Ejecucion De Resoluciones Judiciales

DEDICATORIA

 Al creador del universo, Dios, nuestro Señor y salvador por permitirnos culminar de manera progresiva el desarrollo de esta investigación.

 A nuestros padres que con esfuerzo y dedicación nos han comprendido y apoyado en la realización del presente trabajo

 A la Universidad César Vallejo, a la Escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas y cada uno de sus docentes, forjadores de nuestra formación profesional.

AGRADECIMIENTO

 A nuestros padres y hermanos por confiar en nosotros, en forma generosa y altruista; nos han brindado su apoyo espiritual, moral y material en la culminación del presente trabajo.

 Al docente que designó el trabajo, ya que por medio de sus conocimientos y experiencia van enriqueciendo nuestra formación profesional.

ÍNDICE

DEDICATORIA…………………………………………………..………….…… 2

AGRADECIMIENTO…………………………………………….……………… 3

INDRODUCCIÓN………………………………………………...……. 7

CAPÍTULO I: EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES.. 9

1.1 CONFIGURACION DEL PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES Y OTROS TITULOS DE EJECUCION. ….…………………………………….… 10

1.2 LIMITES DE LA EJECUCION DE SENTENCIA…………………………….. 23

1.3 LEGITIMACION EN EL PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS TITULOS DE EJECUCION……………………….. 26

1.4 MANDATO DE EJECUCION………………………………………………….. 30

1.5 EJECUCIÓN DE TITULO QUE CONDENA AL PAGO DE SUMA LIQUIDA….30

1.6 EJECUCION DE TITULO QUE CONDENA AL PAGO DE SUMA ILIQUIDA…31

1.7 EJECUCION DE TITULO QUE CONDENA A DAR………………………… 34

1.8 EJECUCION DE TITULO QUE CONDENA A HACER…………………….. 36

1.9 EJECUCION DE TITULO QUE CONDENA A NO HACER………………… 40

1.10 PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS…………………………………………..…….. 46

CAPÍTULO II: EJECUCIÓN DE GARANTIAS

2.1 CONCEPTO

2.2 PROCEDENCIA

2.3 MANDATO DEEJECUCIÓN

2.4 CONTRADICCIÓN

2.5 ORDEN DE REMATE

2.6 SALDO DEUDOR

CAPÍTULO III: “LA EJECUCIÓN FORZADA”

3.1 CONCEPTO

3.2 PRINCIPIOS QUE DEBEN ORIENTAR

3.3 LIMITES

3.4 OBJETO

3.4.1 El señalamiento de bien libre de gravamen

3.4.2 La tercería de propiedad

3.5 PRESUPUESTOS DE LA EJECUCION FORZADA

3.6 FORMAS DE EJECUCIÓN FORZADA EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

3.7 LA TASACION

3.7.1 Significado

3.7.2 La resolución que ordena la tasación

3.7.3 Prescindencia de la tasación

3.7.4 Observación, aprobación y desaprobación de la tasación

3.8 EL REMATE O SUBASTA O VENTA FORZADA

3.8.1 Definición

3.8.2 Naturaleza Jurídica

3.8.3 Características

3.8.4 Fases

3.8.5 Requisitos

3.8.6 Convocatoria

3.8.7 Contenido del auto que ordena el remate o subasta

3.8.8 Remate o subasta a cargo del Juez

3.8.9 Remate o subasta a cargo de martillero público

3.8.10 Publicidad del remate o subasta

3.9 LA ADJUDICACION EN PAGO O ASIGNACION FORZADA

3.10 EL PAGO A LOS EJECUTANTES O ACREEDORES CONCURRENTES

3.10.1 Generalidades

3.10.2 Liquidación del pago

3.10.3 Pago al ejecutante

3.10.4 Pago a los acreedores concurrentes

3.10.5 La tercería de derecho preferente

3.8.11 Los postores y las posturas en el remate o subasta

3.8.12 Personas impedidas de adquirir derechos reales por subasta pública

3.8.13 Reglas comunes al remate

3.8.14 Acto del remate o subasta

3.8.15 El acta del remate

3.8.16 Frustración del remate o subasta

3.8.17 Nuevas convocatorias a remate por falta de postores

3.8.18 Nulidad del remate o subasta

3.8.19 Aprobación del remate

3.8.20 Adquisición del bien rematado por el postor

3.8.21 Transferencia de bien Inmueble y destino del dinero obtenido

3.8.22 Transferencia de bien mueble y destino del dinero obtenido

3.8.23 Eficacia de la venta o asignación forzada

3.11 IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO EN LA EJECUCION FORZADA

3.12 CONCLUSION DE LA EJECUCION FORZADA

CONCLUSIONES…………………………………………………… 67

RECOMENDACIONES……………………………………………… 68

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………… 69

LINKOGRAFÍA……………………………….……………………… 70

ANEXO………………………………………………………………… 72

INTRODUCCIÓN

La Constitución establece en su artículo 139° los principios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando en el inciso 3) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Dentro de los derechos que forman parte del genérico derecho a la tutela procesal efectiva se encuentra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes a las que les alcanza además la garantía político-jurídica de la cosa juzgada.

Así una cosa es el derecho a la ejecución de las sentencias y otra distinta la garantía de la cosa juzgada que tiene, entre sus consecuencias prácticas: a) la inmutabilidad de las decisiones judiciales firmes; b) la imposibilidad de revivir procesos ya decididos por los órganos judiciales; c) la exigencia de cumplimiento de lo resuelto en forma definitiva; d) la prohibición de que las autoridades judiciales o cualquier poder externo al Poder Judicial pueda interferir o retardar la ejecución de lo resuelto de manera definitiva por el poder jurisdiccional de los jueces. En tal sentido, el segundo párrafo del inciso 2) del referido artículo hace referencia también a tal derecho al establecer como ya ha quedado precisado, la prohibición de que los poderes públicos puedan, dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni retardar su ejecución.

Por su parte el Código Procesal Constitucional también consagra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva cuando en el tercer párrafo de su artículo 4° prescribe que “se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo sus derechos a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales”.

El derecho a la ejecución de resoluciones ha sido comprendido como parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal.

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. En esta misma línea de razonamiento hemos precisado que, “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que, “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución”

CAPÍTULO I: PROCESO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

1.10 CONFIGURACION DEL PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES Y OTROS TITULOS DE EJECUCION.

Sobre el particular, Juan Pedro Zeballos refiere que: “La acción ejecutoria deriva, normalmente, de una sentencia de condena, o excepcionalmente se acuerda a ciertos títulos que la ley asimila a los efectos procesales a la sentencia de condena”.

En suma, la especial energía procesal de la acción ejecutoria proviene, o bien de que la tutela jurisdiccional cumple su recorrido completo: conocimiento pleno y luego ejecución, o bien, sin que haya existido un previo proceso de conocimiento, de que la ley quiere acordar una excepcional protección a ciertos créditos por la especial certidumbre de que están revestidos .

Máximo Castro señala al respeto que la ejecución de sentencia es “ un procedimiento breve y sumario, mediante el cual, sin entrar a discutir los puntos fundamentales del pleito, se obliga

...