LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL. UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL. UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

Javier Mendoza Alca(*)

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CRITERIO DEL AUTOR

El autor destaca la importancia del procedimiento de terminación [pic 1]anticipada[pic 2] del juicio oral (regulado en el artículo 5 de la Ley Nº 28122) como mecanismo de simplificación y descarga procesal penal, que, a la vez, es respetuoso de los derechos y garantías de las partes involucradas. En ese sentido, aborda, entre otros aspectos, sus características principales (como acto unilateral, expreso, formal, voluntario, de naturaleza dispositiva), sus formas de configuración (conformidad total o parcial, y absoluta o relativa), sus diferencias con la atenuante de confesión sincera y sus efectos en el quantum de la pena, así como el interesante caso en que un acusado sometido previamente al procedimiento de conformidad, declara en el juicio oral de su coacusado.

SUMARIO: I. Introducción. II. Los mecanismos de simplificación procesal penal. III. [pic 3]Conclusión[pic 4] [pic 5]anticipada[pic 6] de la instrucción y del juicio oral. IV. La conformidad o [pic 7]conclusión[pic 8] [pic 9]anticipada[pic 10] del juicio oral. V. Algunos aspectos procesales.

I.INTRODUCCIÓN

Es innegable reconocer que en la actualidad nuestro sistema de administración de justicia penal viene atravesando por una de sus mayores crisis, la cual se expresa principalmente en la sobrecarga procesal y la subsecuente demora en la tramitación de los procesos, existiendo una percepción general de la ciudadanía de que el sistema penal es lento e ineficiente.

Consideramos que el origen de dicha situación radica en el propio modelo y diseño procesal acogido por las normas procesales que han venido rigiendo en nuestro país desde mediados del siglo pasado, es decir, por el Código de Procedimientos Penales de 1940 –en adelante CPP 1940 (que regula el proceso penal ordinario de tendencia mixta) y el Decreto Legislativo N°(que regula el proceso penal sumario de tendencia inquisitiva)–, los que además de privilegiar la escrituralidad y el burocratismo procesal, despojan al proceso penal de su función social y legitimadora, concibiéndolo más bien como una mera secuencia de actos procesales formales, que tiene como objetivo “descubrir la verdad y aplicar la ley penal a través de la sentencia”, dejando muchas veces de lado la satisfacción de los intereses del imputado, de la víctima y de la sociedad.

Como sabemos, la reforma procesal penal iniciada en Latinoamérica hace ya varios años busca implementar códigos procesales modernos basados en el sistema acusatorio-garantista, lo que implica diseñar estructuras procesales que delimiten claramente las funciones que competen al órgano investigador y juzgador, establecer los derechos del imputado incurso en un proceso, así como garantizar la participación y derechos de la víctima del delito, principios que en su mayoría han sido recogidos en el Código Procesal Penal de 2004 –en adelante CPP 2004–.

Asimismo, considero que el cambio o transición de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio garantista, implica concebir una nueva función del proceso penal, que, más allá de la automática secuencia de actos procesales, privilegie también los legítimos intereses de las partes en conflicto, así: “La función del nuevo diseño procesal penal peruano busca la redefinición del conflicto producido por la comisión del hecho que constituye delito, tal redefinición del conflicto no se orienta solo a la imposición de condenas sino también a la aplicación de herramientas alternativas para la resolución de conflictos (…)”(1).

En efecto, dicha concepción resulta acorde con la cada vez mayor utilización de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal (principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminación [pic 11]anticipada[pic 12], etc.), instituciones de marcada influencia norteamericana que buscan dotar de mayor eficiencia y dinamismo al sistema penal.

Reyna Alfaro considera que la sensación y percepción de ineficacia del sistema de administración de justicia se incrementa a partir del análisis de los costos que implica una causa judicial, situación que se agudiza si tenemos en cuenta que los recursos destinados a favor del sistema de justicia resultan limitados(2). En tal sentido, consideramos que la progresiva implementación del CPP 2004 en nuestro país involucra no solo un cambio normativo, sino principalmente una reforma cultural respecto a la forma de trabajo de los operadores del sistema de justicia penal (jueces, fiscales, abogados, auxiliares de justicia, policías, etc.), pues partiendo del mencionado criterio económico y de la nueva orientación del proceso penal, la satisfacción de los intereses del imputado, de la víctima y de la sociedad en general, no siempre se consigue con el desarrollo íntegro del proceso penal, sino más bien con la aplicación de los mecanismos de simplificación procesal, entre ellos, la conformidad o [pic 13]conclusión[pic 14] [pic 15]anticipada[pic 16] del juicio oral.

En nuestro país, la [pic 17]conclusión[pic 18] [pic 19]anticipada[pic 20] del juicio oral fue incorporada durante el periodo de transición y reforma penal a través de la Ley Nº28122, del 16 de diciembre de 2003, teniendo como sustento las deficiencias y excesivo formalismo del sistema de administración de justicia, la falta de celeridad y la ausencia de un Código Procesal Penal moderno de tendencia acusatoria, que estableciera fórmulas de aceleramiento o simplificación procesal.

Este mecanismo fue implementado con la finalidad de simplificar los procesos penales ordinarios, evitando el desarrollo innecesario del juicio oral cuando existiera conformidad del imputado con la acusación fiscal, teniendo como consecuencia la finalización del proceso con una decisión de fondo con carácter de cosa juzgada, institución que debido a su importancia también ha sido acogida en el artículo 372 CPP 2004.

Sin embargo, al haberse producido algunos problemas interpretativos en la aplicación de la Ley N°las Salas Penales de la Corte Suprema han emitido hasta el momento tres pronunciamientos de obligatorio cumplimiento: las ejecutorias supremas recaídas en el R.N. Nºdel 21 de setiembre de 2004, y en el R.N. N°del 12 de julio de 2005, así como el Acuerdo Plenario N° del 18 de julio de 2008, cuyos extremos más importantes serán comentados en el presente trabajo.

II.LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL PENAL

La reforma procesal penal se sustenta, entre otros, en el principio económico de la escasez. En efecto, si el Estado cuenta con recursos limitados, dichos bienes y servicios deben ser gestionados en forma eficiente a fin de satisfacer las necesidades ciudadanas. De igual modo, los recursos de los que dispone el sistema de justicia penal deben ser utilizados de tal forma que garanticen una respuesta oportuna a los justiciables y la solución del conflicto generado por el delito.

En tal sentido, Ramos Dávila señala que el sistema no puede investigar todas las denuncias que recibe, y de todas las causas que ingresan al sistema, solo un porcentaje muy reducido debe llegar al juicio oral(3), lo que justifica la utilización de salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal, como manifestaciones del principio de oportunidad.

El sistema jurídico romano-germánico o europeo-continental –que comprende a su vez al ordenamiento peruano– tiene como punto de partida el principio de legalidad, es decir, la obligación estatal de perseguir, procesar y sancionar todas las conductas punibles acaecidas en su territorio.

Sin embargo, frente a los problemas de excesivo formalismo y sobrecarga procesal, las modernas tendencias de política criminal influidas por el Derecho anglosajón incentivan cada vez más la utilización de técnicas de negociación penal y formas de simplificación procesal, promoviendo en definitiva una mayor celeridad procesal y aliviando el trabajo a los órganos del sistema de justicia.

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