Teoria Neoclasica

La Justicia tocó fondo. Los colombianos ya no se sorprenden al ver los distintos escándalos que involucran a los más conspicuos representantes de la rama judicial. Carruseles de pensiones millonarias en las altas cortes, cartel de jueces que negocian fallos, luchas a muerte para no jubilarse, c

lientelismo judicial, y cruce de favores componen el abanico de episodios con el que semanalmente se deleitan los medios.

El último dejó al país aún más perplejo. Noticias Uno reveló una grabación en la cual el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga conversaba con un coronel detenido por la muerte de 12 personas relacionadas con los macabros falsos positivos. La sala disciplinaria, de la que hace parte Villarraga, debía resolver si al uniformado lo juzga la Justicia militar o la ordinaria.

En las grabaciones, el coronel habla de “400 para el magistrado”, lo cual se ha interpretado como un supuesto pago de 400 millones de pesos. Y como si eso fuera poco se escucha a Villarraga pedirle al coronel que le ayude para que no registren sus entradas a la base castrense.

Más allá de si le pagaron o no, el hecho de que el magistrado entre clandestinamente para reunirse con una de las partes interesadas en el caso, deja en evidencia el talante de lo que está en juego en la cúspide de la Justicia.

Es claro que la Justicia colombiana tiene unos problemas estructurales que vienen de tiempo atrás: la fragilidad de la Justicia regional, la desigualdad salarial, los altos índices de impunidad, la ineficiencia, la corrupción y la politización. Lo que no se había visto es que salpicara de manera tan escandalosa y recurrente a miembros de las altas cortes.

Históricamente, estas cortes tenían una majestad, estaban integradas por respetados juristas y se encontraban relativamente blindadas frente a la seducción del dinero fácil, los muñequeos por los puestos o las presiones políticas.

En algunos momentos, incluso, algunas cortes se convirtieron en un referente ético o filosófico para los colombianos, como ocurrió con la Corte Suprema que murió en el holocausto del Palacio de Justica, la Corte Constitucional en la década de los noventa o la Corte Suprema que enfrentó los tentáculos de la parapolítica. Esos momentos de gloria en la cúspide de la Justicia son cosa del pasado.

¿Por qué se llegó tan lejos? ¿En que momento se jodió la Justicia?

Hay cierta unanimidad, incluso en las propias cortes, en la necesidad de corregir una arquitectura que quedó mal planteada en la Constitución de 1991.

El primer pecado es haberle dado a las altas corte funciones electorales, es decir, participar en la elección del fiscal, el procurador, el contralor y el registrador. Si bien las intenciones de los constituyentes eran razonables, pues querían ponerle contrapesos al poder presidencial, con lo que no contaron fue con que los políticos se volcaran a tomarse esa renovada rama judicial.

El poder de la rama judicial, más allá del poder ‘divino’ de dictar sentencias, es un gigantesco poder burocrático. La rama tiene 5.000 jueces y cerca de 1.000 de ellos son de libre nombramiento que ganan entre 6 y 8 millones de pesos. Cada juzgado tiene seis empleados. “Así las cosas, más poder tiene un magistrado de tribunal al que le den dos o tres juzgados que el alcalde de Abriaquí”, explica un conocedor.

Este sistema perverso ha hecho que la movilidad en la rama solo se produzca través de pactos de favores. Brillantes juristas que antes, por derecho propio, tenían garantizado su cupo en los altos tribunales hoy están en vías de extinción. El criterio político doblegó al jurídico. Y los magistrados, que antes hablaban solo a través de sus fallos, hoy le dedican más tiempo a la componenda y a los cálculos políticos.

Luis Fernando Uribe, uno de los magistrados que sobrevivieron al asalto del Palacio de Justicia, quien fue elegido presidente de esa Corte Suprema convaleciente, decía que la Justicia era “la rama seca del poder público. Y por eso ardió tan fácil”. Ahora, por el contrario, es considerada por algunos como el más poderoso partido político.

Y el segundo pecado, tal vez el más grave en esta coyuntura, es el origen político del Consejo

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