La Independencia Y El Sistema Educativo Mexicano

La independencia y el sistema educativo mexicano

En el periodo post independentista, el sistema educativo no cambio significativamente, las dificultades que enfrentaba la recién establecida nación mexicana fueron un factor definitivo en el estancamiento al momento de proponer, establecer y desarrollar un sistema educativo nacional.

La corriente liberal que habían accedido al poder una vez concluido el movimiento que dio independencia al país, propuso en 1833 una reforma liberal que proponía suprimir la participación de la iglesia en la educación, propuesta que no fue bien vista por los sectores conservadores de la población y como consecuencia esta idea se abandonó al año siguiente.

Durante este periodo la educación en México sufrió un severo estancamiento pues el desarrollo de las instituciones nacientes se vio relegado por los intereses político-militares emanados de los diferentes conflictos armados que se vivieron en la segunda mitad del siglo XIX.

El primer cambio radical que sufrió el sistema educativo del México independiente se consolidó hasta 1867 cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, durante los inicios del gobierno de Benito Juárez. Los aspectos a destacar de esta ley se enlistan a continuación:

Se otorgó el carácter de gratuidad y obligatoriedad a la educación primaria (lo cual abrió por primera vez la educación a los sectores más pobres de la población)

Se creó la Escuela de Estudios Preparatorios (institución educativa fundamentada en la corriente positivista), la cual tiene como encomienda el dotar de una base homogénea de conocimientos a los aspirantes a la educación profesional.

En resumen, esta ley fue la primera propuesta unificadora de la educación, concebido en el nuevo gobierno liberal, excluyendo a la religión de los planes de estudio y otorgando el carácter de laica a la educación ofertada por las instituciones oficiales; sin embargo las bondades de esta ley solo aplicaban en lo que refería a los territorios considerados federales incluyendo la capital del país, pero esta primera ley tuvo un gran impacto al momento de redactar las correspondientes leyes de educación en los diferentes estados de la República Mexicana.

A partir de la ley de 1867 en materia de educación, la infraestructura educativa contó con 4 570 escuelas en 1870, contrastando con las 2 424 que existían en 1857. Sin embargo el reto educativo seguía caminos sinuosos, ya que según estadísticas solamente el 19,4% de la población infantil asistía a alguna escuela.

Durante el porfiriato, el sistema educativo mexicano sufrió los embates de un gobierno centralista, el cual restaba capacidad de desarrollo a las instituciones educativas estatales por falta de financiamiento y la ausencia de una política nacional que fomentara el crecimiento y consolidación de un sistema auténticamente nacional.

Durante la gestión de Joaquín Baranda como Ministro de Justicia e Instrucción Pública se logró consolidar un proyecto “nacional”, el cual estableció la creación de cuatro escuelas normales que se sumaron a cuatro ya existentes y que se ubicaban en diferentes estados del país; destacando la Escuela Normal Nacional que desde sus inicios tuvo la facultad exclusiva de otorgar títulos para la enseñanza. Si bien durante este periodo hubo un evidente crecimiento y mejoramiento del sistema educativo “nacional”, el desarrollo del mismo en un gobierno centralista y la poca penetración de las modificaciones en los estados, contribuyó muy poco a dar el carácter auténticamente nacional a los programas desarrollados, pues como en el caso de la ley liberal de educación de 1867 solo aplicó en los territorio federales y la capital de país. Con este hecho, se beneficia nuevamente a solo un sector de la población, diezmando la capacidad de desarrollo de los estados y se ignora nuevamente a la

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