Mecanimos Economico

Una de las características de la Constitución venezolana aprobada en 1999, es la inclusión de diferentes mecanismos de participación popular en su art. 70, consagrados como derechos políticos de los ciudadanos. Entre ellos cabe destacar las diversas formas de participación en la esfera socio-económica, en los cuales se incluyen las “…instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”

El establecimiento de este derecho constitucional ha servido como punto de partida para que los órganos gubernamentales orienten su apoyo institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras ya mencionadas.. En todo caso, los puntos a favor y en contra de este programa gubernamental han servido como referencia para la promoción de nuevos programas que impulsan la participación popular en el campo económico, como lo establece el texto constitucional. Es así como durante el año 2005 se comenzaron a impulsar las figuras de la cogestión y las empresas de producción social (EPS), que junto con las cooperativas, los microcréditos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME), se toman como puntas de lanza de los programas oficiales orientados a la consolidación de la “economía popular”.

Son diversos los temas de discusión que surgen a raíz de estas acciones gubernamentales, ya que cada una de ellas tiene implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, ambientales, e incluso institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexiones relacionadas especialmente con los mecanismos de cogestión que vienen promoviéndose en el país, analizados desde una perspectiva económica.

El contexto jurídico-político-social

En el ámbito de las decisiones políticas y jurídicas que se relacionan directamente con los mecanismos de cogestión, se hará referencia a tres de los instrumentos que le sirven de referencia en la actualidad; estos son la Constitución Nacional, ya referida anteriormente, el documento sobre el Nuevo Mapa Estratégico, y el proyecto de “Ley de participación de trabajadores y trabajadoras en la gestión de empresas públicas y privadas”, presentado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Los comentarios que se esbozarán sobre estos instrumentos se concentrarán en las implicaciones que tiene cada uno de ellos sobre la configuración del sistema económico propuesto por el gobierno central.

En primer término, la Constitución Nacional establece lineamientos para promover y proteger las diferentes formas de participación popular, en lo social y lo económico, comprometiendo al Estado a proporcionarles capacitación, asistencia técnica y financiamiento oportuno (art. 70, 118, 308). En estos términos no solo se refiere a la cogestión, sino a todos los medios de participación y formas asociativas “guiados por valores de mutua cooperación y solidaridad” (cooperativas, autogestión, cajas de ahorro, entre otros).

Al mismo tiempo se preserva el respeto a la libertad económica y la propiedad privada, con las limitaciones que implemente el Estado en aras del interés social y con el objetivo de “lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (art. 112, 299).

Lo anterior puede interpretarse como la supremacía del Estado para decidir cuando la libertad económica de los agentes privados debe ser intervenida, para favorecer objetivos de tipo social. Con este marco constitucional, queda abierta la puerta a decisiones gubernamentales que puedan imponer la cogestión de manera coercitiva, y aplicable aún en los casos donde los propietarios privados pudieran oponerse. Actualmente no hay un régimen jurídico específico que regule esta situación probable, pero pudiera estar amparado por la norma constitucional.

Por otra parte, si se revisan los documentos relacionados con la planificación estratégica del alto gobierno pueden observarse cuáles son los objetivos que se han establecido para la esfera económica y social. Tal es el caso del texto denominado “El nuevo mapa estratégico” (Chávez, 2004)5, documento donde se plasman los diez objetivos estratégicos que deben guiar los planes de acción gubernamentales. Estos son:

1. Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.

2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional.

3. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.

4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado.

5. Activar una estrategia integral contra la corrupción.

6. Desarrollar la nueva estrategia electoral.

7. Acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo, rumbo a la creación de un nuevo sistema económico.

8. Continuar instalando la nueva estructura territorial.

9. Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.

10. Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar.

Los objetivos 1 y 7 hacen énfasis en los cambios propuestos en el campo social y el económico, respectivamente, sin olvidar la interdependencia que estos tienen con el resto de los lineamientos estratégicos perseguidos por el gobierno.

Con respecto a la conformación de una nueva estructura social, se enfatiza en el empoderamiento de los estratos de bajo ingreso, “darle poder a los pobres” (Chávez, 2004: 33), y en la búsqueda de una sociedad más justa y con mayor igualdad. Este planteamiento busca mejorar las condiciones sociales de amplios sectores de la población venezolana, caracterizados desde hace muchos años por:

- Creciente nivel de pobreza, estimado para finales del 2004 en 60,15% de la población, con un grado de pobreza extrema de 28,10% (Cesap-Cisor, 2005).

- Desigualdad en la distribución del ingreso: en términos estadísticos el coeficiente Gini alcanzó un valor de 0,457 a comienzos del siglo XXI (año 2000), mostrando una tendencia decreciente (Cesap-Cisor, 2005). Este indicador varía teóricamente entre 0 y 1, donde un valor de cero representa igualdad total en la distribución del ingreso y 1 indica una desigualdad extrema. Esto significa que el índice venezolano se encuentra en un nivel intermedio de desigualdad, aunque mostrando un comportamiento decreciente en los últimos años.

- Tasa de desempleo en disminución y altos niveles de ocupación en el sector informal: los niveles de desempleo han experimentado una caída importante (10,7% para febrero de 2006, según INE, 2006), mostrando resultados favorables para la gestión gubernamental y la recuperación del sector privado. Sin embargo, se mantienen altas tasas de desempleo informal (46,1% en marzo 2006, según INE, 2006), indicando que este sector de la población no goza de los beneficios laborales previstos en el marco institucional venezolano, afectando su calidad de vida.

- Limitado acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda) en los estratos más pobres de la población (INE, 2006).

Este marco de condiciones sociales desfavorables ha justificado gran parte de las acciones implementadas por el gobierno, entre ellas la promoción de las políticas de cogestión, con el argumento de recuperar y fortalecer empresas que generen nuevos empleos, o que eviten la desaparición de fuentes de empleo ya existentes. Para ello se estimula la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, otorgando el

Apoyo financiero requerido para continuar las operaciones de empresas en situación de crisis.

Transformación del sistema económico a través de la cogestión

Cabe destacar que históricamente la actividad económica del país se ha conducido bajo un esquema capitalista con una fuerte participación del sector gubernamental, es decir, un sistema económico mixto que algunos autores caracterizan como un socialismo liberal, capitalismo de Estado o economía socialista de mercado (entre otros).

Es necesario recordar que los sistemas económicos se definen en función de las relaciones de producción que predominan en ellos, entendiendo a éstas como las que se

Establecen entre el propietario de los medios de producción y el trabajador directo, es decir, entre los agentes (personas) involucrados en el proceso productivo, definiendo como se desarrollarán las condiciones de trabajo, la distribución del ingreso y la riqueza, entre otros aspectos de índole económica; se trata de relaciones técnicas e institucionales que rigen la organización económica y afectan las decisiones fundamentales de una sociedad (Mochón, 2005).

Es determinante para el sistema, la modalidad de propiedad que rige estas relaciones de producción; para el caso del capitalismo y del socialismo liberal, la propiedad de los medios de producción está principalmente en manos de agentes económicos privados, aunque en el segundo caso el Estado se reserva actividades económicas que se consideren estratégicas para el país o de interés colectivo (González y Maza, 1992).

Si se consideran las experiencias de cogestión que recientemente se han dado en el país, y su marco normativo actual y potencial, no se puede afirmar que se esté gestando una transformación de sistema económico. Esta política gubernamental se ha caracterizado hasta el momento por lo siguiente:

- Se trata de aplicar los mecanismos de cogestión

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