar mercancías de importación o exportación, reglamentar la mercancía para que circule por la nación. El ejecutivo será facultado por el congreso para que fije las tarifas de cobro, restringir importaciones, exportaciones o transito de productos a fin de lograr el beneficio del país. Es deber del ejecutivo que cada año mediante la entrega del presupuesto fiscal rendir cuentas del poder concedido.

La ley de fomento económico, correspondiente al articulo 25 constitucional, señala que el objeto de la Ley es impulsar el desarrollo económico de la nación a través del establecimiento de políticas que estimulen la inversión, el empleo y el crecimiento económico, correspondiéndole al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico; en el ámbito de su competencia la aplicación de la misma, promoverá la celebración de convenios con los Ayuntamientos, para fomentar la actividad económica de inversión y desarrollo en cada una de sus entidades.

Establecerá un marco de seguridad jurídica que estimule y consolide la inversión en el Estado; fomentar la inversión para el desarrollo económico, promover la desregulación económica y simplificación administrativa de los trámites de inscripción de apoyo, con el fin de crear un entorno favorable y competitivo. Deberá fomentar políticas que promuevan la inversión de capitales; estimular el comercio exterior, fomentar la reactivación económica de las zonas con menor nivel de desarrollo económico; promover la participación del Estado.

La ley de desarrollo sustentable, correspondiente al articulo 25 y 26 constitucional, su objetivo es promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar

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