Operatividad Del Derecho Ruso

Operatividad

El procedimiento civil en la URSS

El fin del procedimiento civil consistía en garantizar la correcta realización de la justicia en los procesos civiles con objeto de salvaguardar el sistema de economía y propiedad socialistas, de defender los derechos políticos, laborales, de vivienda, los demás derechos personales y patrimoniales y los intereses de los ciudadanos, así como los derechos e intereses protegidos por la ley, de las instituciones estatales, empresas, koljoses y demás organizaciones cooperativas y sociales.

Los tribunales iniciaban la substanciación del proceso, a instancia de la persona interesada o del Procurador, bien a solicitud de las organizaciones estatales, profesionales o sociales o de determinados ciudadanos, cuando con arreglo a ley el proceso pueda incoarse sin necesidad de instancia del interesado.

La justicia se administraba con base en la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales y con independencia de su posición social, económica, jerárquica, de su sexo, nacionalidad, raza o religión.

La tramitación de los procesos civiles ante los tribunales de primera instancia era llevaba a cabo por un tribunal integrado por el juez y dos asesores del pueblo, quienes tendrán en todo momento, los derechos del juez.

Cuando los asesores del pueblo y juez administren justicia serán independientes y solo estarán subordinados a la ley y en consonancia con la conciencia socialista del derecho y en condiciones que excluyan la influencia que sobre ellos intenten ejercer personas extrañas al tribunal.

El procedimiento se desenvolverá en el idioma de la república federada o autónoma, de la región autónoma o del distrito nacional. Las personas que no dominen el idioma tendrán derecho a intervenir en su lengua materna y por medio de traductor.

La tramitación judicial era oral y pública, aunque excepcionalmente podían celebrarse a puertas cerradas si se encontraban afectados secretos del Estado y siempre con la misma composición del tribunal.

El procurador tenía el derecho de iniciar el proceso civil o a intervenir en cualquier etapa del mismo siempre que lo requiriera la defensa de los intereses estatales, sociales o a la de los derechos e intereses de los ciudadanos protegidos por la ley, asimismo de presentar al Tribunal conclusiones tanto acerca del fondo como respecto a cuestiones que surjieran durante la tramitación.

Contemplaba el examen de legalidad por medio del recurso de casación y protesta contra sentencias y resoluciones.

El procedimiento penal en la URSS

La característica principal del derecho penal soviético es que la ley penal no sea un instrumento punitivo, tratando de servir a su tipo de dictadura, y desde los primeros pasos se pretende proteger al explotado contra el explotador. El principio rector del derecho penal soviético fue la certeza de la pena, no su severidad, y se plantea como un derecho transitorio. Se caracterizaba por ser un derecho revolucionario, y en consecuencia considera como delitos de máxima gravedad los actos antirrevolucionarios. Se trata de un derecho autoritario y de índole política.

Referente a la política criminal, lo esencial es el tratamiento del delito, y se concede mayor importancia a las medidas de transformación de la conducta criminal que a la conducta misma, declarando investigación primaria relativa a sus causas y efectos sociales, con preferencia a los motivos individuales que pueden determinarla. Los delitos se clasificaban en dos, los que atacan contra la estructura del estado, que deberán considerarse como los más peligrosos y para los que se establece un límite por bajo del cual no están autorizados los tribunales a imponer medidas de defensa social de carácter judicial-correctivo, y por otro lado los delitos de cualquier otra especie, para los cuales el código establece un máximo por encima del cual los tribunales tienen prohibido llegar.

Dentro de los conceptos clave del derecho penal soviético se encuentran los siguientes:

Las medidas de defensa social cuya finalidad era la prevención especial y general y la adaptación, declarando que las medidas de defensa no pueden tener por fin infligir un sufrimiento físico ni lesionar la dignidad humana y no se proponen la venganza ni el castigo. El fundamento de las medidas no reside en la culpabilidad, sino exclusivamente en la peligrosidad del autor, revelada en la comisión de un acto peligroso. Estas medidas se dividen en tres clases: las judicial-correccionales, que se aplican a los delincuentes que han cometido hechos peligrosos, las médicas que se usan con fines curativos en caso de anomalías psíquicas, y las médico-pedagógicas, que tienen un papel más educativo en el caso de niños o adolescentes.

La acción/omisión socialmente peligrosa se consideraba como socialmente peligrosa toda acción u omisión que vaya dirigida contra la estructura del estado soviético o que lesione el orden jurídico establecido por el régimen de los obreros y campesinos para la época de transito al régimen comunista.

Las medidas extraordinarias de defensa social: En la revolución de 1917, el lema del partido comunista apoyado por los soviets fue paz, pan y abolición de la pena de muerte. Aún así, en el primer decreto de 12 de marzo de 1917 se suprimió este castigo, pero solo para los delitos comunes, incluso para los delitos militares, conservándose para las infracciones políticas. El derecho penal soviético es un derecho revolucionario , en consecuencia, considera delitos de máxima gravedad todos los actos contra-revolucionarios: las actividades que se encaminen a la destrucción o menoscabo del poder de los Consejos Obreros y campesinos y de los gobiernos de las republicas unidas y autónomas. La pena para la sanción de estos hechos contra-revolucionarios era la pena de muerte mediante fusilamiento o la exclusión con aislamiento llamada medida extraordinaria de defensa social.

El principio de analogía. El principio de analogía se introduce en el artículo 16 del código de 1922, según el cual, se autoriza al juez para aplicar medidas de defensa en aquellos casos peligrosos, que sin estar descritos típicamente en la ley, presentan analogías con otros hechos delictivos que el código ha definido. La máxima nullum crimen nulla poena sine lege se quebranta, aún así, el arbitrio del juez está limitado por las normas que rigen la analogía obligando al juez a indicar el artículo referente, permitiendo su aplicación de manera restrictiva,

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