PERSPECTIVA LEGAL Y SOCIAL DEL CASO POLÉMICA VIDEO

ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES Y ACCIÓN INTEGRAL

SARGENTO SEGUNDO  HURTADO RODRIGUEZ OVERTH

CC. 71778215

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

BOGOTÁ

2016

PERSPECTIVA LEGAL Y SOCIAL DEL CASO POLÉMICA VIDEO

A pesar de que el video revelado por la periodista Vicky Dávila se surte en el contexto de una investigación que adelanta la Procuraduría contra el Director saliente de la Policía, el General Rodolfo Palomino, por distintos cargos que implicarían a un funcionario del gobierno, Carlos Ferro, hasta hace poco Viceministro del Interior. Es evidente que la manera en que el video fue dado a conocer a la opinión pública viola una serie de derechos fundamentales establecidos en la Constitución como la intimidad o el libre desarrollo de la personalidad, entre otros y trajo como consecuencias la pérdida del cargo para la exdirectora de la F.m. debido a que el video en sí mismo no es material probatorio de una conducta ilegal.

En consecuencia, a la luz de los acontecimientos que impactaron a la opinión pública en los últimos días, el proceso iniciado por el Ministerio Publico contra la Dirección de la Policía establecía tres conductas violatorias: el incremento patrimonial injustificado que implica un aumento del patrimonio por medios no legales, el seguimiento e interceptación legal a periodistas que supone un abuso de autoridad y atenta contra la libertad de prensa, además de la creación de una red de prostitución cuyo delito se encuentra tipificado en el Código Penal colombiano como prostitución forzada (Código Penal, 2000).              

De este modo, si bien es cierto que una investigación de este calibre por los cargos de “posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y por la supuesta creación y puesta en marcha de una red de prostitución, denominada 'La comunidad del anillo'” (El Tiempo, 2016) es muy grave para la Policía e implica un escrutinio por parte de las autoridades competentes y de la sociedad. Se debe hacer de una manera responsable y profesional que ayude a mostrar la verdad y que también respete los derechos de los implicados ya que todos son sujetos de derechos y obligaciones.

No obstante, en el curso de esta investigación, también llevada a cabo por la exdirectora de la F.m. se logró identificar que también el excongresista, Carlos Ferro, estaría implicado mediante la prueba de un video en el cual supuestamente se muestra cómo funcionaba la red de prostitución llevada a cabo por la Dirección de la Policía y miembros del Congreso. La fuente que entrego el video a RCN resulto ser el Capitán de la Policía, Ányelo Palacios Montero, quien habría sido víctima de la red y había denunciado el caso hacia año y medio.

Sin embargo, cuando se analiza el contenido del video se evidencia que este no constituye ninguna prueba legal contundente que ayude a dar luz sobre la investigación. De esta manera, el video en sí mismo solo muestra la conversación intima entre el excongresista Carlos Ferro y el Capitán de la Policía pero no arroja evidencia precisa sobre la red de prostitución. Esto se puede constatar por la relación que mantienen los dos sujetos en donde no se puede apreciar que uno de ellos obligue al otro a tener determinada conducta sino que los dos muestran su aceptación e incluso muestran su voluntad de tener el encuentro.  

De esta manera, la falta de responsabilidad en la revelación de un video que no constituye ninguna evidencia de un comportamiento delictivo y también la imprudencia por parte de la periodista Vichy Dávila en no llevar a cabo ningún tipo de edición de su contenido paso a vulnerar los derechos fundamentales de las personas implicadas. Así mismo lo reconoció la propia exdirectora de la F.m. en una entrevista con Daniel Coronell a raíz de su salida de la emisora cuando le preguntaron si volvería a publicar el video: “definitivamente habría que editar el video y suprimir muchas partes del audio” (Davila, 2016).

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