Historia Laboral

1977-2006: Treinta años de reformas laborales

Desde 1977 hasta 2006 los diferentes Gobiernos de turno han realizado

unas reformas laborales que han sometido la vida de los trabajadores

asalariados a los intereses de las ganancias empresariales y a la

organización del trabajo. A su vez dichas reformas han propiciado un

enorme ejército de reserva que engloba a los millones de parados y

trabajadores precarios.

Óscar Gómez Mera de insurgente - Donde más les duele | Para Kaos en la Red | 10-9-2007

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Una reforma siempre significa un avance, un logro por pequeño que sea. Las

contrarreformas, por el contrario, son aquellas que nos llevan a definir los retrocesos.

Hoy día la firma de un acuerdo con la clase patronal ya no resulta ser la firma de la paz

tras una conquista obrera, sino el mantener la paz para que la clase explotadora consiga

sus resultados económicos.

Las reformas laborales habidas en España en los últimos 30 años han venido a

significar, en mayor o menor medida, pasos dados para mantener el estado de las cosas.

Lejos de mejorar las condiciones de la clase obrera, lo que han hecho es agravarla a

pasos agigantados. Las movilizaciones y huelgas de estos últimos años en el

movimiento obrero no se han llevado a cabo para reivindicar nuevos derechos a

conquistar, sino para protestar por aquellos que nos querían quitar.

Antecedentes predemocráticos

Bajo las condiciones del franquismo, y fruto de la fuerza y contundencia de la

organización y lucha de la clase obrera hacia finales de los 70, los trabajadores

consiguen el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga, defensa de la

igualdad y seguridad de permanencia en el puesto de trabajo. Todo ello obliga a la

elaboración de normas como la de Conflictos Colectivos de 1975, y la Ley de

Relaciones Laborales (LRL) de Abril de 1976. Tras la muerte del dictador genocida se

desata una ofensiva que plantea un pulso al primer Gobierno de la monarquía franquista.

Consecuencia de ello es la obtención de toda una serie de derechos recogidos en la

mencionada LRL de 1976. La LRL concebía los contratos temporales como

excepciones al principio de la estabilidad en el empleo. Imponía una restricción al

despido libre pagado, obligando a los empresarios a la readmisión del operario

despedido. Resulta cuanto menos “llamativo” que en un estado totalitario que hacía

pocos meses había asesinado a cinco activistas de ETA y el FRAP, y en plena crisis

económica y energética se formule por vez primera en el derecho laboral español una

norma legal totalmente favorable a la contratación indefinida. Todo ello fruto de un

movimiento obrero no burocrático y asambleario.

Pero no habrían de durar mucho las conquistas conseguidas. En octubre del mismo 1976

el Gobierno Suárez presionado por la patronal suspendía el artículo 35 de la LRL, que

era el que restringía el despido libre indemnizado, obteniendo como respuesta una

huelga general el 12 de noviembre donde participaron dos millones y medio de

trabajadores. En marzo de 1977 otro decreto ley introducía como causa objetiva de

despido la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones tecnológicas y las

“necesidades de la empresa”.

La transición estaba en marcha, el PCE es legalizado meses antes de las primeraselecciones democráticas, a la vez que comienza una maniobra para convertir el

movimiento asambleario y democrático de las Comisiones Obreras en una

confederación sindical que compita con la UGT, central en manos del PSOE, en la

carrera de las elecciones sindicales, que supusieron un reducto para hacer pasar por el

aro del sistema al movimiento obrero.

Reformas de los Gobiernos de la UCD

Según la clase burguesa española, la crisis económica era fruto sobre todo de las alzas

salariales que habían deprimido la tasa de ganancia empresarial. Se pone en marcha el

discurso de que para fomentar el empleo hay que fomentar el crecimiento empresarial.

Discurso que ha dominado el debate sobre las sucesivas reformas laborales hasta

nuestros días, y que tan desastrosas consecuencias ha traído a la clase trabajadora.

Se hacía para ello necesario interlocutores válidos que asumieran el discurso

empresarial y que ejercieran así mismo de “controladores” del movimiento obrero. El

primer paso para consensuar la salida capitalista a la crisis y al franquismo era la

legalización de los partidos obreros y sindicatos. Una vez legalizados e

institucionalizados el PCE y el PSOE, los sindicatos que estos dos partidos controlaban

acabarían, tarde o temprano, tragando con la transición.

PACTOS DE LA MONCLOA

El gobierno de UCD y los principales partidos del arco parlamentario (PCE y PSOE

incluidos) suscriben los Pactos de la Moncloa como fórmula para combatir la inflación

mediante la moderación salarial. Los Pactos de la Moncloa suponen el inicio de un

proceso de precarización del mercado laboral, ya que regula la contratación temporal y

el ajuste de las plantillas en situación de crisis. Con estos pactos se abre la Caja de

Pandora de la contratación eventual y de posibilitar el despido. Siempre en aras del

crecimiento económico. Desde ese momento hasta hoy, pacto a pacto, acuerdo tras

acuerdo, convenio a convenio, se han ido eliminando derechos y conquistas logrados

por la clase obrera mediante la lucha.

Además en 1979 se firma el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) entre UGT y CEOE,

que sienta las bases para el futuro estatuto de los trabajadores.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (1980)

El Estatuto de los Trabajadores (ET) rompe con el principio de estabilidad en el empleo

impuesto en el año 1976 por la fuerza del movimiento obrero. La ley que regula las

relaciones laborales en España se hace sin la participación real de los trabajadores al no

existir un proceso abierto de discusión o aprobación de una ley tan fundamental. El ET

instaura el proteccionismo hacia las formas de explotación del capital sobre los

trabajadores, consagrando el despido libre de forma individual y colectiva. Se reduce la

cuantía por despido improcedente de un tope de 48 mensualidades a 42, y la opción de

readmisión o aceptar la indemnización ya no opera en manos del trabajador sino del

empresario.

Ese mismo año, 1980, se firma también el Acuero Marco Interconfederal (AMI) entre

UGT y la CEOE. Es un compromiso para la negociación colectiva sobre salarios,productividad, derechos sindicales o el tiempo de trabajo. Este acuerdo supone un punto

clave en la recuperación por parte del Estado y la patronal de la confianza en los

sindicatos, y lo que hasta entonces habían sido exiguas subvenciones estatales se

convierten en una financiación en toda regla que llevará a las centrales sindicales por el

camino de la institucionalización y a acaparar el poder sindical por parte de CC.OO. y

UGT, ya que son los que más garantías ofrecen al sistema. Como dato “curioso” hay

que apuntar que ese mismo año de 1980 la conflictividad se redujo un 60%.

El año 1980 fue record en la firma de acuerdos para recortar derechos, ya que UGT y

CEOE también suscribieron la Ley Básica de Empleo (LBE) que redujo las prestaciones

por desempleo cayendo la cobertura de un 46,4% en 1981 a un 26,30% en 1984, aunque

el número de desempleados se duplicase en ese periodo.

La UCD se despide del Gobierno de España con el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)

de 1981, suscrito por el Gobierno, la CEOE, UGT y CCOO. Este acuerdo sienta las

bases para la política económica de ese año y del siguiente marcando pautas de

moderación salarial, aceptándose incrementos salariales por debajo de la inflación.

Trajo, así mismo, nuevas formas de contratación laboral destinadas a jóvenes sin primer

empleo.

Las reformas del PSOE: del Estado del Bienestar al Bienestar del

Estado

El PSOE abandonó casi de inmediato sus promesas electorales de creación de empleo y

apoyo al trabajo fijo convirtiendo la contratación temporal en el eje de su política de

empleo.

Comienza su andadura el Gobierno del PSOE firmando junto con UGT, CEOE y

CC.OO. el Acuerdo Interconfederal (AI) en 1983. Nuevamente moderación salarial y

sustitución de antiguos derechos laborales en los convenios. Posteriormente se aprueba

el Real Decreto 2317/1983 mediante el que se regulan los contratos en prácticas, de

aprendizaje y los contratos a tiempo parcial. En 1984 se firma por parte de UGT, CEOE

y CEPYME el Acuerdo Económico y Social (AES) donde se fijan las pautas de

negociación colectiva.

REFORMA DEL E.T. (1984)

En el ecuador de su mandato, y con las dificultades de una crisis económica que

arrojaba la escalofriante cifra de 3 millones de parados, el Gobierno del PSOE procede a

reformar el ET. Con la excusa de adecuar la legislación española a Europa y con la

moraleja de que “más vale tener un empleo con pocos o ningún derecho que no tener

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