ADMINISTRACION PUBLICA

Act 3 : Reconocimiento Unidad I

Estimado estudiante, esta actividad ha sido diseñada para verificar los conocimientos que posees sobre los temas del curso, así como para verificar la existencia de algunos conocimientos mínimos que debes mantener en tu estructura mental de saberes para que se facilite el proceso de aprendizaje.

La actividad se ha diseñado para que se revisen algunos conocimientos específicos que ayudarán al desarrollo del estudio y se han propuesto algunos contenidos en esta lección para que complementes los mismos.

la actividad es Evaluativa y de refuerzo, por lo tanto recuerda que debes leer cuidadosamente y posteriormente responder preguntas para seguir adelante. Su puntaje máximo es de 10 puntos / 500 totales del curso. Tienes 60 minutos para desarrollar la actividad

Animo y adelante con tu estudio y con tu proceso de aprendizaje.

OJO : Antes de ingresar al cuestionario debes hacer Clik en el enlace para que leas el contenido y de alli puedas responder las preguntas generadas en el quiz.

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Politica y administración

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN[1]

Si analizamos la organización de cualquier gobierno concreto, descubriremos que existen tres tipos de autoridades que se dedican a ejecutar la voluntad del Estado. Son, en primer lugar, las autoridades que aplican la ley en casos concretos, cuando surgen controversias causadas por ciudadanos privados o autoridades públicas que no observaron lo derechos de los demás. A tales autoridades se les conoce como autoridades judiciales. Vienen en segundo lugar las autoridades encargadas de supervisar que se cumpla la voluntad del Estado, a las que se suele llamar autoridades ejecutivas. Por último, ahí están las autoridades que atienden a las actividades científicas, técnicas y, por decirlo así, comerciales del gobierno, y que en todos los países en que tales actividades han cobrado importancia se conocen como autoridades administrativas.

Conforme el gobierno se vuelve más complejo, estas tres autoridades, todas las cuales se dedican a que se cumpla la voluntad del Estado, tienden a diferenciarse cada vez más. Las primeras en distinguirse fueron las autoridades judiciales, y su diferenciación no sólo es la primera en el tiempo; también es la más clara. De hecho, es tan clara en algunos ejemplos que ha llevado a muchos estudiosos, como ya se ha señalado, a considerar la actividad de las autoridades judiciales como un poder o una función del gobierno por separado.

Ya se ha dicho bastante, según se cree, para mostrar que hay dos funciones distintas del gobierno, y que su diferenciación resulta en otra distinción (aunque menos completa) de los órganos del gobierno pueden designarse, por conveniencia, respectivamente como Política y Administración. La política se relaciona con las expresiones de la voluntad del Estado. La administración se relaciona con la puesta en práctica de esas medidas.

Desde luego, es verdad que el significado que aquí se atribuye a la palabra “política” no es el que le han atribuido casi todos los que escriben sobre política. Al mismo tiempo, se presupone que el sentido en que aquí se emplea “política” es aquel en que lo emplea la mayoría de la gente en cuestiones ordinarias. De este modo, el diccionario Century define a la “política” como:

En el sentido más restringido y habitual, el acto o vocación de guiar o influir las políticas de un gobierno mediante la organización de un partido entre sus ciudadanos, lo que incluye, por tanto, no sólo la ética del gobierno sino, más especialmente y a menudo con exclusión de principios éticos, el arte de influir sobre la opinión pública, atraer y conservar a los votantes y obtener y distribuir un patrocinio público, en la medida en que la posesión de los cargos pueda depender de las opiniones políticas o de los servicios políticos de los ciudadanos.

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[1] Tomado de Clásicos de la Administración Pública. SHAFRITZ, Jay y HYDE, Albet.C. México D.F. México. Fondo de Cultura Económica 1999. P. 97 a 102. Cita el original: Frank J Goodnow. Politics and Administration: A Estudy in Government, Naw York, Russell an Russell, 1900, pp. 17 – 26.

Evolución del pensamiento administrativo público

EL GOBIERNO EN ACCIÓN[1]

El objetivo de la presente investigación es destacar la importancia del estudio del ejecutivo a partir de su oposición histórica con el legislativo. El título de esta investigación tiene como referencia el concepto de Woodrow Wilson, en el sentido de que la administración pública es el gobierno en acción. Decir que la administración pública es el gobierno en acción, es subrayar la función del ejecutivo como fuerza suprema actuante y permanente de la decisión estatal, pero esta fuerza no se sustrae a la lucha histórica que ha sostenido frente al legislativo.

La institución del ejecutivo tiene su origen en el advenimiento de la monarquía absoluta, donde la unidad de mando, la centralización administrativa y la estructura unitaria del poder, constituyen la base del ejercicio del poder político del monarca. Pero las facultades del ejecutivo moderno se remontan al despotismo oriental y son asimiladas por la monarquía absoluta.

La fuerza del ejecutivo durante la monarquía absoluta es mermada en la fase de la república parlamentaria. En efecto, con el triunfo del legislativo parlamentario sobre el ejecutivo regio, la clase capitalista asume la dirección política del Estado y, sobre la base de la ideología liberal, difunde y ramifica su proyecto de dominación en el seno de la sociedad civil, implantando su hegemonía de clase. En la república parlamentaria el ejecutivo pierde fuerza porque, ante los intereses de la clase capitalista, es un poder que ha dejado de inspirar seguridad para el ejercicio de su dominio de clase. En esta situación, el ejecutivo es debilitado y consiguientemente anulado de la escena política y, de ser la instancia única que formula y decide el rumbo de la sociedad, pasa al segundo plano como instancia a la cual corresponde concretar la voluntad del parlamento.

En este sentido, el parlamento se erige como el centro de la decisión política y una vez que la monarquía absoluta y las rémoras feudales sucumben ante el impacto de la revolución política, el ejecutivo queda subordinado al parlamento y las funciones que le corresponde desempeñar se circunscriben a garantizar el orden y la seguridad de la sociedad civil. Con esto se restringe el ámbito de acción del ejecutivo y se amplía el del parlamento, a efecto de que la clase capitalista tenga espacio para extender y consolidar su dominación política, así como su poder económico.

De este modo, el parlamento, como unidad política de la clase capitalista, hace del Estado liberal un Estado de clase; con ello, la burguesía crea su propia organización estatal para asegurar su dominación sobre las clases asalariadas. El Estado liberal gobierna en nombre el “interés general”, no para suprimir las condiciones injustas de la sociedad civil, sino para equiparar en el plano formal a los individuos privados. Corresponde al Estado liberal suprimir los privilegios de clase, ya que el capitalismo, como modo de producción, no puede subsistir ni desarrollarse sin individuos libres, porque de ser así el intercambio mercantil no estaría asegurado. Con el Estado liberal, la sociedad deja de ser de carácter político y se transforma en un ente civil; esto significa que la división del Estado y la sociedad, iniciada en tiempos de la monarquía absoluta, viene a consolidarse en la etapa dominante de la república parlamentaria.

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[1] Ricardo UVALLE BERRONES. El gobierno en acción. La formación del régimen presidencial de la administración pública. Introducción. México D.F Fondo de Cultura Económica. 1984. Páginas 19 a la 25.

Evolución del pensamiento administrativo público

Al separarse el Estado y la sociedad, la clase capitalista proclama los derechos del hombre y define el espacio que les corresponde, es decir, la sociedad civil. Así, libertad, igualdad, seguridad y propiedad, como derechos del individuo, son consustanciales a la vida privada, y la función del Estado es reproducir y salvaguardar estos derechos. Paralelamente a los derechos del hombre se instituyen bajo el amparo del Estado los derechos del ciudadano, los cuales, con carácter público, comprenden el sufragio universal, la elección a los cargos de representación, la participación en los procesos políticos y el ejercicio de la “democracia”. Así pues, la clase capitalista sobre la nobleza cortesana, la aristocracia feudal y el conjunto de las clases dominadas. En suma, el esquema del liberalismo resalta el triunfo del parlamento sobre el ejecutivo, distingue el Estado y la sociedad y garantiza la dominación de la clase capitalista.

Sin embargo, el auge del parlamento sobre el ejecutivo deviene una deformación histórica cuando en los marcos del régimen presidencial el mismo ejecutivo se encuentra formalmente debilitado ante el legislativo y la vida política es alterada porque la dirección del Estado y el manejo de la administración pública no recaen en un gobierno parlamentario sino en el congresional. El gobierno congresional consiste en el predominio constitucional del legislativo sobre el ejecutivo, a pesar de que las condiciones políticas y económicas

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