CASO TAMBOGRANDE

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“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CURSO: Derecho Ambiental

TEMA: Caso Tambogrande

PROFESOR: Miguel Ángel Espichan

ALUMNOS:

• José André Noriega Puglisevich
• Fiorella Valverde

LIMA - PERU

2017

ÍNDICE

1. Planteamiento del problema…………………………………………………..3

1. El conflicto con la población…………………………………………......5
2. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto………………………...9

1. Hipótesis
2. Marco conceptual
3. Análisis / evaluación
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Bibliografía
7. Anexos

1. Planteamiento del problema

Tambogrande es un distrito con una extensión aproximada de 144 282 hectáreas, localizado en el departamento de Piura, cerca de la frontera con Ecuador. El distrito ocupa dos tercios del Valle de San Lorenzo y se divide en tres áreas: el pueblo de Tambogrande, con una población aproximada de 16 000 personas; el área agrícola, con aproximadamente 5 500 agricultores, y el bosque seco de algarrobos (árbol del genero Prosopis), con una población aproximada de 28 500 personas (Portugal, 2005). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimaba, en el año 2000, que la población del distrito de Tambogrande era de 68 248 personas, incluyendo 16 000 habitantes del pueblo de Tambogrande y aproximadamente 10 000 pobladores del área rural de Tambogrande (Trelles, 2009).

La región donde se encuentra Tambogrande está considerada como una de las principales zonas agrícolas del país. A inicios del 2000, toda la región de Piura representaba el 22,1% del área cultivable del Perú y, a su vez, Tambogrande daba cuenta del 37,5% de la superficie agrícola de la región y el 8,3% de la del país.

Desde finales de la década del 40, el distrito de Tambogrande pasó de ser una zona casi desértica - con algunos cultivos para el autoconsumo, que se abastecían de los escasos recursos hídricos de la región - en un valle agrícola importante gracias al proyecto de irrigación de San Lorenzo (Cooper Acción, 2005). Desde entonces Tambogrande logró un uso racional de las aguas, el acceso masivo a la propiedad de los suelos, la conservación y el aprovechamiento económico de los bosques secos, que constituyen una muestra de un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales.

Junto a ello exhibe una de las mayores producciones agrícolas del país en productos como el mango, limón, arroz, algodón, caléndula y maíz. La producción de mangos y limones del Valle de San Lorenzo representan el 40% del total nacional. Casi la mitad de la producción de mangos del Valle de San Lorenzo se orienta a mercados externos (Cooper Acción, 2005).

La existencia de importantes reservas minerales en Tambogrande es conocida desde el gobierno militar del general Morales Bermúdez, a finales de la década de 1970, cuando el Bureau de Recherches Geologiques et Minières (BRGM) reportó que había reservas minerales en el distrito. Descubiertos estos yacimientos y preparadas las bases legales para la exploración y explotación de Tambogrande entre la Dirección General de Minería y la empresa francesa BRGM. La resistencia y temores de la población de Tambogrande respecto al desarrollo de la mina se expresaron ya desde esa época (Paredes, 2015).

Durante el régimen de Alberto Fujimori, bajo un nuevo contexto económico nacional, de acelerada promoción de inversiones extranjeras y mineras, el yacimiento polimetálico de Tambogrande entro en el régimen de concesiones minerales desde 1992. En 1999, el estado otorgó la concesión de los yacimientos de Tambogrande a Manhattan Minerals Corporation, una compañía canadiense joven y pequeña.

La primera concesión otorgada fue la de Lancones y Papayo en 1998; y luego entre 1998 y comienzos de 1999 el gobierno autoriza el plan de privatización del proyecto minero Tambogrande (TG1), aprobando un contrato de opción entre la Empresa Minera del Perú (Minero Perú) y la compañía canadiense, que sustituye formalmente a la empresa francesa BRGM. Según el contrato de opción, Manhattan tenía un plazo de tres años para explorar las 97 concesiones del proyecto minero que proponía abarcar 88 800 hectáreas: 45,4% del área total de concesiones mineras del departamento de Piura que alcanzan las 195 520 hectáreas según el catastro, de las cuales 10 000 hectáreas pertenecen a la concesión del distrito (Paredes, 2015). Al finalizar las exploraciones, MMC debía elaborar un estudio de factibilidad, definir un esquema de financiamiento y constituir la Empresa Minera Tambogrande (EMTG) con un 75% de capital propio y 25% de la empresa estatal Minero Perú. La empresa propuso un proyecto de explotación de minerales mediante excavaciones a tajo abierto, el hoyo tendría por lo menos 250 metros de profundidad, abarcaría 23.5 hectáreas y estaría localizado donde actualmente se encuentra el pueblo. Para ello, el proyecto suponía la reubicación de ocho mil habitantes, de una población total de entre 14 000 a 16 000 habitantes (Paredes, 2015).

El proyecto minero, además, se encontraba compuesto por los siguientes elementos:

• Durante la fase TG3; el proyecto requeriría desviar el rio Piura.
• Una planta de procesamiento de minerales.
• Una laguna de relaves mineros.
• La mina de Tambogrande tendría una vida esperada de aproximadamente 13,5 años (3,5 años para el oro y plata y 10 años para el cobre y zinc).
• Un programa de compensación que incluiría la construcción de residencias para la población reubicada, así como de inversiones para el desarrollo social y económico de la zona, incluyendo la fase post-operativa.

Los beneficios del proyecto minero a la comunidad serian amplios, según lo reportado por MMC. Habría 1 250 trabajos directos y 5 000 trabajos indirectos durante la construcción de la mina y luego, por los doce años siguientes de su operación, habría 350 trabajos a tiempo completo, 1 400 trabajos indirectos y 1000 trabajos vía tercerización (Paredes, 2015). La empresa asumió el compromiso de contratar a residentes de Tambogrande para  aproximadamente el 75% de los trabajos directos e indirectos que se crearan. Adicionalmente, se estimaba que el impuesto a la renta y por planillas a pagar durante la vida de la mina ascendería aproximadamente a 110 millones de dólares americanos. La compañía explico que el 50% del impuesto a la renta iría a la región, de acuerdo a las normas aplicables, de forma que las comunidades recibirán aproximadamente 51 millones de dólares americanos.

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