Argumentacion Juridica

INTRODUCCION

Una de las consecuencias que produce la implementación de un sistema oral, se percibe como connatural la necesidad de que se desarrolle en audiencias públicas, de manera rápida y concentrada, la investigación y el juzgamiento.

Esta condición estructural del sistema procesal penal, hace indispensable profundizar en las técnicas propias de la “oralidad” y de la argumentación, como requisito indispensable para un correcto ejercicio de la profesión de abogado.

Debiendo fortalecer las competencias argumentativas de sus funcionarios para utilizarlas en el análisis de la normatividad, para plantear de manera adecuada el soporte normativo e interpretativo a través de métodos que permiten llegar a concluir de determinada manera.

En esencia, la argumentación jurídica es una forma de fundamentar en el ejercicio del derecho.

La argumentación, es la base de la comunicación, y solo realizando un proceso adecuado puede obtenerse el resultado deseado y una decisión acorde a la pretensión de la Fiscalía quien esgrime una serie de elementos que fundamentan los argumentos.

Debemos concluir con Perelman que “El querer trascender estas condiciones sociales e históricas del conocimiento, transformando ciertos acuerdos de hecho en acuerdos de derecho, solo es posible hacerlo gracias a una postura filosófica que se conciba, si es racional, únicamente como la consecuencia de una argumentación previa: la práctica y la teoría son, a nuestro parecer, correlativas de

un racionalismo crítico, que trasciende la dualidad de juicios de realidad-juicios de valor y los solidariza con la personalidad del sabio o del filósofo, responsable de sus decisiones tanto en el campo del conocimiento como en el de la acción. Solo la existencia de una argumentación, que no sea no apremiante ni arbitraria, le da un sentido a la libertad humana”.

Se interpretan textos jurídicos denominados preposiciones legales que a su vez se presentan como lenguaje y acercamiento a la textualidad. Este acercamiento puede ser para explicarla o atribuirle un sentido, independientemente del acto que se realice. La textualidad jurídica está constituida por la lengua y está por tres elementos que son el significante, el significado y significación. En este tenor de ideas la interpretación jurídica puede entenderse en dos sentidos inicialmente, el primero entendido como el acto que permite determinar el significado de un vocablo o frase del lenguaje legal, y el segundo como el resultado de dicha actividad.

Independientemente de las definiciones que le pudiéramos atribuir a la argumentación sus principales elementos son, la existencia de un discurso y la existencia de otro que toma al primero de ellos como referente, en consecuencia no hay argumentación sin discurso. En otras palabras el lenguaje objeto es lenguaje del otro discurso, siendo este último un metalenguaje. La argumentación jurídica se entiende casi siempre como el dar razones que justifiquen la premisa.

La pregunta para ahora resulta ser como interfiera ahora el derecho, resultando como una argumentación entre otros elementos de existencia como el lenguaje, la verdad el dialogo, la diciplinaridad, definiendo a si a la argumentación jurídica ya que esta es una forma de presentar al derecho ante nosotros, habiendo posible la existencia del discurso normativo y del metalenguaje doctrinario.

Llegando a la conclusión que en el texto se presenta el signo lingüístico, funciones del lenguaje, lenguaje, la lengua y el habla. Siendo el signo lingüístico todos aquellos enunciados o proposiciones, que tienen una función comunicativa y que se presentan en una textualidad y esta tiene por objeto comunicar un mensaje, no es poner una cosa junto a otra.

Lector que al atribuir significados a al textualidad y al ser interpelado por ella, construye un sentido de la misma y se vuelve creador del texto al tiempo que lector. Teniendo como resultado que leer, es construir un sentido sobre el significado textual.

La teoría de la argumentación jurídica se había ocupado del discurso justificativo de la autoridad judicial, es decir de la motivación y justificación de las resoluciones judiciales; ello deriva de que en el proceso penal inquisitivo la argumentación era casi exclusiva del órgano jurisdiccional; apreciando solo la actividad argumentativa de la representación social y de la defensa en la etapa conclusiva, cuando se formulaban las conclusiones acusatorias o in acusatorias respectivamente; cabe señalar, que la argumentación, que por cierto se realizaba de forma escrita, no era valorada por el juzgador en su sentencia; inclusive, ante la omisión se tenían como formuladas de forma supletoria.

La estructura del nuevo sistema procesal penal, que rige en México a partir de junio del 2008, y que lo establece como acusatorio, oral y adversarial; hacen indispensable retomar el tema de la argumentación jurídica, ahora, no solo para los actores en el ejercicio de la judicatura, sino también para los actores del proceso penal, sean Ministerios Públicos o bien defensores públicos o privados; la destreza de pensamiento y palabra

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