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Derecho Electoral


Enviado por   •  30 de Julio de 2013  •  2.280 Palabras (10 Páginas)  •  290 Visitas

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. MENCIONE TRES DE LOS ENUNCIOADOS NORMATIVOS:

- La delegación en la ley y los estatutos internos de la definición de las reglas sobre disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos.

- La imposibilidad de acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión, voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.

- La regla supletoria para la designación del liquidador, cuando ello no se hubiere previsto en los estatutos internos.

Métodos de extinción de la personería jurídica:

1- De carácter coactiva y compete al CONCEJO NACIONAL ELECTORAL y concurren cuando se cumplen los supuestos previstos en la constitución, esto es, en razón de la imposición de sanciones por las faltas señaladas en el articulo 107 y 108 C.P. y desarrolladas por la norma estatutaria, según se ha tenido oportunidad de indicar; o cuando se cumplen los supuestos de pérdida de representatividad democrática debido a no alcanzar el umbral previsto en el inciso primero del articulo 108 C.P.

2- De carácter voluntario, conforme al cual el legislador estatutario reconoce a los partidos y movimientos políticos la potestad de decretar su disolución y liquidación, de acuerdo con las causales que fijen la ley y, en especial sus estatutos internos.

28. Revisión judicial de las decisiones del CONCEJO NACIONAL ELECTORAL;

La potestad sancionatoria que ejerce la CNE, es de naturaleza disciplinaria-administrativa, lo cual necesariamente implica la posibilidad de escrutinio judicial de sus decisiones. Esto se justifica por dos razones adicionales de índole constitucional. La primera , según la cual la vigencia del estado de derecho reposa en que todo acto estatal este sometido a la revisión judicial, a fin que sea un órgano publico independiente y basado en reglas objetivas el que decida definitivamente sobre la legalidad y la constitucionalidad de la actuación correspondiente. La segunda basada en la vigencia del derecho de acceso a la administración de justicia, que también se predica a favor de los partidos y movimientos políticos, quienes podrán cuestionar, para el caso planteado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, las decisiones adoptadas por el CNE cuando consideren que son contrarias al orden jurídico.

Razón por la que fue declarado inexequible el parágrafo transitorio del artículo 14,

Según se ha explicado en el régimen de bancadas previsto en la constitución tiene como finalidades esenciales aumentar el grado de disciplina al interior de los partidos y movimientos, al igual que incorporar herramientas que redunden en la racionalidad y eficiencia en la actividad legislativa. Estos objetivos carecen de un alcance tal que permiten que la bancada suplante la decisión de miembros e integrantes de la colectividad en aquellos asuntos más importantes, como es la existencia jurídica misma del partido o movimiento, más aun cuando se trata solo de la que tiene representación en el congreso, con exclusión de otras corporaciones públicas de elección popular o cargos uninominales.

Efectos de la disolución administrativa.

1- Una vez notificada la decisión que decreta la disolución, procederá el cese inmediato de la actividad de la colectividad reputándose inexistentes los actos posteriores.

2- Se considerara fraudulenta la creación de un nuevo partido o movimiento que subrogue al que se decreto la disolución, subrogación que se verificara a través de la conexión o similitud institucional o de miembros directivos.

29. Mencione dosconsecuencias del primer inciso del ART.109 de la constitución:

- El estado deberá obligatoria y efectivamente concurrir a la financiación de los partidos y movimientos políticos.

- El estado financiara aquellos partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica.

En qué consiste la trascendencia para la democracia-

La financiación pública se encuentra encaminada a garantizar los principios de participación, igualdad, transparencia y pluralismo, que deben informar el juego político y electoral en un estado constitucional y democrático de derecho; así como evitar la injerencia, servidumbre o dependencia de los partidos y movimientos políticos respecto de los grupos de poder e intereses particulares.

Referencias-.

C-145 de 199. Aquí la corte estima que un aspecto central del funcionamiento y régimen de los partidos y movimientos políticos, es el relacionado con la financiación estatal de las campañas electorales. Siendo uno de los temas de ineludible regulación mediante ley estatutaria.

C-089 de 1994. La corte condenso los fundamentos de la ayuda financiera estatal, la cual deberá ser parcial y estar dirigida a neutralizar los riesgos que implica, para una verdadera democracia, algunas modalidades de financiación política, desmesurada y tendiente a la cooptación de la acción pública del candidato elegido, por parte de los grupos económicos de poder y así garantizar la independencia y el correcto desempeño de sus funciones representativas y mediadoras de los grupos y organizaciones políticas.

C-1153 de 2005. El rol que el estado debe desempeñar a través de la financiación de las organizaciones políticas y de las campañas electorales es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, e hizo énfasis en los múltiples riesgos de la creciente financiación privada de los partidos y movimientos políticos que justifica la necesidad de financiación estatal.

30. mencione 3 mandatos que se derivan del artículo 109 de la constitución.

i. El estado debe concurrir obligatoria y efectivamente, en la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

ii. Dicha financiación será parcial.

iii. La ley regulara lo relativo a los requisitos para acceder al derecho de financiación estatal, teniendo como criterio el porcentaje de votación obtenida por las organizaciones políticas y sus candidatos.

Reposición de votos: la constitución no establece que habrá reposición para todos los candidatos. Se establece que el pago estatal se concederá solamente a los que cumplan con el “porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación”. Ahora bien la determinación legal del porcentaje no tiene que ser fija y explicita,

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